POLÍTICA
Vladimir Cáceres, mencionado por la congresista Jennifer Pedraza de supuesto acoso sexual, respondió a cuestionamientos
El acusado por la congresista y otros integrantes de Dignidad y Compromiso dijo que se trata de una calumnia y que eso habría sido certificado internamente por la colectividad.
El pasado lunes 9 de octubre, la congresista Jennifer Pedraza, del partido Dignidad, replicó un mensaje en el que se decía que un integrante de su colectividad tenía denuncias por presunto acoso sexual. Se trata de Vladimir Cáceres, candidato a edil de Puente Aranda por la colectividad.
“Las mujeres de Puente Aranda y Bogotá no estamos seguras con Vladímir Cáceres en el edilato de la localidad. Tampoco con hombres como Manuel Sarmiento y Jorge Enrique Robledo que han ignorado nuestras denuncias y han querido apropiarse de las luchas feministas, encubriendo a hombres violentos”, fue el mensaje que puso Rosa Disidentes en su cuenta de X.
El mensaje fue replicado por la congresista Pedraza: “Desde nuestra tendencia política. Primero La Gente de Dignidad nos pronunciamos frente a las denuncias de Rosas Disidentes. A las mujeres agredidas mi total respaldo y apoyo. Seguimos luchando por un partido libre de violencia machista” (sic), aseguró.
En las últimas horas, Cáceres se pronunció sobre esos hechos. A través de una carta dijo que la publicación del perfil desde que se realizó el señalamiento no es ninguna denuncia y que sería una “afirmación sin sustento”. Aseguró que se trataría de una afirmación calumniosa.
Cáceres afirmó que dentro del Polo Democrático Alternativo —partido del que nació Dignidad por una escisión— se creó desde 2018 un comité de mujeres para atender violencias basadas en género. Y que ese comité certificó que no existe ninguna denuncia por abuso sexual en contra de él.
“Este hecho contradice la información divulgada por las cuentas de Rosas Disidentes y por la representante Jennifer Pedraza sobre la existencia de una denuncia con características penales que, según las publicaciones, además fue encubierta y no tramitada. Las supuestas denuncias referenciadas en esas publicaciones tampoco fueron interpuestas ante otros órganos partidarios o ante las autoridades judiciales o administrativas”, aseguró.
Además, dijo que el otorgamiento de su aval fue aprobado políticamente por Jennifer Pedraza en el Comité Directivo Distrital de la colectividad, que es el máximo órgano de dirección de Bogotá.
“Lamento que la representante Jennifer Pedraza hiciera eco a falsedades luego de haber sido plenamente informada sobre la inexistencia de denuncias de abuso sexual en mi contra por quienes integraron el comité de atención de violencias, así como por las directivas del partido Dignidad y Compromiso que verificaron que no tengo ningún antecedente”, afirmó Cáceres.
La denuncia generó un enfrentamiento en la izquierda. La congresista Pedraza discutió con el excongresista Germán Navas Talero y la congresista lo calificó de machista. Cabe recordar que ambos ya han tenido diferencias públicas en varias ocasiones.
“¿Dónde está el cerebro de Jennifer Pedraza que no lo encuentra? Jennifer pide ayuda para buscar su cerebro”, aseguró Navas.
Por su parte, la congresista le contestó: “Esto es violencia política machista avalada por el silencio cómplice de esa izquierda que cree la lucha de las mujeres es de segunda categoría”, dijo.
Y agregó: “Aunque con comentarios como estos (los de Germán Navas) quieran desmotivar las denuncias, se quedarán esperando. No contarán con nuestro silencio”.
Desde Rosas Disidentes afirmaron que se habían presentado en su momento las denuncias al protocolo interno del partido.
“Frente a esto, enviamos una solicitud escrita al Comité de Protocolo de nuestro partido (Dignidad y Compromiso) para que evalúe medidas preventivas pertinentes. Por la gravedad de la acusación (del tipo más alto del Protocolo), creemos que Cáceres debe ser suspendido del Partido, o cuando menos debe ser suspendida su candidatura a edil como medida preventiva de protección a otras mujeres y de reparación a las víctimas”, afirmaron.
Agregaron: “Dado que la denuncia ya es pública y se enmarca el legítimo derecho al escrache, protegido por la Corte Constitucional, compartiremos toda la información conocida con el Comité del Protocolo como una denuncia interna formal para que se activen las rutas y medidas de sanción y reparación correspondientes”.
