“Voceros de paz” en lugar de “gestores de paz”, la figura que se inventó el Gobierno para excarcelar a los miembros de la primera línea

En una estrategia que parece brincarse algunas de las limitaciones jurídicas existentes, el Gobierno nacional comenzó a hablar de la figura de “voceros de paz” para designar a las personas detenidas por supuestos delitos en medio de las protestas sociales y siete de las cuales saldrían de prisión en los próximos días.

Este viernes 16 de diciembre en la mañana, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó la primicia de SEMANA sobre la salida de estos siete detenidos y afirmó que “ninguno de ellos está condenado” y que “ninguna de estas personas tiene sindicaciones por delitos de lesa humanidad, ni homicidios, ni delitos sexuales, ni contra menores de edad, ni tortura”.

“Se trata de delitos de afectación a bien público o privado, obstrucción de vía pública, de medios de transporte público, irrespeto a la autoridad, ese tipo de imputaciones”, afirmó el funcionario.

Y explicó cuál es la diferencia entre “voceros de paz” y “gestores de paz”, dos figuras de las que el Gobierno nacional ha hablando en los últimos días.

Según Osuna, “se trata de dos programas distintos. El presidente de la República anunció en días recientes un ambicioso programa de inclusión social que está dirigido a 100.000 jóvenes. Estos jóvenes no tienen ningún proceso penal en contra de ellos. No están involucrados judicialmente por hechos de la protesta social. Se trata de 100.000 jóvenes que por circunstancias de pobreza y exclusión se considera que están en riesgo de caer en la criminalidad”.

“Con esa política del Gobierno nacional se les traerá hacia la paz para que estudien, trabajen, sigan colaborando con sus familias y sean personas incluidas en la sociedad. Este es un programa de inclusión social que no tiene relación con la protesta social ni se trata de personas que estén judicializadas ni por ese estilo. A ellos es a quienes el Gobierno les ha ofrecido un subsidio o remuneración”, explicó Osuna.

Y habló sobre la figura de “voceros de paz”, los cuales serán las personas detenidas con ocasión de las protestas y que han sido señaladas de pertenecer a la primera línea. “Los voceros de paz no tienen remuneración del Estado. Es cierto que al asignarles algunas tareas se les pagará la ARL, la afiliación a riesgos laborales, pero no tienen remuneración por sus actividades. Ellos pueden conseguir un trabajo y ojalá que lo consigan pronto, pero eso es asunto de su propia iniciativa. El programa de vocerías de paz no incluye una remuneración para estas personas”.

El pasado 3 de diciembre, el presidente Petro aseguró en Pasto que “centenares de jóvenes detenidos por participar en la protesta serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena en Colombia”, lo que desató de inmediato una intensa polémica en el país por la excarcelación de estas personas y los alcances de esta figura.

SEMANA pudo establecer que una de las consideraciones a la hora de crear la figura de “voceros de paz” fue que la otra figura, es decir la de “gestores de paz”, de la cual habló el presidente Petro inicialmente, debía estar acatada la pertenencia de estos detenidos a grupos armados ilegales que estén en medio de conversaciones o procesos de paz con el Gobierno nacional, algo que estas personas no cumplen.

De hecho, esta revista supo que la figura de “gestores de paz” y su relacionamiento con grupos ilegales como el ELN fue rechazado por algunos de estos miembros de la primera línea, los cuales le enviaron mensajes a sectores del Gobierno en este sentido.

Este cambio de término que se utilizará con los integrantes de la primera línea, que serían excarcelados, fue lo que llevó al Gobierno nacional a enfatizar que “los voceros de paz tienen que ser integrantes de organizaciones sociales y/o humanitarias”, y que no haya ninguna relación con grupos armados ilegales que estén en conversaciones con el Ejecutivo.

La alerta sobre los alcances de los “gestores de paz” la envió esta revista cuando consultó a jefes de los entes de control fiscal y expertos juristas, quienes hablaron de la limitante que el Gobierno parece haber salvado con la creación de la figura de “voceros de paz”.

Pese a estas claridades, el mandatario sigue insistiendo en que los 100.000 jóvenes que buscará sacar de las condiciones de exclusión y que pertenecen al programa de “inclusión social” del que habló el ministro Osuna también serían “gestores de paz”.

“Estamos preparando un programa de gran dimensión. De ahí a que estemos hablando de esto de gestores de paz, porque queremos actuar con la juventud excluida, por lo menos en las zonas de más alta violencia de Colombia”, afirmó el jefe de Estado.

¿Por qué se dan las siete primeras excarcelaciones?

Sobre estas primeras siete excarcelaciones, el Gobierno nacional explicó que las hace “el presidente de la República, como director y encargado de guardar y recuperar el orden público en el país, con base en la Constitución Política de Colombia y amparado en la Ley de Orden Público (2272 de 2022)”. Esta norma fue la que prorrogó y modificó algunos aspectos de la Ley 418.

El Gobierno explicó que la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, integrada por los ministros de Interior, Justicia, Defensa, el Director del Dapre y la Secretaría Técnica del Alto Comisionado de Paz, fue la encargada de evaluar “los casos de personas privadas de la libertad por hechos relacionados con la protesta social, para seguir haciendo recomendaciones al presidente sobre nuevos voceros de paz”.