Un grupo de 22 expresidentes de América Latina y España le exigen a Gustavo Petro que respete la libertad de prensa; advierten de censura a contenidos de SEMANA

Un grupo de 22 expresidentes de América Latina y España, agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), hicieron una declaración conjunta a raíz de la “estigmatización de la prensa” por parte del gobierno de Gustavo Petro.

“Los exjefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), consideramos nuestro deber abonar en favor del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, columna vertebral de la democracia; ello, con motivo del preocupante lenguaje agresivo, descalificador y estigmatizador de periodistas y medios de comunicación social a través de las redes digitales por parte del gobierno de Colombia; mientras prosigue el asesinato de periodistas protestados por la UNESCO y la SIP”, señala la declaración.

“En fechas recientes han reaccionado ante dichos ataques los diarios El Tiempo y El Espectador, la misma Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a la vez que se cuestiona desde dicho gobierno a Caracol Radio. Sucesivamente, dado el debate público sobre presuntos hechos de corrupción en la Presidencia de la República que investiga la Administración de Justicia, se descalifica a los propietarios, editores, periodistas y trabajadores de la Revista Semana, con el evidente propósito, según lo muestra la experiencia regional, de regimentar los contenidos de la información e imponer al término una hegemonía comunicacional de Estado”, agrega el comunicado.

Los expresidentes recuerdan la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos sentenciados contra Venezuela por su persecución contra medios como RCTV y Globovisión, entre otros.

“En una sociedad democrática no solo es legítimo, sino que en ocasiones constituye un deber de las autoridades estatales pronunciarse sobre cuestiones de interés público. Sin embargo, al hacerlo, están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto deben constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en razón de su alta investidura, del amplio alcance y eventuales efectos que sus expresiones pueden tener en ciertos sectores de la población, y para evitar que los ciudadanos y otras personas interesadas reciban una versión manipulada de determinados hechos”, señalan los expresidentes.

“Además, deben tener en cuenta que en tanto funcionarios públicos tienen una posición de garantes de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden desconocer éstos ni constituir formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento. Este deber de especial cuidado se ve particularmente acentuado en situaciones de mayor conflictividad social, alteraciones del orden público o polarización social o política, precisamente por el conjunto de riesgos que pueden implicar para determinadas personas o grupos en un momento dado”.

Firman, entre otros:

José María Aznar, España

Rafael Ángel Calderón, Costa Rica

Alfredo Cristiani, El Salvador

Iván Duque, Colombia

Federico Franco, Paraguay

Eduardo Frei R., Chile

Osvaldo Hurtado, Ecuador

Luis Alberto Lacalle H., Uruguay

Mauricio Macri, Argentina

Jamil Mahuad W., Ecuador

Carlos Mesa G., Bolivia

Lenin Moreno, Ecuador

Mireya Moscoso, Panamá

Andrés Pastrana, Colombia

Ernesto Pérez Balladares, Panamá

Sebastián Piñera, Chile

Jorge Tuto Quiroga, Bolivia

Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica

Juan Carlos Wasmosy, Paraguay