Las cuatro batallas que el Polo le ha ganado a Santos

Aunque el Polo Democrático apoya la política de paz del actual gobierno, es el único que lleva más de cinco años haciendo oposición al modelo económico del presidente Juan Manuel Santos. La oposición que ejercen en el Congreso se ha vuelto en un ejercicio insuficiente, pues su pequeña bancada de parlamentarios se ha visto arrasada, una y otra vez, por la aplanadora de la Unidad Nacional, por lo que sus pronunciamientos no pasan de ser un saludo a la bandera, o simples constancias que quedarán para la historia.

Sin embargo, en estos años, el Polo ha encontrado un mejor escenario para hacer su oposición que, por lo menos, le está resultando más efectivo: la Corte Constitucional. Allí, varios de sus parlamentarios han recurrido para tumbar algunas de las leyes que intentaron frenar en el Congreso y, para sorpresa de muchos, el alto tribunal les ha dado la razón. Hasta el momento, el Polo Democrático ya completa cuatro demandas que le gana a la administración Santos.

El lunes en la noche, los magistrados de la Corte Constitucional acogieron los argumentos de los senadores Iván Cepeda y Alberto Castilla y de los representantes Alirio Uribe y Víctor Correa. Ellos demandaron varios artículos del Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018 que autorizaban actividades y proyectos de explotación minera y petrolera en los páramos.

El Plan de Desarrollo incluía una serie de disposiciones que permitían a las empresas con concesiones mineras en zonas protegidas seguir adelantando esta actividad, a pesar de la prohibición existente para explotar el subsuelo en esas áreas.

En palabras del representante Alirio Uribe, la sentencia de la Corte, en últimas, “está protegiendo bienes estratégicos, no solamente para los colombianos sino para toda la humanidad, y no se puede decir que si se contamina un río hoy y mañana se determina que no es legal, el que lo hizo hoy lo pueda seguir haciendo”.

Prácticamente fueron los mismos argumentos con los que la bancada del Polo Democrático intentó frenar el Plan de Desarrollo. Los mismos que fueron desatendidos en los cuatro debates que tuvieron lugar en el Congreso, donde los polistas fueron derrotados por una abrumadora mayoría. Por eso llevaron el debate a la Corte Constitucional, allí los magistrados les darían la razón.

No es la primera vez que el Polo recurre a esta estrategia con el actual gobierno, tampoco la primera en que conquista un triunfo.

Plan de Desarrollo y Baldíos

La seguidilla de éxitos se remonta al año 2012. El senador Jorge Robledo, considerado el jefe de la bancada del Polo en el Congreso, demandó tres artículos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 que abrían la posibilidad para que más de 15 millones de hectáreas de terrenos baldíos de la Nación pudieran quedar en manos de inversionistas privados.

El Plan de Desarrollo, recuerda Robledo, pretendía tumbar una ley y un precepto constitucional de que la tierra sólo se puede conceder a campesinos sin tierra. La Corte Constitucional le dio la razón al congresista en agosto del 2012.

Pero la primera gran oposición que le hizo Robledo al gobierno Santos vino por cuenta del decreto de estado de emergencia por la ola invernal que azotó al país en el segundo semestre del 2010. Robledo fue el único senador que se opuso a los más de 20 decretos firmados por el Gobierno y aunque no lo demandó, la Corte Constitucional los tumbó por su cuenta, entre otras, con argumentos similares a los del senador del Polo.

Ley Lleras 2.0

En el primer semestre del año 2012, el Congreso batió todos los récord al aprobar una ley para que entrara en plena vigencia el TLC con Estados Unidos. Fue aprobada, de forma tan acelerada, para que el presidente Barack Obama la recibiera en su visita a Cartagena, durante la Cumbre de las Américas celebrada en abril de ese año.

Esa ley incluía un polémico conjunto de artículos sobre propiedad intelectual y derechos de autor sobre el contenido publicado en internet, con disposiciones drásticas similares a las que planteaba la ley S. O. P. A. en Estados Unidos y que abrió un polémico debate en todo el mundo.

En Colombia se le bautizó Ley Lleras 2.0 (pues la impulsó el entonces ministro Germán Vargas Lleras), y Robledo la calificó “una protección desproporcionada de la propiedad intelectual en contra del derecho fundamental de la información”.

Al senador no le hicieron caso en el Congreso, por lo que recurrió a la Corte. Demandó la norma por vicios de forma y de fondo, la Corte, en el año 2013, falló a favor de su demanda. La ley se cayó.

El fuero militar

Si hubo un tema que desgastó al Congreso en el año 2012 fue la reforma constitucional para ampliar el fuero militar. Era un reclamo de la tropa, para tener mayor seguridad jurídica a la hora de combatir los grupos armados al margen de la ley, pero que tuvo múltiples críticas ante la posibilidad que conductas como los falsos positivos pasaran de la justicia ordinaria a la penal militar y, así, pudieran quedar en la impunidad.

El representante Germán Navas Talero, un viejo zorro en la letra menuda de la ley, que tenía el antecedente de haber sido el que denunció la yidispolítica y el que destapó las irregularidades del referendo para la segunda reelección de Álvaro Uribe, puso la lupa en todos los debates del fuero militar y encontró vicios de procedimiento con los que demandó esta reforma ante la Corte Constitucional.

Esta vez Navas Talero no estuvo solo, congresistas de otros partidos como el liberal Guillermo Rivera o Ángela Robledo del Partido Verde, presentaron la demanda. La Corte señaló que la aprobación del fuero penal militar violó el reglamento del Congreso.

Las que vienen

En suma, al Polo Democrático no le ha quedado otro camino que el jurídico para hacer oposición. Si no los oyen en el Congreso, pues sus ocho parlamentarios no son ni siquiera el 5 % del Capitolio, el único camino parece ser el de la Corte Constitucional.

Allí se estudian otras tres demandas, también tramitadas por congresistas del Polo. Alirio Uribe demandó la nueva reforma al fuero penal militar por razones de fondo, al igual que la ley que incorpora el sistema penal acusatorio en la justicia penal militar.

Por su parte, Jorge Robledo inició una de sus más duras batallas en la Corte al demandar la controvertida ley Zidres, que fue sancionada por el presidente Juan Manuel Santos hace sólo dos semanas, en su visita a Orocué (Casanare).

Probablemente el Gobierno esté más atento a otras decisiones de la Corte Constitucional, pero las demandas del Polo, sin mayor ruido, ya le han tumbado cuatro normas. Por eso Robledo admite que el camino de las altas cortes para oponerse a las políticas que considera “peligrosas” del actual gobierno “parece ser más efectivo”. De momento, cero y van cuatro.