A Uribe no hay quién lo investigue

Primero fue Augusto Posada (La U), quien fue recusado por la exsenadora Piedad Córdoba, parte civil del proceso. Luego, Alfredo Bocanegra (P. Conservador), quien aceptó la recusación que le interpuso Álvaro Uribe.
 
Ahora, Camilo Abril (Cambio Radical), quien argumenta que ha recibido amenazas contra su vida y que su esquema de seguridad es precario como para asumir las responsabilidades que supone la investigación que le fue encomendada.
 
Tres representantes que han dimitido a la responsabilidad de establecer si el expresidente Álvaro Uribe tuvo o no relación directa en las interceptaciones ilegales que se hicieron desde el DAS a magistrados de la Corte Suprema, los exsenadores Piedad Córdoba y Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell.
 
Esa investigación se ha convertido en una auténtica ‘papa caliente’, pues los 19 representantes que integran la Comisión preferirían no salir en el sorteo mediante el cual se está repartiendo esta investigación.
 
El pasado lunes, a Camilo Abril, del departamento de Casanare, le fue encomendado hacer parte de la investigación. No pasó una semana y, para evitar que el proceso se dilate, decidió renunciar de forma irrevocable, y así lo manifestó en una carta que leyó ante el secretario de la comisión de Acusaciones.
 
“Motivos de seguridad que ponen en riesgo mi integridad personal y la de mi núcleo familiar, me impiden dar trámite correspondiente a la asignación que en la presente semana se me hizo. (…) En la actualidad, mi esquema de seguridad no permite de manera integral garantizar las condiciones de protección adecuadas para asumir dicha investigación”, manifestó Abril en la carta de dimisión.
 
Abril denunció que las amenazas contra su vida se empezaron a producir el pasado mes abril. Y coincidieron con la decisión de haber remitido un proceso a la Fiscalía que comprometería al expresidente Álvaro Uribe.
 
Dichos documentos, que estaban engavetados en los archivos de la Comisión de Acusaciones, correspondían a las denuncias sobre un contrato de 1997 que
Uribe, en ese entonces gobernador de Antioquia, supuestamente firmó con una de las llamadas ‘Convivir’.
 
“Ese expediente no era competencia de la Comisión de Acusaciones. Mi deber era trasladarlo a quien correspondía, en este caso la Fiscalía”, dijo Abril.
 
El proceso preliminar contra el expresidente Uribe por las ‘chuzadas’ del DAS se detiene mientras la Comisión designa el nuevo investigador. Un proceso en el que también deberá decidir si se escucha la versión libre del expresidente Álvaro Uribe.