Tulio Gómez, máximo accionista del América, sería asesor de mesa de diálogo con la Segunda Marquetalia. ¿Qué funciones tendría?

El gobierno del presidente Gustavo Petro está conformando el equipo negociador que estará en los diálogos con la Segunda Marquetalia que está bajo el mando de Iván Márquez.

Por esa razón, en los próximos días el presidente Petro dará a conocer los nombres de quienes acompañarán a Armando Novoa en el equipo negociador, tras la instalación de la mesa que se hará el 24 de junio en Caracas (Venezuela).

Sin embargo, SEMANA pudo establecer que el máximo accionista del América de Cali está en la lista de asesores que tendría el Ejecutivo en dicha negociación y con un papel fundamental para los diálogos.

Gómez ejercería una asesoría para los temas de posibles proyectos productivos que podrían emprender los integrantes de la Segunda Marquetalia si llegan a un acuerdo con el Gobierno Petro.

El papel de Gómez sería fundamental porque orientaría a estas personas para que los proyectos sean estables y duraderos, y cuenten con una base sólida para que puedan ejercerlos durante varios años.

La asesoría sería para las zonas de conflicto y los reinsertados, por lo que la experiencia de Gómez sería clave en una etapa de desmovilización. No obstante, el Gobierno Petro todavía no ha hecho oficial el anuncio y se espera que en los próximos días lo haga.

El máximo accionista del América no estaría de lleno en la mesa de diálogo, pero en momentos puntuales sería invitado para hablar sobre los temas ya mencionados y cuando se hagan capacitaciones sobre los proyectos con los que los futuros desmovilizados piensen crear para su sostenimiento.

Por ahora, el Gobierno y la Segunda Marquetalia anunciaron que instalarán la mesa de diálogo en Venezuela y posteriormente se definirá la hoja de ruta de la negociación que, según Armando Novoa, debe arrojar un resultado positivo antes de que el presidente Petro termine su mandato el 7 de agosto de 2026.

“Se acordó, igualmente, que la Agenda de Diálogos y Negociación tendrá entre otros los siguientes puntos básicos: 1) Desescalamiento del conflicto y alistamiento de los territorios de paz; 2) Construcción de Territorios de paz; 3) Víctimas como sujeto social transformador; 4) Condiciones para la convivencia pacífica; 5) Implementación”, dice un fragmento del documento firmado entre las partes donde se anunció la negociación.

Además, quedó claro que el primer ciclo se hará desde el 25 y hasta el 29 de junio para acordar los temas específicos de los temas que ya se acordaron y definir los protocolos de la negociación. También quedó claro que las rondas de diálogo durarán siempre una semana con intervalos no superiores a 30 días hábiles.

“Las partes se guiarán por el principio de ‘acuerdo pactado, acuerdo cumplido’, que incluye el diseño, la puesta en marcha, implementación y verificación de cumplimiento”, indican las partes.

Cuba, Noruega y Venezuela serán los países garantes de la negociación y la Iglesia católica junto con las Naciones Unidas serán acompañantes permanentes en la negociación.

Sectores cercanos a la Casa de Nariño aseguran que la negociación se hará mientras se define el marco jurídico para el sometimiento a la justicia, pero ese proyecto ni siquiera se ha redactado. Muchos creen que ese diálogo será un saludo a la bandera.

De cara a que inicien los diálogos de paz entre las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia, el Consejo de Estado aceptó una demanda contra el estatus político de ese grupo armado ilegal que pondría a temblar dichas negociaciones.

Mientras que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, suspendió por medio de una resolución las órdenes de captura contra los líderes de las disidencias de Márquez, como un antecedente para arrancar con la negociación de ese grupo criminal, el alto tribunal decidió aceptar el recurso que interpuso la Fundación para el Estado de Derecho.

Para la organización, el Acuerdo Final que firmó en el año 2016 el Estado colombiano con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), dejaba clara la prohibición de volver a adelantar negociaciones de paz con los miembros de ese antiguo grupo guerrillero, que volvieran a delinquir después de desmovilizarse.

“No obstante, sus más representativos dirigentes anunciaron que algunos de sus miembros volverían a las actividades criminales, fundando así la denominada Segunda Marquetalia, incumpliendo de forma grave lo acordado y retornando a la violación de los derechos humanos, las garantías y las libertades de las personas. El Gobierno nacional debe respetar las prohibiciones constitucionales y legales. Por eso, no puede otorgarle a este grupo un estatus político para negociar de nuevo un acuerdo de paz”, detalló FEDe. Colombia a través de un comunicado.

Pero, además, aclaran que los reincidentes de ese grupo solamente se pueden someter a la justicia, desmantelar la estructura ilegal y no adelantar nuevos acuerdos de paz, según la ley de paz total sobre las consideraciones de entendimiento con las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.

Por esa razón, la Fundación radicó “el pasado 19 de marzo una demanda de nulidad simple contra la Resolución N.° 64 de 2024. El 9 de mayo, el Consejo de Estado comunicó la admisión de esta demanda, que tiene como propósito que se declare la nulidad de la actuación gubernamental”.

Ahora el Consejo de Estado tendrá que estudiar la legalidad de la resolución presidencial que instaló la mesa de diálogos de paz con ese grupo por considerar que se vulnera el orden constitucional, legal y, en especial, la garantía de no repetición y de reparación a las víctimas.