Transparencia por Colombia alerta ‘retrocesos’ con la reforma política

En las últimas horas la reforma política fue aprobada en segundo debate en el Congreso. A lo largo de toda la discusión en la plenaria del Senado, desde distintos sectores se han pronunciado sobre lo que consideran que es bueno y malo para el sistema político del país. Desde Transparencia por Colombia habían hecho algunas alertas desde su aprobación en primer debate y que podrían seguir presentes en el resto del trámite.

El organismo se refirió a tres puntos en específico con los que no está de acuerdo. El primero es que podría haber un “retroceso” en la transparencia del financiamiento de los partidos y las campañas, ya que se propone crear un Fondo de Financiación de Campañas y Partidos Políticos, integrado por recursos estatales y privados. Desde Transparencia por Colombia no están de acuerdo con que se entreguen recursos de privados a ese fondo.

“Esta propuesta va en contra de la obligación vigente que tienen todos los financiadores a campañas sobre rendir cuentas sus aportes, tal como lo contempla la ley 1864 de 2016, y pondría en riesgo la transparencia y trazabilidad del financiamiento privado”, dijeron desde la organización.

Reclaman que eso dejaría por fuera de sus obligaciones a las organizaciones políticas y a los candidatos que tienen que rendir cuentas sobre el origen, el monto y la destinación de recursos de las campañas, como sucede actualmente.

Otro de los puntos que alerta Transparencia por Colombia con respecto a la financiación de las campañas es que el congresista no deberá declarar posibles conflictos de interés, porque se supone que ya no hay financiación propia.

“Esta propuesta no solamente es altamente inconveniente para la transparencia de la gestión legislativa, pues avalaría abiertamente que la financiación de campañas sea el criterio preponderante en la actuación de los congresistas por encima de los intereses generales de la sociedad, sino que además sería abiertamente inconstitucional”, manifestaron desde el organismo.

Asimismo, dicen que habría un riesgo en el equilibrio de poderes cuando se quiten algunas inhabilidades de los congresistas, como por ejemplo, que puedan pasar a ser ministros.

Aseguran que eso generaría “un riesgo de intromisión indebida entre poderes públicos al proponer como excepción del sistema de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas su tránsito inmediato al servicio público con tan solo una renuncia al legislativo”.

Desde Transparencia por Colombia consideran que esto podría derivar en una “puerta giratoria” que desdibuje la independencia que debe tener la rama legislativa con el Ejecutivo y ocasionar posibles conflictos de interés en la labor de control político que debe tener el Congreso hacia la Presidencia.

“Si bien en el informe de ponencia de este proyecto de acto legislativo se indica que la propuesta de articulado surge de la acumulación de los tres proyectos ya discutidos el pasado 5 de septiembre, la revisión detallada de su contenido muestra que hay temas que no estaban en ninguno de los otros proyectos, por lo cual desde Transparencia por Colombia hacemos un llamado para que estos puntos sean objeto de una audiencia pública de participación ciudadana”, dijeron desde la entidad.

Sin embargo, eso no se presentó hasta el segundo debate. Las tres alertas que se hicieron en ese momento no fueron solucionadas definitivamente en el segundo debate que acaba de suceder.

El director ejecutivo de la organización, Andrés Hernández, afirmó que estos puntos en el proyecto de reforma política podrían generar un retroceso en la rendición de cuentas en la financiación política y en la transparencia de la actividad legislativa.

“Aún está pendiente ver una apuesta de reforma política que apunte más decididamente a incrementar la transparencia, el fortalecimiento del sistema de partidos y de los órganos electorales y la sanción oportuna por irregularidades en el financiamiento de la política”, afirmó Hernández.

Ahora, el proyecto pasará a debatirse en la Cámara de Representantes donde deberá aprobarse tanto en Comisión Primera como en la plenaria, trámite que tiene que surtir antes del próximo 16 de diciembre para que pueda continuar su tránsito el próximo año.