Urgente: Superintendencia de Salud interviene la EPS Sanitas, la segunda más grande del país con 5,7 millones de afiliados

En medio de la aguda crisis que atraviesa el sector de la salud y ante la latente posibilidad de que naufrague en el Congreso la reforma a la salud que impulsa Gustavo Petro, este martes se conoció que el Gobierno nacional intervendrá la segunda EPS más grande del país, Sanitas, que suma 5,7 millones de afiliados. Fuentes enteradas del proceso le confirmaron la noticia a SEMANA.

Con corte a 2022, Sanitas recibió 7,5 billones de pesos y perdió 295.368 millones, según cifras de la SuperSalud y la SuperSociedades. La deuda total ascendía a unos 2,3 billones de pesos.

Esta intervención es la crónica de una muerte anunciada. El 27 de julio de 2023, las EPS Sura, Sanitas y Compensar le enviaron una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la que alertaron que, por cuenta de la difícil situación financiera que atraviesa el sector, preveían serias dificultades para seguir con sus operaciones.

Se trataba de un documento explosivo en el que anunciaban que estaban asfixiadas económicamente y que si el Gobierno no les pagaban lo que les adeudaban, no podrían operar más. Por primera vez, Compensar, Sanitas y Sura, que reúnen 13 millones de usuarios y 34.000 empleados, ponían una fecha para este temido adiós: el mes de septiembre de ese año.

En ese momento, las entidades prestadoras de salud explicaron que no cumplirían con los indicadores financieros al finalizar 2023, pues agotaron un capital cercano a los 415.500 millones, en el caso de Sanitas, los cuales fueron construidos durante casi tres décadas de existencia.

Dos razones expusieron para haber llegado a este punto: el pago de la UPC y los presupuestos máximos.

Una larga lista de intervenciones

En los últimos cuatro años han desaparecido un total de 13 EPS en Colombia, lo que ocasionó que cerca de 6,4 millones de colombianos hayan tenido que cambiar de EPS por cuenta de la liquidación de las que los afiliaban inicialmente, el mayor traslado de usuarios que se ha dado en el sector de la salud en el país.

En la mayoría de los casos, el Gobierno nacional ha esgrimido razones como la inviabilidad financiera, la desviación de recursos, la negación de autorizaciones de servicios, las demoras injustificadas en el suministro de medicamentos y las barreras de todo tipo para la prestación de tratamientos vitales. Antes de la liquidación de estas entidades, estas no lograron cumplir con acciones definidas y con compromisos establecidos con el Gobierno nacional.

Actualmente, 29 EPS están prestando servicios a millones de pacientes y varias de ellas tuvieron que asumir la prestación de los servicios de los usuarios que estaban afiliados a las EPS liquidadas, miles de ellos pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo.

Coomeva, Cafesalud, Saludcoop, Comparta, Manexka, Comfacor, Emdisalud, Cruz Blanca, Saludvida, Comfacundi, Comfacartagena, Comfanariño, Convida, Medimás, Comfamiliar y Comfaguajira, son las EPS intervenidas hasta ahora.

La entrevista del presidente de Sanitas en SEMANA

En agosto del año pasado, cuando el debate de la reforma a la salud estaba candente, las EPS más grandes del país enviaron un documento advirtiendo una debacle. El presidente de Sanitas, Juan Pablo Rueda, habló con contundencia en esa oportunidad. Aseguró que sentían que se vivía un ahogo financiero y detalló los problemas que ya comenzaban a vislumbrarse. Estas fueron sus palabras.

SEMANA: ¿Cómo se llegó a este punto?

J. P. R.: en el último año y medio, los ingresos que recibimos para atender nuestras obligaciones han sido insuficientes. Las EPS tenemos dos tipos de reservas, dos tanques de oxígeno. Uno es el patrimonio. Entre 2022 y 2023 este disminuyó en más de 400.000 millones de pesos. Hemos agotado nuestros recursos en pagar atenciones de servicios que no se cubren con la financiación del Gobierno.

SEMANA: ¿cuál es el segundo tanque?

J. P. R.: las reservas técnicas. Son recursos para las atenciones en salud que se han prestado, pero que aún no se han pagado. Esa reserva se puede agotar pronto. Si eso pasa, y realmente no queremos llegar a allá, no podremos pagar oportunamente a nuestros prestadores. Si eso llega a ocurrir, ya existiría un riesgo real de que alguno de ellos no pueda atender a nuestra población.

SEMANA: ¿cuántos dependen de estos tanques?

J. P. R.: tenemos alrededor de 5.700.000 colombianos bajo nuestra responsabilidad y operamos en más de 500 municipios. Tenemos contratadas más de 3.000 instituciones, entre clínicas, laboratorios y proveedores de medicamentos. Al año, gestionamos 90 millones de atenciones.

SEMANA: y si se agota, ¿qué pasa?

J. P. R.: cuando se agoten las reservas técnicas, que es lo último que nos queda, van a empezar a presentarse demoras en los pagos. No queremos que ocurra, pero entendemos que los prestadores continuarán atendiendo hasta que para ellos también sea imposible. Y en ese momento, que no puedo decir si es en uno, dos, tres o cinco meses, pueden verse afectados los usuarios. Esto no es señal de que va a haber un momento en que haya atención cero. Eso no va a ocurrir. Pero a partir de septiembre este flujo económico hacia los prestadores no va a ser el que es ahora.

SEMANA: ustedes sostienen que la UPC no es suficiente. El ministro Jaramillo asegura que sí y que les han pagado por adelantado.

J. P. R.: nosotros estimamos que el incremento de la UPC para 2023 debió ser de 24 %. Entonces, aunque el incremento de la UPC del 16 % es alto históricamente, no alcanza a cubrir no solo la inflación, sino la mayor frecuencia de servicios de salud que vivimos. Los recursos de la UPC sí se giran y se giran de manera anticipada, pero son insuficientes.

SEMANA: ¿de cuánta plata es ese faltante?

J. P. R.: para Sanitas, unos 400.000 millones de pesos al año. En el sector se habla de unos tres billones de pesos.

SEMANA: ¿qué más les deben?

J. P. R.: el covid dejó unas insuficiencias. También hay deudas explícitas en lo que no está cubierto por el Plan de Beneficios en Salud y que viene por la vía del Mipres. El médico la diligencia, y como EPS debo garantizar el servicio. El proveedor le factura a la EPS. Entonces ahí tenemos unas obligaciones económicas que luego reclamamos al Gobierno. El ingreso que recibimos ahí tampoco es suficiente. En el caso de Sanitas, la cifra económica es muy relevante: más de 300.000 millones de pesos. Allí hay una cartera con los prestadores y el riesgo de que suspendan los servicios. Son medicamentos de enfermedades huérfanas, cáncer y enfermedades neurológicas complejas, entre otros.

SEMANA: entre los pacientes hay mucha preocupación. ¿Qué le dice a quien está en medio de una quimioterapia, está embarazada o tiene una cirugía pendiente?

J. P. R.: nosotros tenemos mucha fe y mucha confianza en que el Gobierno ha entendido la gravedad de la situación y que va a trabajar activamente en corregirla. Nuestros afiliados pueden seguir esperando de nosotros lo que han recibido en estos últimos 28 años: una intención y una determinación por cuidar de ellos. Quisiera que esa persona que está en medio de una quimioterapia, esa mujer en gestación o el paciente que tiene su cirugía pendiente sepa que todo lo que estamos haciendo es justamente para que no ocurra ninguna falta en su atención. Les diría que tenemos una devoción muy grande hacia nuestros afiliados. Nosotros haremos todo lo que esté a nuestro alcance hasta el último momento, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos decisiones del Gobierno.

SEMANA: usted hoy es el presidente de esta gran EPS, pero también fue paciente. ¿Qué tanto ha pesado esa experiencia?

J. P. R.: esa es mi motivación y es mi vocación. Tuve un cáncer cuando estudiaba Medicina. Me enseñó muchas cosas. Una de ellas es que la energía de las personas debe estar en su recuperación y no en coordinarlo todo para su atención. También me enseñó lo complejo que es para una familia soportar la carga económica de una enfermedad catastrófica. Valoro más este sistema de salud. Nadie tiene que quedar en la pobreza, vender el carro o la casa, sacrificar la universidad de sus hijos. Si mi familia no hubiese tenido la posibilidad económica y el cariño para acompañarme en toda esa complejidad de servicios, tal vez no estaría aquí. Yo sí tuve que ver cómo muchas personas no lo lograron. Entonces, ciertamente me motiva que demos lo mejor de nosotros.

SEMANA: ¿qué vivió usted que hoy no suceda?

J. P. R.: no existían las EPS en ese entonces. El médico me formulaba la quimioterapia y teníamos que buscar en qué droguería estaban los medicamentos. Esperábamos semanas, a veces meses. La cirugía no se podía hacer si no se compraba la prótesis, se dejaba un depósito y había con qué pagarlo. El sistema ha garantizado muchas cosas. Tenemos que protegerlo.

SEMANA: ¿qué va a pasar con los médicos que trabajan en Sanitas si se acaba el tanque?

J. P. R.: si eventualmente llegamos a un problema financiero muy grande, probablemente no podríamos continuar con la vinculación de muchos de estos profesionales, no solo los que trabajan directamente, sino los de las redes aliadas. Yo creo que trabajo para los médicos siempre habrá, lo que pasa es que el día que lleguemos a un momento en que la ausencia de las EPS genere un sistema que no es tan sostenible, cambiarán las condiciones de remuneración. Nosotros en Sanitas estamos seguros de que tenemos una remuneración justa y una forma de contratación honesta. Yo confío en que encontremos soluciones. No hay una inminencia de que pierdan su puesto de trabajo.

SEMANA: el Gobierno Petro ha sido muy duro con las EPS. Los han llamado ladrones y acusado de la muerte de niños guajiros. ¿Cómo se sienten ustedes?

J. P. R.: no nos sentimos bien. Hay un esfuerzo empresarial muy grande, un esfuerzo de muchos trabajadores. Si hay robo y fraude, hay que señalarlo y corregirlo. Los señalamientos de La Guajira son muy complejos. Nos duele mucho como país que haya mortalidad infantil en La Guajira, en el Chocó, incluso en las ciudades. Pero esos problemas no tienen que ver solamente con el sector salud.

SEMANA: la ministra Corcho tenía una relación muy tensa con ustedes. ¿Se han sentido mejor con el ministro Jaramillo?

J. P. R.: son dos personas muy diferentes. Yo creo que las instituciones deben trascender a las personas que están allí. No fue fácil con la doctora Carolina Corcho. No ha sido fácil con el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo. No ha sido fácil la comunicación, y si no hay comunicación, difícilmente podemos avanzar en el trabajo conjunto.

SEMANA: la carta produjo este diálogo que pedían. ¿Cómo ha sido?

J. P. R.: nosotros radicamos esa carta a finales del mes de julio. La semana pasada se concretó una cita para el miércoles. En esa reunión se abrieron unos caminos. No fue una discusión fácil. Pero creo que hubo una confluencia y por eso se abrieron unas mesas de trabajo. Hasta este momento aún no hay solución, pero ya hay un espacio.