Veto a la Policía: este es el escandaloso proyecto del Pacto Histórico que busca regular la protesta social y limita la intervención de las autoridades y los medios de comunicación

La bancada del Pacto Histórico no está haciendo nada diferente a lo que prometió en la campaña de 2022 y por eso presentó un proyecto de ley estatutaria que buscará regular la protesta social en Colombia. Aunque en varias ocasiones este tema se ha discutido en el Congreso, nunca ha logrado salir adelante por polémicos artículos que le cuelgan a la iniciativa.

El proyecto de los representantes Alirio Uribe, Pedro Suárez Vaca y Eduard Sarmiento tiene 44 artículos y pone unas reglas claras para que en Colombia se pueda ejercer el derecho a la protesta social. El asunto de fondo es que ofrece más garantías de las debidas a quienes desean salir.

Aunque la Constitución Política de Colombia protege el derecho a manifestarse, en la iniciativa los congresistas quieren ampliar dicha protección para que “no sea necesario pedir permiso porque las calles nos pertenecen” y se pueda hacer uso de cualquier espacio público sin que exista restricción alguna. Sin embargo, dentro de los artículos hay dos que prendieron las alarmas, particularmente por las consecuencias negativas que podrían presentar.

El primero de ellos indica que la Policía Militar no podría formar parte de la fuerza pública que haga control de las manifestaciones, es decir, la Policía no podría intervenir en las manifestaciones y su participación sería como último recurso. Esto traduce que quienes salgan a protestar a las calles podrían hacerlo tranquilamente, pero no se habla del capítulo del vandalismo que se presenta ocasionalmente y en el que es necesaria la participación de las autoridades para evitar afectaciones a los ciudadanos que también tienen el derecho a no participar.

La iniciativa cuenta con la firma del Ministerio del Interior y con el aval de varias organizaciones sociales que han participado en diversas manifestaciones. Aunque dentro de los capítulos del proyecto se habla de crear unas reglas claras para evitar desórdenes durante las jornadas, al dejar al margen a la Policía no queda claro quién controlará los posibles desmanes que se presenten.

“Se prohíbe el involucramiento de las Fuerzas Militares en actividades de atención e intervención de protestas sociales y manifestaciones públicas, así como cualquier tipo de cuerpo armado con funciones y equipamiento militar”, reza el articulado.

Alirio Uribe dice que sencillamente se está haciendo un control sobre el uso de la fuerza en las manifestaciones y que antes del actuar de la Policía, deben primar el diálogo y la conciliación. No obstante, en ninguno de los artículos queda claro cómo se aplicará ese principio en caso de vandalismo.

Asimismo, se aplicarían castigos para quienes abusen de la autoridad en el marco de las manifestaciones, lo que también ha sido objeto de crítica. Sobre este punto, el representante a la Cámara Hernán Cadavid, del Centro Democrático, cree que aunque es necesario reglamentar la protesta social, este articulado del Pacto Histórico es peligroso.

“Anulará por completo que el Ejército haga presencia, lo mismo pasará con la Policía y eso es muy grave. Una persona que tenga fines de marchar pacíficamente no debe estar preocupada por la cantidad de hombres que tiene la Policía en las calles”, dijo el congresista. Si la Policía fuera a participar o hacer uso de la fuerza, deberá anunciarlo de forma previa, lo que de facto los dejaría sin poder actuar porque ante actos de violencia no habría tiempo de hacer publicidad a una intervención. Como si esto fuera poco, limita el número de uniformados que custodian, eventualmente, una marcha porque no podrían superar numéricamente a los marchantes.

Otro artículo pone límites a los medios de comunicación y se habla de una posible “mordaza” porque “se prohíbe estigmatizar la protesta con declaraciones que no corresponden a la realidad” y se crearía el derecho a réplica cuando los manifestantes lo consideren y tampoco queda claro quién definirá ese concepto.

La Corte Constitucional pidió en 2017 que se regulara la protesta social por tratarse de un derecho fundamental, pero el Pacto Histórico se está yendo al extremo de poner condiciones que dejarían desprotegidos hasta a quienes hagan reclamos sociales en las calles al quedar, eventualmente, bajo el yugo de algunos vándalos que aprovechan estas manifestaciones para hacer de las suyas.