Vientos de huelga en el Ministerio del Trabajo: el despacho que dirige una sindicalista está al borde de un paro

El ministerio del Gobierno que está en manos de una líder sindical corre el riesgo de que sus mismos sindicatos estén a punto de paralizarlo. Los funcionarios del Ministerio del Trabajo votarán este martes un llamado a huelga que, si se concreta, dejaría las oficinas de esa cartera desplegadas por todo el país sin quién atienda los servicios que reclaman los ciudadanos, las empresas y los trabajadores en general.

Las fisuras de la cartera que dirige Gloria Inés Ramírez con sus sindicatos vienen desde mucho antes de que ella llegara a ese despacho, incluso hay algunas que iniciaron en 2013 cuando estaba en curso la administración de Juan Manuel Santos, pero las discusiones justo se salen de control en pleno mandato de Ramírez.

A ella la señalan de estar incumpliendo los acuerdos sindicales que entabló el Ministerio con dichas organizaciones a mediados de 2023. En esa entidad hay unas 16 asociaciones de trabajadores de las que 14 están agremiadas en la convocatoria a huelga.

La procuradora delegada, Diana Margarita Ojeda Visbal, le mandó una carta a la ministra Ramírez el jueves 16 de mayo pidiéndole adelantar gestiones que le permitieran cumplir lo pactado con las organizaciones sindicales.

Que las actividades del Ministerio se paralicen, o no, depende de la votación de sus propios funcionarios. Este martes 21 de mayo habrá una votación nacional en la que los 2.300 funcionarios de planta podrán deliberar si se oficializa esa medida, una población dentro de la que 1.500 personas son sindicalizados.

Es decir: cerca del 68% de los funcionarios de esa cartera están sindicalizados y buena parte de estos militan en alguno de los grupos que están llamando a huelga. Las cuentas pueden inclinarse a favor del paro en las actividades.

Es más, hay un claro antecedente de que la huelga es una posibilidad real. En 2017, en medio del Gobierno Santos y cuando esa cartera estaba en manos de Griselda Restrepo, se presentó una huelga de 42 días de los empleados del Ministerio.

Durante mes y medio ese despacho estuvo paralizado por los reclamos de cerrar la brecha laboral de los sueldos de ese ministerio comparados con los que se pagan en otras entidades del Estado.

Justamente, uno de los reclamos actuales tiene que ver con una nivelación salarial que se prometió para entonces y que nada que se cumple porque los trabajadores están pidiendo que se incrementen los sueldos de prácticamente toda la planta.

Y pese a que el Ministerio está en manos de una sindicalista que llegó a ese cargo con la bandera de los derechos de los trabajadores, ellos dicen que no los escuchan. Los jefes de los sindicatos sostuvieron una reunión con la ministra en marzo de 2024 para presentarle sus reclamos, pero ese encuentro no pasó de ser una diligencia diplomática.

Previo a esa fecha, a mediados de 2023, se habían encontrado con Ramírez para mostrarle su pliego de peticiones con el objetivo de que los incluyera dentro de los presupuestos del año fiscal 2024. Eso no sucedió.

De hecho, buena parte de los reclamos tienen que ver con plata. En diciembre de 2023 el Ministerio le dio a los trabajadores una bonificación, pero ellos estaban esperando otra para el primer trimestre de este 2024. Asimismo, la tan mencionada nivelación salarial de antaño no se ha ejecutado porque esto implica avales desde el Ministerio de Hacienda y no solo voluntades en la cartera del Trabajo.

“Hay una improvisación. No realizaron el procedimiento como debía ser porque, si ellos firmaron el acuerdo, tenían que hacer todas las actuaciones necesarias para cumplirlo. El Ministerio no ha cumplido porque no hace la tarea como debe ser”, detallaron dos delegados de la Unión Sindical en conversación con SEMANA. Lo particular es que, en una oficina comandada por una sindicalista donde los sindicatos proliferan, sus líderes prefieren no cazar discusiones en micrófonos con el alto Gobierno y solo se comunican a través de comunicados conjuntos. Por lo pronto, la cartera solo respondió con una misiva en la que reconocieron el derecho a huelga.

Sobre ese tema, el director general del presupuesto público nacional, Jairo Alonso Bautista, le envió una carta al despacho de Ramírez en la que enfatizó que es responsabilidad del Ministerio del Trabajo “propender por una ejecución presupuestal dirigida al uso responsable de los recursos públicos” y le recordó que la entidad encargada de concertar los salarios es la Función Pública.

La respuesta de la ministra Ramírez es que “desde la firma de los acuerdos con las organizaciones sindicales 2023-2025, ha transcurrido un año y, hasta el momento, esta administración ha sido coherente y transparente con cada uno de los puntos acordados, hemos convocado al diálogo, brindado las garantías, como debe ser, para tener una interlocución clara, para informar y socializar de las gestiones y avances hasta la fecha, frente a lo cual podemos decir, que hemos tenido un avance del 46% de los acuerdos. Esto quiere decir que, faltando más de un año para que termine el periodo de los acuerdos, hemos tenido importantes avances con nuestros compromisos y lo seguiremos haciendo hasta el final”.

En todo caso, ¿afecta al ciudadano de a pie que haya una posible huelga en el Ministerio de Trabajo? La respuesta, aseveran sus convocantes, es un sí rotundo porque la gente podría tener problemas para tramitar cuestiones tan sencillas como permisos de maternidad si no hay quién legalice los procesos ante el Estado.

Que esa huelga se dé, o no, dependerá de lo que voten los trabajadores este 21 de mayo en una definición que pone contra las cuerdas a la ministra sindicalista del Gobierno.