Transparencia por Colombia prende las alarmas por el “impacto” de la corrupción en el sector de “seguridad y defensa”

SEMANA (S.): ¿qué indica el informe internacional conocido este martes sobre la corrupción?

ANDRÉS HERNÁNDEZ (A. H.): este informe se publica cada año y nos da una fotografía de cómo analistas, expertos y académicos internacionales están viendo a cada uno de los 180 países analizados respecto al nivel de afectación de la corrupción en el sector público. Para este año, la última medición del índice nos muestra que Colombia queda con un puntaje de 39 sobre 100, siendo 0 un país percibido como completamente corrupto y 100 uno percibido como completamente transparente. Cualquier puntaje por debajo de 50 significa que los niveles de corrupción en un país están siendo percibidos como bastante serios.

S.: ¿qué significa para Colombia este puntaje?

A. H.: es el mismo puntaje que venimos recibiendo desde hace tres años. Incluso si hacemos una mirada un poco más amplia, no hemos logrado salir de un rango de entre 36 o 39 puntos, lo cual, de alguna manera, indica que hay un estancamiento en este indicador, el cual nos da un mensaje en el sentido de que se necesitan hacer un esfuerzo muchísimo más preciso, ambicioso y con resultados más claros en materia de corrupción.

S.: ¿a qué se debe este estancamiento?

A. H.: el índice lo que nos estaría mostrando es que persisten unas formas de corrupción que son aquellas que están siendo medidas por el indicador. Por ejemplo, la prevalencia del soborno en transacciones en el ámbito de la contratación pública, de trámites, licencias, pero también algunas fuentes de este indicador nos plantean unos problemas muy serios en materia de sanción efectiva de actos de corrupción, una persistencia de los niveles de corrupción en el sistema político y, por lo tanto, esto requiere una estrategia muchísimo más efectiva que ayude a tener una mirada sobre estas problemáticas y también sobre los impactos que está generando la corrupción.

S.: ¿cuáles son esos impactos?

A. H.: están relacionados con los temas de seguridad y conflicto y con un impacto muy fuerte de la corrupción en el sector defensa y seguridad y uno que sabemos que han tenido los actos de corrupción en todo lo que tiene que ver con la implementación del proceso de paz, en la cual hay unos riesgos que siguen latentes. Y seguimos insistiendo en la necesidad de abordar la corrupción como un crimen que está generando una afectación en derechos humanos, calidad de vida de la gente y en un medio ambiente que se pueda preservar.

S.: ¿es decir que las sanciones que se han aumentado y aprobado en los últimos años no han funcionado?

A. H.: efectivamente nuestra lectura, lo que interpretamos del indicador, es que es importante haber trabajado y haber hecho el esfuerzo sobre leyes y regulaciones, sobre tener instituciones encargadas de estos temas. Eso no lo podemos echar por la borda, pero el mensaje es que necesitamos avanzar mucho más en el nivel de implementación de esas leyes. Muchas de ellas son buenas. Incluso a nivel comparado con América Latina, en Colombia tenemos leyes de acceso a la información pública, un régimen de sanción a personas jurídicas en actos de corrupción. Son normas que están, en principio, bien elaboradas, pero que necesitan todavía un nivel importante de implementación.

S.: ¿y esto de qué depende?

A. H.: primero de una voluntad decidida no solamente del Gobierno, sino de otras entidades que forman parte de esta responsabilidad: los órganos de control, por supuesto, el sistema judicial y también capacidades para poder funcionar. Muchas veces esas leyes vienen con una alta carga de responsabilidad, pero no acompañadas de presupuesto, de personal técnico, de cooperación interinstitucional efectiva y en muchos casos deja por fuera un elemento que es fundamental, que es la recuperación de los recursos que se pierden.

S.: ¿qué casos emblemáticos en el sector de seguridad y defensa se podrían mencionar en este análisis?

A. H.: este análisis viene sobre todo a la luz del contexto internacional que arranca con la invasión de Rusia a Ucrania y que también ha visto una intensificación de conflictos en otras partes del mundo, y esto es muy relevante para Colombia. En el análisis que hizo Transparencia Internacional, los países que tienen peores desempeños en este indicador, también están mostrando mucha fragilidad para enfrentar retos de seguridad y poder abordar desafíos derivados del crimen organizado.

S.: y en el caso de Colombia, ¿esto qué significa?

A. H.: si llevamos eso a Colombia, lo que hemos visto en nuestros análisis de Transparencia por Colombia es que este es un sector que ha tenido muchos retos en materia de corrupción. Hemos visto desvíos en contratación en Fuerzas Militares, hemos visto también desvío de la función como tal de seguridad que termina beneficiando a intereses privados más que al público y eso nos lleva a poner nuevamente la alerta en este sector, junto al contexto que tenemos en el país de apostarle mucho más fuerte a los temas de paz. En este último tema, estos indicadores lo que nos dicen es ‘pilas con el tema de corrupción, no se les puede olvidar, porque si eso se deja de lado, la posibilidad de materializar esos esfuerzos de paz puede verse minada’.

S.: ¿qué se debe hacer para salir de este estancamiento en la lucha contra la corrupción?

A. H.: el problema que tenemos en Colombia en este momento es sistémico. Esto significa que es parte de la forma como nuestro sistema político y constitucional funciona. Lastimosamente, sigue habiendo grietas en algunos casos muy grandes para que esa corrupción se siga moviendo a lo largo de este sistema. Si la corrupción tiene esa característica de afectar y moverse en un sistema, necesitamos respuestas también de manera sistémica. No nos basta con una ley aquí u otra institución allá; tampoco con un caso que sea sancionado. Necesitamos darle una mirada conjunta y esto viene de una estrategia nacional anticorrupción. Hoy en día Colombia no tiene estrategia nacional anticorrupción, a pesar de la grave problemática que estos representa y entonces esto nos da la oportunidad de trazar una estrategia que reúna a diferentes entidades y también interpele e invite al sector privado, a la academia, a los medios de comunicación, a la sociedad civil a que realmente hagamos un esfuerzo conjunto y nos pongamos indicadores muy concretos. Necesitamos avanzar en aquellos sectores en los que la corrupción afecta la calidad de vida, el cierre de brechas de inequidad, los temas de paz y los derechos humanos.