¿POR QUE NO CAE EL GOBIERNO?

HISNARDO ARDILA, UN personaje a quien pocos recuerdan hoy, hizo una fiesta para el matrimonio de su hija siendo alcalde de Bogotá hace 10 años. Durante la celebración tocaron ocho músicos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá que interpretaron algunas melodías clásicas. Los músicos le salieron gratis al alcalde pues estaban en la nómina de la Filarmónica, que era una dependencia del Distrito. Este hecho fue denunciado y el resultado fue la caída del burgomaestre y el encarcelamiento durante 10 meses para Raúl García Rodríguez, director de la orquesta, e Hilda Pace de Restrepo, directora administrativa de la agrupación, quienes autorizaron las tres horas de música.
José Manuel Arias Carrizosa era un político en ascenso con posibilidades presidenciales. Cuando era ministro de Justicia de Virgilio Barco lo acusaron de un episodio ocurrido cuando era embajador en Cuba en 1980. Como los diplomáticos tienen derecho a importar un vehículo libre de impuestos y venderlo un año después, Arias le vendió el cupo de importación a un conocido comerciante de automóviles. Por cuenta de esa práctica -que era absolutamente común hasta entonces- tuvo que renunciar al Ministerio.
Rodrigo Turbay Cote, representante a la Cámara por el Caquetá, asistió a un homenaje social en honor de Evaristo Porras Ardila, el conocido 'benefactor' del Amazonas. Su presencia en esa fiesta multitudinaria fue denunciada públicamente y por eso fue expulsado de manera fulminante del Partido Liberal a finales de 1993.
Todo lo anterior indica que en Colombia por asuntos relativamente triviales caen personas relativamente importantes. Por eso, desde cuando explotó el escándalo del proceso 8.000 todos los colombianos han especulado sobre las posibilidades de supervivencia del gobierno. No porque el proceso 8.000 sea poca cosa. Sino precisamente por todo lo contrario: porque es muy grave. Tan grave que la razón por la cual el gobierno se pudo posesionar después de que aparecieron los narcocasetes es porque nadie creyó que el contenido de éstos pudiera ser auténtico. Esa autenticidad implicaría una alianza tácita entre la mafia y la campaña de Ernesto Samper.
En los narcocasetes, el periodista Alberto Giraldo le comunica a Miguel Rodríguez Orejuela que acaba de tener lugar una reunión entre "Eduardo, el número uno y el que va a ser nombrado número uno de los verdes". De acuerdo con el testimonio de Santiago Medina a la Fiscalía, estos nombres correspondían a Eduardo Mestre, Ernesto Samper y Fernando Botero. La conclusión de este encuentro fue que la Presidencia de la República estaba en manos de los Rodríguez Orejuela, pues se habría llegado a unos acuerdos con la campaña de Ernesto Samper. En una llamada posterior Giraldo le concreta a Rodríguez que "la realidad es que necesitan 5.000 millones de pesos". Y le agrega que la campaña no cuenta con el dinero de Julio Mario Santo Domingo para cubrir ese faltante.
Por último, en una conversación días después, esta vez entre Gilberto Rodríguez Orejuela y Giraldo, el jefe del cartel de Cali le comunica al periodista que "nosotros ya hemos mandado cuatro", a lo cual Giraldo responde "ese Samper si está dando manifestaciones de ser buen amigo". Gilberto Rodríguez Orejuela, desconfiado lo interpela entonces, y le dice: "Ojalá no se le. dañe el corazón en el camino a ese h. p".
Fuera de Andrés Pastrana prácticamente nadie creyó que esas conversaciones pudieran ser reales. Se habló de suplantación de voces y de manipulación, adulteración y edición de casetes. Los que opinaron que las voces eran reales creyeron que se trataba de una locura de Alberto Giraldo para impresionar a los Rodríguez Orejuela, o de un montaje del cartel de Cali para desprestigiar al nuevo gobierno. Lo único que nadie creyó es que el cuento fuera verdad.
Ahora, un año después, la Fiscalía ha dictaminado que todo era verdad. Las grabaciones eran auténticas. Su contenido era real. La intención de financiar la campaña existió y ésta recibió conscientemente el dinero. Por cuenta de esto, casi todos los protagonistas de este episodio están en la cárcel. Desde ese momento la gente no deja de preguntarse: ¿si el argumento para que el gobierno se mantuviera en el poder era que lo que decían los narcocasetes era mentira, por qué no se ha caído después de que se confirmó que todo es verdad?
La respuesta a ese interrogante no es sencilla, pues tiene una combinación de elementos de buena suerte, buen manejo y sobré todo de falta de una oposición efectiva. La buena suerte consistió en que el escándalo comenzó por el final. Si los casetes hubieran aparecido ahora, estos serían la confirmación definitiva de todos los rumores y de las investigaciones de la Fiscalía. Así sucedió en el caso de Watergate. El escándalo había durado año y medio hasta que un día se reveló que existían grabaciones de lo sucedido. Tres días después de que fueran divulgadas en su totalidad, el presidente Nixon renunció. Las grabaciones fueron consideradas la prueba definitiva. En Colombia sucedió exactamente lo contrario: se comenzó con la prueba definitiva. Como nadie creyó en ésta en su momento, se perdió el impacto del escándalo y la opinión pública se fue familiarizando con los hechos.
El gradualismo del proceso permitió que el Presidente manejara políticamente la crisis. El solo hecho de que hoy esté sentado en el Solio de Bolívar demuestra que este manejo ha sido acertado. Su estrategia básica consistió en judicializar lo que era un escándalo político. Hace un año los colombianos discutían si la elección presidencial había sido comprada por el cartel de Cali. Hoy nadie discute esto. El interrogante en la actualidad es si el Presidente sabía o no sabía. Y como hasta ahora nadie ha salido con esta prueba, Ernesto Samper no puede ser declarado culpable.
Si el primer mandatario no ha cometido ningún delito, su permanencia en el poder tiene que depender del apoyo político, tanto del pueblo como en el Congreso. Y en este sentido, Samper ha sido muy hábil. Lo del Congreso es más comprensible pues depende del Ejecutivo para su supervivencia. Pero lo curioso es que ha contado con reacciones populares a su favor que han desconcertado hasta a los politólogos.
El proceso 8.000 está dejando la sensación de ser un escándalo para la clase dirigente. El narcotráfico y los dineros calientes indignan más a los miembros de la clase social de Ernesto Samper y Fernando Botero que a los sectores populares. La alta sociedad está polarizada como nunca antes alrededor de los 5.000 millones de pesos de los Rodríguez Orejuela. En esos círculos hay un puritanismo frente a la contaminación con el narcotráfico que ha roto esa unidad monolítica de clase que siempre había imperado. De ahí que relaciones personales y familiares de toda una vida se hayan resquebrajado. Por esto han surgido posiciones inusualmente críticas frente al gobierno de algunos periodistas, políticos y empresarios que tradicionalmente habrían apoyado al sistema, pero que en esta ocasión consideran más importante la verdad que la solidaridad con el régimen. En esas altas esferas se consideraba que la narcopolítica era una realidad entre los caciques de provincia, pero no en el mundo de los Samper Pizano o de los Botero Zea.
Sin embargo, fuera de la indignación de una parte de su grupo social, la mayoría de los colombianos no registra esta indignación. Ernesto Samper es percibido como un hombre bueno que ha hecho lo mismo que todos y que ha sido perseguido injustamente. El narcotráfico en la provincia es más un factor económico que un peligro social y moral. Por eso a la gente no le sorprende que los ricos del pueblo financien la política.
Por su parte, Ernesto Samper y Fernando Botero no son percibidos como unos políticos corruptos que querían enriquecerse sino como personas decentes que tuvieron un pánico electoral. Esta es una realidad que les ha permitido mantener su prestigio a pesar de todo el escándalo y que les ha dado la imagen de dignos y verticales ante la adversidad. Por eso las encuestas demuestran que la mayoría de los colombianos cree que el dinero del cartel de Cali entró, cree igualmente que el presidente Samper sabía y aun así cree que no debe renunciar.
Esta actitud de la gente de la calle tiene mucho más peso político que las opiniones de amigos desilusionados de Ernesto Samper que hablan mal de él en todos los cocteles.
Por último, hay dos circunstancias particulares que han fortalecido la posición del Presidente. La primera es la detención de Fernando Botero. La opinión pública y la justicia necesitaban un pez gordo para que se calmaran los apetitos y quedara identificado un máximo responsable. Al ex ministro de Defensa le ha correspondido jugar este papel y su retención penitenciaria ha disminuido la presión sobre el primer mandatario y ha dejado la impresión de que no ha habido impunidad total frente al escándalo.
Pero sin duda alguna lo que más le ha servido a Ernesto Samper es la incertidumbre sobre quién lo sucedería. Constitucionalmente el derecho lo tiene Humberto de la Calle, en su calidad de Vicepresidente. Sin embargo, si bien tiene legitimidad jurídica, existen serias dudas sobre la legitimidad política de la sucesión por parte del Vicepresidente por haber sido elegido con los mismos recursos que Ernesto Samper. Más dudas despierta aún la posible elección de un presidente interino por parte del Congreso. Es tanta el agua sucia que le ha caído a esa corporación que muchos temen que el elegido podría ser un congresista de menos de tres en conducta. Esta falta de claridad sobre la transición gubernamental ha generado una sensación de salto al vacío en la eventualidad de la renuncia del Presidente. La mayoría de los colombianos prefiere quedarse con Ernesto Samper que abrirle la puerta a la incertidumbre.
A todo lo anterior se suma el hecho de que Ernesto Samper ha demostrado tener una sorprendente capacidad de aguante. Siempre ha sido un político tenaz con capacidad para superar las crisis. Pero en esta, que ha sido la crisis de su vida, ha hecho gala no solo de tenacidad sino de una casta que todo el mundo le reconoce.