Política

¿TransMilenio a costa del carro particular? | Cundinamarca pagaría pico y placa solidario para financiar el sistema de transporte

El proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo le permite a la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, establecer un pico y placa regional y cobrarle a la gente para que pueda sacar el carro. Los recursos serían para financiar a TransMilenio.

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Foto Guillermo Torres Reina / Semana
El Plan Nacional de Desarrollo le daría facultades a la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca para que establezca un pico y placa solidario para obtener recursos para la financiación de TransMilenio. | Foto: Guillermo Torres

Si usted vive en los municipios aledaños a Bogotá, que podrían llegar a ser parte de la Región Metropolitana, alístese, porque no podría usar el carro cuando quiera y para hacerlo tendría que empezar a pagar por el pico y placa solidario, tal cual y como sucede hoy en día en la capital del país para poder movilizarse en los días de restricción.

Todo esto obedece a que el gobierno del presidente Gustavo Petro, incluyó en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo que se radicó en el Congreso de la República, el artículo 139 numeral 5, que contempla la posibilidad de que la Región Metropolitana, que fue creada recientemente entre Bogotá y Cundinamarca, tenga un pico y placa solidario ampliado en todo el departamento y que los recursos que se recauden vayan dirigidos a un Fondo de Estabilización Tarifaria Regional, es decir, a la financiación de los sistemas de transporte masivo, en este caso, TransMilenio.

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La Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca podría establecer un pico y placa solidario para obtener recursos para la financiación de TransMilenio. | Foto: Nicolas Linares

La propuesta no cayó nada bien en el Concejo de Bogotá, en donde se lanzaron voces de rechazo en contra de la medida en caso de que sea aprobada en el Congreso. “El pico y placa solidario se convirtió en una mera estrategia para captar recursos que se van a un costal roto. Ya no solo nos conformamos con tener un sistema de transporte insuficiente y quebrado en la ciudad, sino que vamos a montar uno igualito a nivel regional, exportando la desfinanciación del TransMilenio a Cundinamarca”, aseguró el concejal por el partido Nuevo Liberalismo, Juan Baena.

De acuerdo con el cabildante, “la Secretaría de Movilidad de Bogotá se convirtió en una vendedora de permisos para salvar el TransMilenio, desdibujando la misión original del pico y placa: generar alivios ambientales y descongestión vehicular”.

Lo que no se explica el concejal Baena, es por qué los dueños de los carros particulares van a ser los que terminen pagando los platos rotos del déficit de financiación de los sistemas de transporte masivo como TransMilenio.

“¿Es justo que los usuarios de vehículos particulares sean los encargados de pagar la deuda del TransMilenio en lugar de usar esos recursos en arreglar la malla vial que se encuentra en pésimo estado, en mitigar el daño ambiental o en ampliar la infraestructura vial?”, cuestionó Baena.

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en la audiencia pública de la Región Metropolitana.
El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en la audiencia pública de la Región Metropolitana. | Foto: Alcaldía de Bogotá

Vale mencionar que según la normatividad vigente, los recursos recaudados por el permiso especial de circulación o “pico y placa solidario” estarán dirigidos en su totalidad a la financiación del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), para cubrir la diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa cobrada al usuario dentro del Sistema de Transporte Masivo de Bogotá.

“Transporte masivo, incluye metro, SITP, Transmilenio, Regiotram, cables, entre otros. Sin embargo, como los proyectos de movilidad van a paso de tortuga, mientras no haya Metro, todos los recursos del FET se van para TransMilenio y su gran déficit presupuestal”, comentó Baena.

La gran alerta del caso, es que el fondo de estabilización tarifaria de TransMilenio se ha convertido en una especie de saco roto, pues año a año requiere millonarios recursos y aun así el sistema sigue operando a pérdidas.

Juan Baena, concejal de Bogotá por el Nuevo Liberalismo.
Juan Baena, concejal de Bogotá por el Nuevo Liberalismo. | Foto: Concejo de Bogotá

“En los últimos cuatro años se han destinado del presupuesto de la ciudad más 10 billones para TransMilenio, además de los 1.15 billones que se dieron en pandemia por rescate social y, como si fuera poco, TransMilenio también absorbe las otras formas de financiación del FET incluyendo el “Pico y Placa Solidario”. Nada más el año pasado, fueron destinados 218 mil millones de pico y placa solidario para el FET”, puntualizó Baena.

Impuesto predial: propietarios en Bogotá y Cundinamarca pagarían mucho más y los recursos también se destinarían a TransMilenio

La polémica por el artículo del Plan Nacional de Desarrollo no solo se detiene en la posibilidad de establecer un pico y placa solidario en la región para obtener recursos para TransMilenio, sino que va más allá y abre la puerta a que se cobre mucho más por el impuesto predial con el objetivo de recaudar más dinero para lograr una mayor financiación del sistema de transporte masivo.

Movilidad en Bogotá en la primera semana de pico y placa todo el dia
El Plan Nacional de Desarrollo autorizaría a los municipios y a las áreas o regiones metropolitanas, como la que se creó recientemente entre Bogotá y Cundinamarca, para establecer una sobretasa en el impuesto predial unificado. | Foto: Guillermo Torres /Semana

El objetivo de que la región metropolitana pueda establecer esta sobretasa al impuesto predial es recaudar recursos para la sostenibilidad de los sistemas de transporte público, que para el caso actual de la región de Bogotá - Cundinamarca, sería para TransMilenio, mientras se construyen los regiotram y las líneas de metro.

El artículo 139 del proyecto de ley permitiría dirigir estos recursos para cubrir el déficit del Fondo de Estabilización Tarifaria de la ciudad:

“Las autoridades de los departamentos, municipios, distritos o áreas metropolitanas podrán aportar recursos propios, y recursos de capital para la sostenibilidad de los sistemas de transporte público. Para estos efectos, las entidades territoriales podrán comprometer un porcentaje del recaudo del impuesto predial unificado o establecer una sobretasa sobre el impuesto predial unificado liquidado para la sostenibilidad de su sistema de transporte público”, dice el proyecto de ley.

El concejal de Bogotá por el Partido Cambio Radical, Rolando González, prendió las alarmas frente a esta propuesta del Plan de Desarrollo. De acuerdo con el cabildante, de llegar aprobarse este artículo, se verían afectados más de 2.740.000 predios, de los cuales el 88 % es de uso residencial.

“Con esta sobretasa, estaríamos golpeando el bolsillo de 1.500.000 hogares ubicados en los estratos 2 y 3, es decir, a las clases medias y bajas, que representa el 62 % del total de inmuebles residenciales en la ciudad”, señaló González.

El concejal de Bogotá Rolando González fue víctima de robo a mano armada.
El concejal de Bogotá, Rolando González, cuestionó este artículo del Plan Nacional de Desarrollo. | Foto: Tomada del Twitter de Rolando González.

El concejal señala que “esta propuesta carece de rigor técnico, no está soportada en las bases del Plan, adicional a eso no tiene en cuenta la capacidad de pago de los bogotanos, es por eso que hacemos un llamado al Congreso de La República para que no le metan mano al predial, afectando el bolsillo de los ciudadanos”.

El cabildante explicó que el impuesto predial es uno de los tributos que más lesiona la capacidad de pago de los bogotanos, quienes cada año se ven afectados por los incrementos paulatinos de los avalúos, incluso en el año 2022, no se alcanzó la meta de recaudo, proyectada en 3.83 billones de pesos.

Ahora, si bien el proyecto no establece el porcentaje de esta sobretasa, o qué propietarios pagarían la misma, González dejó claro que un punto de sobretasa que se ponga sobre el impuesto implica un pago adicional de 20 mil millones para los sectores residenciales y de 13 mil millones para el sector comercial.