Presidente Petro ordenó revisar con lupa si las acciones de la empresa Triple A se vendieron por debajo de su valor

El presidente de la República, Gustavo Petro, tomó una drástica decisión en la que pidió que de manera urgente se revise minuciosamente el caso de la Triple A de Barranquilla y detectar si se vendieron las acciones por debajo de su valor real.

De acuerdo con el mandatario colombiano, la tarea la deberá asumir cuanto antes la Superintendencia de Servicios Públicos, entidad que deberá adelantar las acciones correspondientes frente a la situación accionaria que podría rondar la Triple A de la capital del departamento del Atlántico.

“He ordenado, bajo mis funciones constitucionales, a la Superintendencia de Servicios Públicos realizar un estudio de valoración de la empresa triple AAA de Barranquilla para determinar si las acciones de dicha empresa se vendieron por debajo de su valor”, trinó Petro.

La medida del presidente Petro se conoce una vez que la Procuraduría tomó las primeras decisiones contra altos funcionarios de la SAE, principalmente contra su director, José Daniel Rojas.

Y es que las últimas decisiones de la SAE, en relación con no entregar las acciones de la Triple A, pese a que ya hubo un desembolso por el valor de las mismas de más de 282.000 millones de pesos, preocupan a la Procuraduría por las consecuencias penales que podría traer esta decisión.

En primer lugar, la demanda para el Estado sería por el orden de los 59.000 millones de pesos por incumplimiento al contrato.

Precisamente, ante la existencia de posibles faltas disciplinarias derivadas del presunto incumplimiento del contrato de compraventa del paquete accionario correspondiente al 82,16 % de las acciones suscritas de Triple A S.A. E.S.P, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra José Daniel Rojas Medellín, presidente de la SAE, a quien se suspende por tres meses; también contra Sebastián Caballero Ortega, vicepresidente jurídico de la SAE; Jairo Alonso Bautista, vicepresidente de Sociedades de la SAE, y Dagoberto Quiroga Collazos, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.

En el caso de este último, según el Ministerio Público, al parecer habría sugerido, decidido, recomendado o manifestado ante la SAE “que se suspendiera el cumplimiento del contrato, actuación funcional con la cual pudo haber contribuido a la consumación de comportamientos conjuntamente con los funcionarios de la SAE para que suspenda el cumplimiento de las obligaciones contractuales”.

Según la denuncia que generó la apertura de investigación y estas decisiones, Barranquilla perdió una gran cantidad de dinero con la venta del 82,16 % las acciones de la empresa, avaluadas en 565.000 millones de pesos, cuando paso a ser nuevamente en mayor porcentaje del distrito, en el mes de diciembre del año 2021 mientras aún fungía como presidente Iván Duque.

De hecho, advierte la denuncia, la ciudad perdió por lo menos 400.000 millones de pesos, puesto que en la ficha de enajenación se calculó más de 800.000 millones de pesos.

Para este ente de control, al parecer, las conductas podrían “generar un detrimento patrimonial por presuntamente incumplir la obligación contractual de transferir las acciones objeto de la venta, cuya consecuencia derivaría, en principio, en hacer efectiva la cláusula penal por 59.000 millones de pesos, por parte de la empresa K-Yena; a la vez que advierte irregularidades en la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Triple A S.A. E.S.P que se realizó el 7 de febrero de 2023, en la cual se eligieron nuevos miembros de la Junta Directiva de la Triple A”.

Y es que no fue nada fácil la asamblea extraordinaria de accionistas de la Triple A en la que se eligió a la nueva Junta Directiva de esa entidad. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas, dejó en evidencia el duro enfrentamiento que tuvo con la Procuraduría durante la asamblea.

“Lamentable que la Procuraduría haya intervenido en la asamblea de la Triple A para prejuzgar nuestra lucha anticorrupción”, escribió Rojas en un trino, y luego continuó: “Los entes de control están para defender el patrimonio público, increíble que la respuesta a quienes actuamos con honestidad sea el amedrentamiento”.

El delegado del Ministerio Público Luis Ramiro Escandón, designado por la procuradora Margarita Cabello, pidió aplazar la asamblea con el siguiente argumento: “A fin de hacer una función preventiva para evitar la configuración de un daño antijurídico, dado que las acciones de la SAE están en un proceso de extinción de dominio por parte de la Fiscalía”. A lo que se opuso férreamente el presidente de la SAE, Daniel Rojas.

En la asamblea, tal y como se esperaba, salieron todos los miembros designados en el gobierno Duque entre los que se encontraban, entre otros, Camilo José Abello Correa y Andrés Ávila, expresidente de la SAE.

Los nuevos miembros de la junta directiva son: Carlos Campillo Parra; suplente, Ariel Guevara Pabón; Nicolás Corso Salamanca; suplente, Álvaro Velásquez Caicedo; Diana Bernal Falla; suplente, Diana Toro Navarrete y Cristóbal Padilla Tejeda, suplente Sandra Mejía García.

Según los estatutos, el presidente de la junta es el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y el suplente es Carlos Sarabia, actual gerente de la empresa de Alumbrado Público de Barranquilla. El pasado primero de enero la SAE se abstuvo de ceder su participación accionaria en la Triple A hasta que no exista un pronunciamiento de la Contraloría General de la Nación.

Por último y en el momento que se hizo la negociación con presencia del entonces mandatario en la ciudad de Barranquilla, el distrito pasó de tener el 14,5 % de la empresa a ser el accionista mayoritario con el 65 %, y se mantuvo, adicionalmente, el 30 % de regalías sobre el flujo de caja libre.