Tras lo dicho por Nicolás Petro, qué suerte le correría al presidente Gustavo Petro si se comprueba que violó los topes electorales

El fiscal Mario Burgos desató una tormenta política al leer, en el marco de la audiencia contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, y de su expareja Day Vásquez, una declaración según la cual el hijo del mandatario aceptó que a la campaña de su padre ingresaron dineros no reportados.

Este es el momento en el que el fiscal Mario Burgos revela que Nicolás Petro reconoció que la campaña presidencial de Gustavo Petro fue financiada con dineros irregulares:

De inmediato surgieron tesis alrededor de cuál debe ser el proceder si se comprueba que la campaña del hoy presidente Gustavo Petro violó las normas electorales. La senadora María Fernanda Cabal aseguró que, tras estas declaraciones de Nicolás Petro, el mandatario pierde su dignidad. “Con estas declaraciones del hijo de Gustavo Petro ante la justicia, el presidente debe renunciar a su dignidad. No es legítimo su ejercicio del poder”, señaló.

La congresista citó el artículo 109 de la Constitución Política de Colombia, que dictamina: “Artículo 109. El Estado concurrirá a la financiación de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, de conformidad con la ley. Las campañas que adelanten los partidos y movimientos con personería jurídica y los grupos significativos de ciudadanos que postulen candidatos serán financiadas con recursos estatales mediante el sistema de reposición por votos depositados. La ley determinará el porcentaje de votación necesario para tener derecho a dicha financiación. También se podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones privadas, de acuerdo con la ley”.

“Las campañas para elegir presidente de la República dispondrán de acceso a un máximo de espacios publicitarios y espacios institucionales de radio y televisión costeados por el Estado, para aquellos candidatos de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos cuya postulación cumpla los requisitos de seriedad que, para el efecto, determine la ley. Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto. Los partidos, movimientos y candidatos deberán rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos”, agrega la carta magna.

“PARÁGRAFO. La financiación anual de los partidos y movimientos políticos con Personería Jurídica ascenderá como mínimo a dos punto siete veces la aportada en el año 2003, manteniendo su valor en el tiempo. La cuantía de la financiación de las campañas de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica será por lo menos tres veces la aportada en el período 1999-2002 en pesos constantes de 2003. Ello incluye el costo del transporte del día de elecciones y el costo de las franquicias de correo hoy financiadas. Las consultas populares internas de los partidos y movimientos que opten por este mecanismo recibirán financiación mediante el sistema de reposición por votos depositados, manteniendo para ello el valor en pesos constantes vigente en el momento de aprobación de este Acto Legislativo. PARÁGRAFO TRANSITORIO. El Congreso reglamentará estas materias. En lo concerniente a las elecciones departamentales y municipales, tal reglamentación deberá estar lista a más tardar tres meses antes de su realización. Si no lo hiciere, el Gobierno Nacional dictará un decreto con fuerza de ley antes del cierre de las inscripciones correspondientes. * Modificado por Acto Legislativo 1/2003″.

Vea aquí la audiencia en vivo:

La congresista resaltó el apartado que establece que “la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo”.

El Consejo Nacional Electoral, a su turno, tiene dispuesto lo siguiente ante los topes electorales: “El que administre los recursos de la campaña electoral que exceda los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa correspondiente al mismo valor de lo excedido e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo”.

Entre el primero de septiembre de 2021 y el 19 de junio de 2022 –época de la campaña– el entonces candidato hizo en total 81 manifestaciones en plaza pública, de las cuales el 48 % fueron en la región Caribe, donde más estuvo y, a juzgar por los datos, donde más dinero se movió.

La fuente de esta estadística son datos procesados por SEMANA a partir las publicaciones en redes de Gustavo Petro. De hecho, los dos primeros eventos grandes realizados por Petro cuando arrancó la campaña fueron en este territorio; el primero en Barranquilla, organizado, entre otros, por el exembajador Armando Benedetti junto con Nicolás Petro, y el otro en Valledupar.

Sin embargo, según los datos reportados por la campaña ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), en el formulario de “Actos públicos” apenas figuran las cuentas de cinco eventos realizados en el Caribe, cuando las propias publicaciones de Petro reflejan que fueron en realidad 37 las manifestaciones en plaza pública en esta región. ¿De dónde salieron los recursos para estas manifestaciones?

Un hecho que ha desatado las suspicacias es que justo los grandes escándalos de tipo electoral que le han estallado al presidente están relacionados con lo sucedido en esta región. A lo revelado por Benedetti se suma lo sucedido con su hijo Nicolás Petro, quien, según denunció Day Vásquez, presuntamente habría recibido dineros de cuestionados personajes, entre ellos Santander Lopesierra, el Hombre Marlboro, un controvertido excongresista y hoy aspirante a la alcaldía de Maicao, quien estuvo preso por narcotráfico en Estados Unidos.

SEMANA revisó detalladamente los gastos de la campaña Petro Presidente y encontró que existen varios cuestionamientos. El gerente de la campaña, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, tiene varias dudas por resolver. Un primer punto es que no se hayan superado los topes establecidos. Para la primera vuelta, el límite fijado por el Consejo Nacional Electoral fue de 28.536.520.492 pesos. Los datos reportados al CNE indican que la campaña gastó 28.384.680.001 pesos, es decir, el 99 % de la capacidad de lo que establece la ley, según un análisis de la Misión de Observación Electoral.

Para la segunda vuelta, el tope era de 13.347.457.427 pesos. Petro gastó 12.843.706.922, es decir, el 96 % de los recursos permitidos. Solo para hacer un comparativo, Rodolfo Hernández destinó 3.002.107.685 pesos, es decir, el 22 %.

Las revelaciones de Benedetti en SEMANA ponen de inmediato la lupa sobre una posible violación de los topes de gastos de la campaña Petro. Si se llega a comprobar que los 15.000 millones que menciona el saliente embajador en Venezuela entraron a la campaña del presidente, se habrían rebasado por mucho los topes, lo que constituye una falta grave, según las normas electorales.

No es la primera vez que se sospecha de una posible violación de topes de parte de la campaña. Nexia Montes, empresa contratada por el CNE para auditar las cuentas, advirtió en febrero de este año una aparente maniobra de cambio de facturas para evitar sobrepasar los límites. Uno de los hallazgos de la auditoría tiene que ver con el contrato para la seguridad privada de Petro durante la contienda. Inicialmente, se pactó el servicio de seguridad por 77.318.000 pesos, del 2 de mayo al 29 de mayo de 2022. Con esta cifra, según los auditores, la campaña estaba sobrepasando los topes legales en 19.396.000 pesos.

No obstante, posteriormente, en junio del año pasado, la campaña reversó parcialmente la factura –sin que existiera un otrosí del contrato– y se redujo el costo a 38.659.000 pesos. Así, se dejaron los gastos totales de la campaña Petro en un 99,93 por ciento del tope legal.

“Evaluamos que, si no se hace este ajuste al contrato, la campaña presidencial sobrepasaba el tope de gastos permitido en la Resolución 694 de 2022 del CNE”, indica el informe de auditoría.