Petro pidió a la Fiscalía que investigue a su hermano Juan Fernando y a su hijo Nicolás Petro por supuestos “sobornos” a “narcos”

El presidente de la República Gustavo Petro se cansó de los rumores y de manera directa le pidió a la Fiscalía General de la Nación, para que adelante las respectivas investigaciones que permitan establecer si su hermano Juan Fernando Petro y su hijo Nicolás Petro incurrieron o no en el escándalo de supuestos “sobornos” a “narcos” para ingresar a la ‘paz total’.

Por medio de un sorpresivo comunicado que compartió en su cuenta de Twitter, el mandatario colombiano fue claro en señalar que la única persona, en este caso funcionario, para avanzar en la política de ‘paz total’ es el alto comisionado para la Paz Danilo Rueda.

“El 7 de agosto pasado hice un compromiso con los colombianos y colombianas. Tengo la responsabilidad de ser leal al voto que muchos de ustedes depositaron en mí. Debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre mi hermano Juan Fernando Petro Urrego y mi hijo mayor Nicolás Petro Burgos, le pido al fiscal general de la nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades”, dice uno de los apartes del documento.

Y advierte el jefe de Estado: “De nuevo reitero que el único funcionario que cuenta con el aval de Gobierno para tener contacto con las organizaciones al margen de la ley, con el objetivo único de la búsqueda de la paz, es el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda”.

A renglón seguido, el presidente Petro fue tajante en asegurar que su Gobierno “no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos. Al contrario, nos encontramos en la construcción de los mecanismo legales para que estas agrupaciones al margen de la ley se acojan a la justicia, reparen a las víctimas y cesen la violencia en las ciudades y demás territorios. La protección de la vida es una prioridad”.

“Mi compromiso con Colombia y con las colombianas y colombianos es lograr la paz y quien quiera interferir en ese propósito, o sacar provecho personal de este, no tiene cabida en el Gobierno, incluso si son miembros de mi familia”, dice el comunicado.

Y finalmente indica: “Confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia, pero respetaré las conclusiones a las que llegue la justicia”.

Danilo Rueda denunció en Fiscalía a cartel de abogados que cobra a narcos por entrar a ‘paz total’, como denunció SEMANA

Hace varios días, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, confirmó que existe un cartel de abogados que buscan prebendas a cambio de supuestos beneficios para los detenidos. Se trata de la misma práctica que denunció SEMANA. “Unos pocos abogados faltos de ética profesional han pretendido engañar a personas privadas de la libertad y a sus familias, cobrando dinero a cambio de promesas que van desde supuestas asignaciones en las gestorías de paz, a traslados penitenciarios e, incluso, a la suspensión de procesos de extradición”, señaló la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

“Recientemente, por ejemplo, se conoció el caso específico de una persona privada de la libertad que pagó a un abogado una alta suma de dinero por tramitar su traslado a un centro penitenciario de su preferencia. El traslado, por supuesto, no se produjo. Así, circulan rumores similares sobre la venta de falsos beneficios judiciales en el contexto de la política de ‘paz total’”, agregó la oficina del alto comisionado.

SEMANA conoció en exclusiva que algunos narcotraficantes le estarían pagando hasta un millón de dólares a un cartel de abogados a cambio de ser nombrados gestores de paz para así evitar su extradición a Estados Unidos y quedar en libertad. La situación más crítica se vive en las cárceles de Antioquia y en La Picota, en Bogotá. La escandalosa trampa tiene las alarmas encendidas en la Casa de Nariño, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Inpec.

El negocio sucio empezó a gestarse en la pasada campaña presidencial, cuando estalló la polémica por las visitas a las cárceles de Piedad Córdoba y Juan Fernando Petro, hermano del hoy presidente Gustavo Petro. En ese entonces se habló de un “perdón social” que incluiría a corruptos, asesinos y narcotraficantes. En el caso de Córdoba, se denunciaron supuestos ofrecimientos a los extraditables para no ser enviados a Estados Unidos si Petro ganaba las elecciones. Ninguna autoridad investigó el tema y el candidato apartó a Córdoba de su equipo. Desde entonces, un cartel de abogados, muy oportunista, puso en marcha la macabra estrategia que destapó SEMANA.

Varios abogados consultados por este medio dieron fe, bajo reserva, de lo que está ocurriendo en las cárceles donde están recluidos los narcos. “A mi cliente le contaron que con ese pago se garantiza la no extradición, mientras, al mismo tiempo, era posible apuntar a unos beneficios. El tema surgió y se conversó. La información circuló entre varios abogados. Algunos aseguran que tienen audios y chats que confirman las exigencias de dinero”, sostuvo una abogada que defiende a varios capos.

En concordancia con ellos, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz señaló que “ante la gravedad de estas versiones, la OACP (Oficina del Alto Comisionado para la Paz) ha interpuesto la denuncia penal correspondiente y ha solicitado a las autoridades responsables celeridad en las respectivas investigaciones. Estas prácticas corruptas son una afrenta al proceso de construcción de la paz en nuestro país y una traición a los sueños de millones de colombianas y colombianos que reclaman vida digna en un Estado social de derecho”.

“A medida en que se consolida la política de ‘paz total’, seguiremos evidenciando intentos de saboteo, señalamientos falsos, montajes y amenazas que apunten a entorpecer nuestro propósito de paz. No cesaremos en el esfuerzo por lograr transformaciones en los territorios y la superación de la guerra y las violencias criminales a través de mecanismos de acogimiento a la ley, con rendición de cuentas a las víctimas y a la sociedad”, agregó el Ejecutivo.

El comisionado Rueda explicó a este medio que muchos narcos se han acercado a su oficina a través de abogados y él mismo, acompañado de sus funcionarios de confianza, los ha atendido en audiencias presenciales y, en dos ocasiones, virtuales. “Ningún acercamiento de estos está asegurando que se va a asignar una gestoría o que haya una impunidad frente a los procesos que están en curso”, explicó Rueda.

Según él, hay un examen exhaustivo de los documentos que sustentan el deseo de los narcos de participar en la ‘paz total’. No cualquiera cabe allí. De ocho solicitudes de traslado para colaborar “en labores de paz urbana en diferentes lugares del territorio colombiano”, solo cuatro están vigentes. Todas ellas, justamente, de capos recluidos en Buenaventura y en la cárcel de Itagüí, a donde quería llegar de manera tramposa alias Ómar, jefe de Los Pachelly. Todos los informes presentados se cotejan con quien lleva el proceso penal del narcotraficante.

Los traslados son parte del proceso para que los condenados sean llevados a un solo centro penitenciario que facilite las gestiones de paz frente a aquellos que siguen activos en las calles, dedicados al tráfico de drogas. Sin embargo, aún falta el marco jurídico que permita que formalmente estas personas puedan ser reconocidas como gestoras de paz, y ese trámite, inevitablemente, tiene que darse en el Congreso.

También hay un filtro de la comisión de investigación del Inpec que tiene que expedir una especie de certificado de buena conducta del detenido. Muchos abogados nunca regresan a la Oficina del Comisionado de Paz después del primer contacto. “Uno no sabe lo que pasa después”, dijo el comisionado Rueda, quien sostuvo que, básicamente, están estafando o tumbando a los narcos con falsas promesas. “Ser gestor de paz no tiene precio. Las gestorías solamente se otorgan con condiciones en la medida en que haya un proceso de construcción hacia la paz. Esto no es ni una boleta que se compra, ni tampoco algo que se rifa. Hay unos protocolos rigurosos para que pueda entregarse o designarse a alguien con esa categoría. Si se hace de otra manera, eso es corrupción”, advirtió el comisionado Rueda. ¿Es un delito? “Sí, es un delito”, dijo el funcionario.