Víctimas de violencia intrafamiliar podrían tener derecho a una reparación económica; proponen mecanismo en el Congreso

Catherine Juvinao y Carolina Giraldo, representantes a la Cámara por la Alianza Verde, radicaron un proyecto de ley que busca que las víctimas de violencia de género e intrafamiliar reciban una reparación económica al momento de divorciarse o terminar una unión marital de hecho.

El proyecto busca ponerle plazos al aporte de pruebas y fijación de audiencias en el marco de un proceso civil, con el fin de constatar que la situación ocurrida en la unión da lugar a una reparación económica por esta causal.

Estas reparaciones deberán ser integrales, con posibilidad de embargo de bienes y medidas simbólicas para la compensación emocional.

El proyecto también incluye la garantía de que, en caso de haber atravesado esta situación, las víctimas no podrían ser revictimizadas o confrontadas con quien fue su agresor.

Tras la sentencia de divorcio, las víctimas tendrán 30 días para solicitar la reparación. El juez deberá decidir si da lugar en ese mismo plazo.

La representante Carolina Giraldo asegura que la violencia intrafamiliar está “disparada” en el país.

“También las violencias de pareja. Por violencias de pareja, muchas terminan en divorcio. Cuando ocurre un divorcio necesitamos que haya reparación para esas víctimas de violencia intrafamiliar, además del proceso de divorcio. Para eso es este proyecto de ley, para que logremos tener un proceso expedito, mediante el cual se logre una reparación integral a las víctimas de violencia intrafamiliar que estén terminando sus relaciones”, manifestó.

Catherine Juvinao dice que se dan cerca de 174 incidentes diarios de violencia intrafamiliar en el país: “Esa víctima tiene que ser reparada. Más del 80 % de las víctimas son mujeres”.

“Con este proyecto queremos crear un instrumento eficiente en materia de justicia para que una vez sale la sentencia de divorcio, bien sea de unión civil, unión marital de hecho o la cesación de efectos del matrimonio católico, la mujer tenga 30 días después de ejecutoriada la sentencia para pedir una apertura del incidente de reparación integral por violencia intrafamiliar. El juez de familia tiene en un plazo de 30 días, que fijar la audiencia para determinar esa reparación, que puede incluso incluir el embargo de bienes del agresor, pero también medidas simbólicas”, manifestó Juvinao.

Además, la representante por Bogotá espera que con el proyecto baje la impunidad en este tipo de violencias en relaciones de pareja.

“Tenemos que abrir esta conversación, tenemos que entender que la violencia intrafamiliar es una pandemia. Una guerra absolutamente naturalizada que implica esfuerzos de toda la sociedad en su conjunto, pero que aquí, con mi colega, intentamos ofrecer un adentro del repertorio de las soluciones”, agregó.

Las congresistas agregan que los casos de violencia contra las mujeres vienen en aumento desde 2010 y el 60 % de los agresores son parejas, exparejas o familiares cercanos. En los primeros seis meses de 2024, se registraron 31.239 casos de violencia intrafamiliar en Colombia.

De estos casos, de acuerdo con los datos que dan lugar al proyecto presentado ante el Congreso, el 76 % de las víctimas fueron mujeres.