Vuelven a radicar proyecto de ley que permite el divorcio unilateral, ¿de qué se trata?

La representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, volvió a radicar el proyecto de ley que permite que la decisión de divorciarse pueda ser tomada de forma unilateral. La iniciativa se hundió en la legislatura pasada a un debate de aprobarse, pero la congresista insiste con un nuevo texto.

El proyecto tiene como objetivo “incorporar a la legislación civil una causal que permita el divorcio y la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso por la sola manifestación de la voluntad de cualquiera de los cónyuges y dictar otras disposiciones”.

De esta forma, se incluye entre las causales de divorcio “la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges”.

De acuerdo con la representante, que no exista una causal para disolver el matrimonio de forma unilateral “termina por limitar el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana, tal y como se ha reconocido por la Corte Constitucional”.

“Esta situación afecta los derechos de los ciudadanos que sin tener una causal objetiva o subjetiva de divorcio quisieran acceder al fin del vínculo matrimonial, pero también para aquellos que, aun teniendo causales objetivas y subjetivas que justifican su divorcio, deciden no invocarlas por respeto a su intimidad o por cualquier otra circunstancia”, expone el equipo de Miranda.

En caso de que uno de los cónyuges no esté de acuerdo con la disolución del matrimonio, se puede llevar a cabo una demanda de reconvención en caso de que se quiera adjuntar una causal, por ejemplo, como embriaguez habitual.

También se brindará protección al cónyuge débil económicamente, de manera que este podrá presentar, con la solicitud de divorcio, una propuesta económica en términos a la garantía de alimentos y la forma en la que se repartirían los bienes.

A su vez, se incluyó un artículo que garantiza la protección de víctimas de violencia intrafamiliar, especialmente mujeres. De esta forma, el cónyuge que violenta debe pagar una indemnización.

Además, las condiciones de manutención, crianza y educación de los hijos derivados de la unión deberán ser incluidas en la propuesta de quien solicita el divorcio unilateral.

Alcaldía de Bogotá radica en el Congreso proyecto de ley para modificar las normas de contratación estatal

En medio de las críticas que ha recibido la administración Distrital por las demoras en la ejecución de las obras de valorización que fueron aprobadas por el Concejo de Bogotá desde el 2018, y las cuales, en su mayoría, ya deberían estar terminadas o próximas a terminar, la Alcaldía de Claudia López decidió llevar al Congreso de la República una propuesta que busca modificaciones en las normas de contratación estatal. El Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, lidera la iniciativa ante el legislativo colombiano.

Razones como demoras en la ejecución de las obras, declaratoria de caducidades e incumplimientos motivaron a que se desarrollara la propuesta que plantea modificar las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011.

De acuerdo con el IDU, el objetivo es fortalecer y hacer más eficiente la lucha contra la corrupción en la contratación pública para el Distrito Capital. Además, pretende garantizar la correcta ejecución de los recursos de la ciudadanía, destinados para obras de infraestructura.

La primera modificación planteada permitirá a las entidades del nivel central y descentralizado del Distrito Capital, previa justificación y soporte, exigir más requisitos de experiencia y capacidad a los establecidos en los pliegos tipo, con el propósito de contar con contratistas que garanticen el real y efectivo cumplimiento de los objetos contractuales.

Actualmente, las entidades no pueden solicitar requisitos adicionales a los exigidos en los pliegos tipo.

En una segunda propuesta, se pretende que aquellos contratistas incumplidos o sancionados no continúen ejerciendo malas prácticas en la contratación pública, por lo que se efectúan ajustes a las inhabilidades generadas en el incumplimiento contractual. Quedará inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes conductas: haber sido objeto de dos declaratorias de incumplimiento; haber sido objeto de imposición de dos multas o haber sido objeto de una declaratoria de incumplimiento e imposición de una multa durante los últimos dos semestres, con una o varias entidades estatales.

Por último, se propone que, en los casos en que un contratista sea inhabilitado como consecuencia de actos de corrupción, se dé vía libre a la entidad contratante para que de manera unilateral ceda el contrato y se descarte la posibilidad de que recaiga en el mismo contratista sancionado.