Universidades privadas, en alerta: reforma a la educación avanza con puntos que podrían abrir la puerta a injerencia del Gobierno

Las reformas del presidente Gustavo Petro no han tenido un camino fácil al interior del Congreso de la República. La reforma a la salud se hundió en la Comisión Séptima del Senado, la pensional está en aprietos por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la laboral ni siquiera tiene los acuerdos necesarios para empezar a debatirse.

En medio de las trabas del Legislativo, la reforma a la educación ha superado dos debates de forma silenciosa. Se trata de un proyecto de ley estatutaria que busca convertirla en un derecho fundamental que parece generar amplios consensos.

El proyecto empezó su trámite en la Cámara de Representantes, donde el Gobierno tiene más capacidad de maniobra, pero los últimos dos debates deben surtirse en un Senado que se ha vuelto un muro de contención.

A punto de iniciar el debate, se han venido llevando a cabo audiencias públicas que muestran algunos puntos que tienen en alerta a las universidades privadas, las cuales podrían perder su autonomía si no se llega a un acuerdo.

En primer lugar, preocupa que en el artículo 5, que indica los principios del derecho fundamental a la educación, abriendo la puerta a la participación democrática directa, lo cual haría que los estudiantes y la comunidad estudiantil decidan sobre el gobierno interno.

“El gobierno y la gestión de la educación deberán ser democráticos, participativos, pluralistas y directos acordes con la regulación aplicable. Los establecimientos educativos e instituciones de educación superior garantizarán la participación real y efectiva de los sujetos integrantes de la comunidad educativa para la toma de decisiones”, expone el literal S.

A su vez, en el artículo 12, que establece los “deberes y obligaciones del Estado”, se habla de una participación “directa” en la dirección y funcionamiento de las instituciones de educación superior. Incluso a la hora de elegir a los representantes de los estamentos de la comunidad educativa.

“Promover, apoyar y garantizar la participación en la dirección y funcionamiento de los establecimientos educativos e instituciones de educación superior de manera democrática, participativa, pluralista y directa; se prohíbe cualquier forma de delegación que sustituya la elección directa de los representantes de los estamentos de la comunidad educativa en los órganos de dirección, atendiendo lo reglamentado para tal fin”, se lee en el texto que salió de la plenaria de la Cámara, en su literal O.

Esto es preocupante para representantes de las universidades privadas como Rolando Roncancio, rector de la Universidad de La Sabana, quien participó en la última audiencia pública. El líder de la institución asegura que el proyecto cuenta con “valiosas disposiciones”, pero no niega que existen posibles peligros en la poca mención a la autonomía universitaria.

“Carece de un planteamiento profundo y coherente de la autonomía universitaria y el pluralismo de las instituciones. (...) En este aspecto, llama la atención sobre algunas disposiciones que suponen riesgos grandes a estos principios”, dijo.

Y sobre la democracia directa agregó: “Pueden abrir la puerta a un modelo homogeneizador del Gobierno y de la gestión de las universidades, autorizando además al Gobierno de turno, por medio de la reglamentación futura, la inspección y vigilancia, a definir las formas y las reglas de gobierno y dirección. Uniformadora, que tenga que consistir en una democracia directa o cualquier otro modelo”.

Finalmente, aseguró que, como otras instituciones, se encuentra en “la mejor disposición de contribuir”.

Otro artículo que surge dentro de las discusiones es el segundo, que pretende establecer la “naturaleza y fines de la educación”, la cual, según el proyecto, debe ser un “bien común”. Esto podría ir en contra al modelo mixto, en el que instituciones privadas prestan el servicio en todos los niveles.

En esto coincidió Andrés Felipe Bedoya, secretario general de la Universidad del Tolima: “Obedece a que cuando comparamos la definición de educación, nuestra Constitución la define como un derecho, un servicio público y una obligación del Estado, pero no lo define como bien común. Agregar esa definición es nocivo”.

Y se opuso públicamente al artículo 12 por la posible amenaza a la autonomía universitaria: “También afecta la democracia representativa. Dice que ‘se prohíbe cualquier forma de delegación que sustituya la elección directa’. Resulta que la democracia representativa se llama democracia por delegación. En este cuerpo colegiado no amerita explicar lo vulneratorio que sería violar la democracia representativa”.

Así está el clima en la Comisión Primera

David Luna, ponente del proyecto y uno de sus principales críticos, conversó con SEMANA sobre los peligros de los puntos que le quitarían autonomía a las universidades.

“Aunque la ley está repleta de objetivos loables que suenan bien, también me preocupa su enfoque estatista y anacrónico”, indicó el parlamentario de Cambio Radical.

Y asegura que es “alarmante” la amenaza para el sistema mixto de la educación en todos los niveles: “Las universidades privadas desempeñan un papel crucial, formando a la mitad de los estudiantes del país y ofreciendo una calidad educativa destacada. Excluirlas de la solución a nuestros problemas actuales es un error”.

Manifestó que se podría abrir la puerta a “injerencia” del Gobierno Petro en las instituciones, tal como lo temen las instituciones de educación superior privadas.

“La autonomía universitaria se ve comprometida por la injerencia del Gobierno nacional en los mecanismos de representación y toma de decisiones dentro de las instituciones educativas. Esta intromisión es peligrosa, ya que potencialmente implica el control de la educación de todo un país por parte del Gobierno”, dijo para este medio.

Y aseguró que el Gobierno no tiene la tarea fácil en la Comisión Primera del Senado, a diferencia de lo que pasó en la Cámara.

“Por el trámite que se dio en la Cámara, quedó en el aire la idea de que este proyecto no es peligroso o no tiene elementos que se deban ajustar. Por todo lo que expliqué, la estatutaria tiene la capacidad de decidir hacia dónde irán los demás proyectos de ley del Gobierno en materia de educación. Estamos definiendo el rumbo de la educación del país. No es un tema menor y el país debe tener claro que hay elementos que tenemos que ajustar”, opinó el senador.

Con el bloqueo a las reformas por el escándalo de la UNGRD, es incierto lo que ocurrirá con el proyecto que busca hacer de la educación un derecho fundamental. Lo cierto es que debe aprobarse antes de que acabe la legislatura dado que, de otra forma, se hundirá por tiempos.