¿Por qué no se sabe cuánto cuesta la aspersión aérea?

Durante la audiencia de seguimiento a la aspersión aérea, el magistrado Linares Cantillo tuvo que repetir la pregunta, “¿Cuánto cuesta asperjar con glifosato una hectárea de coca?”, tal vez insistió porque la primera respuesta del ministro de Defensa le generó una enorme duda al escuchar una cifra 50 veces menor a la que esperaba. Al segundo llamado del magistrado respondió el ministro Botero reafirmándose: “Según la región entre dos y cuatro millones”.

La polémica la abrió el exministro Alejandro Gaviria quien cuestionó la estimación oficial y volvió a tasar en 200 millones la hectárea asperjada, pero el golpe más duro a las cuentas del ministro fue la publicación que hizo la subdirectora de Dejusticia de un derecho de petición donde una entidad oficial totalizaba en 70 millones el costo por hectárea.  

Lo que se sabe de la estimación (o subestimación) de los costos del Mindefensa es que esta se hace en función de una matriz de capacidades y no surge de un costeo sistemático, esa es una metodológica válida en la que el MDN trabaja desde más de seis años, emulando el sistema OTAN, pero que tiene limitaciones. Lo que no aclaró el ministro Botero (o sus asesores no le aclararon a él) es que el programa de aspersión requiere no de una sino de varias capacidades, y que en su estimación de un par de millones por hectárea no se incluyen ni la seguridad en tierra que presta el ejército, ni buena parte de la capacidad aeronáutica de soporte a la aspersión aérea, ni tampoco una proyección de gastos futuros como las pensiones de los uniformados o las depreciaciones de bienes y activos empleados, entre otros factores excluidos de la contabilidad.

Este costo no es nada fácil de estimar, entre los años 2016 y 2017 con un equipo de investigadores de Fedesarrollo, la FIP y coordinados técnicamente por Planeación Nacional quisimos resolver estas y otras preguntas sobre los costos de la política antidrogas. En este ejercicio se hicieron reveladoras estimaciones sobre las dinámicas de gasto público para casi todas las entidades y rubros de la política de drogas (prevención, tratamiento, desarrollo alternativo, sistema judicial, etc.), pero quedó excluido todo el sector Defensa. La razón de la exclusión fue por las instrucciones directas del ministro de Defensa de la época que le negó al DNP y dos de los centros de pensamiento más importantes del país el acceso a la información de gasto público en su sector.

Por ese veto vigente al acceso a la información es que hoy no tenemos certeza del costo de la aspersión aérea, ni credibilidad en la cifra oficial.

Ante la evidente inconsistencia en los números, ahora resulta que en vez de tener una reflexión técnica y constructiva sobre las diferencias entre el costo calculado por el MinDefensa y la estimación 35 veces mayor que hizo la funcionaria de la Presidencia (con la información parcial a la que tuvo acceso) y explicarle al país la causa de la brecha, la reacción oficial fue (según lo confirmó el portal La Silla Vacía) la solicitud de la carta de renuncia inmediata a esta funcionaria.

Así las cosas, la pregunta del magistrado Linares sigue sin respuesta, el detalle de los costos de la aspersión aérea se mantiene engavetado bajo rótulos de “confidencial” y “secreto”, y una funcionaria honesta se quedó sin trabajo.  

Anticipo: Los costos de la aspersión son un problema menor comparado con el castillo de naipes que es la estimación de la tasa de resiembra de coca.  

@danielmricov