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Un Congreso tormentoso: Así se moverá el Gobierno Petro para sacar sus controvertidas reformas en medio de fuertes escándalos de corrupción. La tabla de salvación es el ‘fast track’
La tercera legislatura estará marcada por la agenda social del Gobierno Petro, mientras sus ministros responden por hechos relacionados con supuesta corrupción. Temas como el fast track y la constituyente aún son inciertos.
Este sábado 20 de julio arranca una nueva legislatura del Congreso que promete estar marcada por todo tipo de polémicas. A partir de las tres de la tarde se efectuará la instalación y escogerán las mesas directivas de las dos corporaciones. En el caso del Senado, el asunto parece estar definido con la candidatura de Efraín Cepeda, del Partido Conservador, mientras que en la Cámara la puja irá hasta el último momento entre Katherine Miranda y Jaime Raúl Salamanca, de la Alianza Verde.
Dejarán esa dignidad Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara), ambos salpicados por el escándalo de la UNGRD. Según Sneyder Pinilla, habrían recibido grandes sumas de dinero en efectivo para sacar adelante las reformas del Gobierno Petro.
La tercera legislatura del Congreso, que coincide con la mitad de la administración Petro, estará marcada por los escándalos de corrupción alrededor del Ejecutivo, que siguen saliendo a la luz. El más reciente deja mal parado al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sobre quien ya se empezó a ambientar una moción de censura en su contra para que asuma responsabilidades políticas.
El petrismo ya emprendió la cruzada para impulsar los proyectos a los que le apuntarán y definirán cómo se van a mover en este tercer año de la mano del recién posesionado ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien sabe navegar perfectamente por las turbulentas aguas del Congreso de la República.
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Principalmente, se enfocarán en dos reformas sociales: la laboral, a la espera de su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes; y la de la salud, que volverá a ser presentada en esta nueva legislatura. El Ministerio de Salud ya trabaja en el articulado del proyecto. El ministro Cristo afirmó que su meta es tener ambas iniciativas aprobadas antes de terminar el año, por lo que cabe la posibilidad de que la de la salud tenga mensaje de urgencia para un trámite expedito.
El problema es que algunas de esas reformas siguen provocando un fuerte rechazo en algunos sectores, a pesar de la estrategia de Cristo de lograr un acuerdo nacional. En los últimos días, el ministro del Interior se reunió con el Consejo Gremial y logró que le respaldaran una iniciativa de reactivación económica del Ministerio de Hacienda; sin embargo, los empresarios se mostraron inconformes con la reforma laboral.
Cristo deberá escuchar esas recomendaciones y buscar consensos entre el Gobierno y el Congreso para sacar adelante una norma que deje conforme a todos los sectores. Además de esas dos reformas principales, hay otras que vienen en cola y no son menos importantes. Por ejemplo, se habla de una a la justicia, una rural integral –que tiene que ver con los proyectos relacionados con la implementación del acuerdo de paz con las Farc–, una política, una de servicios públicos y otra de ordenamiento territorial.
Aunque algunos mencionan la estatutaria de la educación, que estaría a cargo del nuevo y polémico ministro Daniel Rojas, aún no es claro si este proyecto se volverá a presentar. Sobre todo, por la poca experiencia de Rojas en el sector y que el protagonismo se lo ha llevado su lenguaje contra los opositores.
Para sacar adelante esas reformas, el Gobierno les apunta a distintas estrategias. Fuera del acuerdo nacional que busca Cristo con distintos sectores, el presidente Petro habló de un fast track; no obstante, no alcanzarían los tiempos para tramitar un proyecto que implemente esa estrategia, sino que se refiere más a un mensaje de urgencia.
“No se trata de presentar un acto legislativo para hacer una revisión del fast track que se hizo en el Gobierno de Santos, no nos daría el tiempo para eso. Se trata más de construir acuerdos sobre proyectos que son prioritarios para agilizar lo que no se ha podido hacer en el campo de la implementación del acuerdo de paz”, afirmó el representante Gabriel Becerra, del Pacto Histórico.
“El Gobierno no ha definido cuándo ni qué proyecto se va a presentar con respecto al fast track. Eso implicaría un esfuerzo muy grande, porque requiere de un año para aprobarlo”, agregó Heráclito Landínez, de la misma bancada.
Por esa razón, el discurso de Petro durante la instalación del Congreso será clave, pues allí podría decantar el camino que tomará su Gobierno para sacar adelante las iniciativas anunciadas en las últimas semanas. Cristo ha intentado bajarle el tono a la discusión porque sabe perfectamente que entrar en ella sería perder un año y asumir un costo político alto, que para nada favorece al Ejecutivo.
“Es una idea no más en borrador, que, creo, hay que revisar a fondo. Hay que concertar con las bancadas, con los partidos políticos, comenzaremos esos diálogos. Pero hay maneras de acelerar esas iniciativas en el Congreso distintas, como los mensajes de urgencia e insistencia para sesiones conjuntas del Legislativo. En eso no hay todavía ninguna decisión”, confirmó el ministro del Interior.
En todo caso, acudir a esa medida como salvación para aprobar iniciativas en el Congreso podría convertirse en un dolor de cabeza. Según reconocidos constitucionalistas, lo más probable sería que la Corte Constitucional tumbe esa figura, pues no existe una causa justa para implementarla como sí la hubo en 2016, cuando se buscaba un blindaje jurídico con las extintas Farc-EP.
Si a todo esto se suma que desde 2025 el Congreso entrará en modo campaña y cada legislador estará pensando en su futuro político, la idea de Petro no tiene ningún asidero.
Otro de los fantasmas del tercer año del Congreso será la constituyente. En el petrismo dicen que, por ahora, el presidente Petro no les ha dado línea para presentar una asamblea nacional constituyente. “El presidente no ha dado ninguna orden o indicación. Él ha hablado del constituyente primario, que es la posibilidad de que el pueblo colombiano pueda tomar parte en algunas reformas”, reconoció el representante Alejandro Ocampo.
Pero tampoco está claro cómo se involucraría a la ciudadanía en la toma de decisiones, pues está demostrado que Petro perdió el control de las calles y cada vez son más los inconformes con sus políticas de gobierno. Estos asuntos podrían quedar resueltos este 20 de julio si el mandatario decide ampliar detalles de sus propuestas.
Al margen de esa discusión que trazará la hoja de ruta del trabajo legislativo, llegarán otras iniciativas económicas que también generarán un fuerte debate. Por ejemplo, se habla de una reforma tributaria 2.0, porque, aun cuando ya se disipó la posibilidad de una recesión, la economía del país está creciendo lentamente. La reforma contemplaría estímulos tributarios y un paquete de medidas para recuperar el sector de la construcción, la industria y otras actividades que vienen registrando números rojos desde hace varios meses.
El presupuesto para 2025 también deberá radicarse y desde ya se anticipa una fuerte puja entre los partidos. Los sectores de oposición e independientes afirman que no aceptarán que se pida más recursos cuando la ejecución de diferentes sectores y carteras no se ha llevado a cabo adecuadamente.
De lo que no hay duda es que será una legislatura marcada por una presunta corrupción, ruido que recae sobre varios congresistas y funcionarios del Gobierno Petro que justamente tendrán que participar en discusiones trascendentales.
El Pacto Histórico está esperando que les den línea desde la Casa de Nariño para presentar los paquetes legislativos, pero algunas posturas dentro de la bancada recomiendan esperar unos días para “que los ánimos bajen de temperatura”.