Aborto

Mónica Roa no ha sido amenazada por la guerrilla. Tampoco por los paramilitares. No ha incomodado a ningún narcotraficante. Sin embargo, el Ministerio de Defensa conceptuó que la vida de esta bogotana de 29 años corría peligro y le asignó un escolta. Paradójicamente, las intimidaciones de las que es víctima vienen del sector que defiende de manera más radical el derecho a la vida. Mónica Roa es la abogada que el pasado 14 de abril demandó ante la Corte Constitucional el artículo del Código Penal que convierte el aborto en delito.

Mónica no ha vuelto a recibir amenazas contra su vida como sucedió en un principio. Pero hace dos meses, alguien entró en su casa en la madrugada y le robó su computador y su agenda electrónica. En un encuentro en el Concejo de Medellín fue acusada sucesivamente por miembros del auditorio de ser "enviada de las multinacionales de la muerte". En un foro, la semana pasada, en el Centro Gilberto Alzate Avendaño, en Bogotá, le ocurrió algo que la asustó mucho. El auditorio y el panel estaban compuestos mayoritariamente por defensores de la penalización. Muchos de ellos colgaban chupos de bebé del cuello. Sus dos colegas de panel utilizaron fotos de fetos en formación para explicar cómo con el aborto se acababa una vida humana. Hasta ahí todo iba bien. Pero no se limitaron a eso. Al mostrar cada foto decían: "Esta es la señora Mónica Roa a las tantas semanas de gestación, que está aquí gracias a que no abortó". Y así sucesivamente. Luego, en la sesión de preguntas fue acusada varias veces de "promover la masificación del aborto y el genocidio de niños". También la exhortaron a devolverse a Nueva York. Ya al final, se le acercó una señora mayor con una mujer de unos 30 años. Roa dice que la señora le dijo que quería abrazarla porque "ambas tenían mucho en común". Luego, le dijo, "te presento a mi hija que estuve a punto de asesinar".

"Por eso me siento insegura. Los ánimos se están fundamentalizando, dijo Roa a SEMANA. Tengo miedo de las personas radicales que sienten que lidero un proceso que se tiene que parar como sea".

Aunque no es la primera vez que en Colombia alguien busca descriminalizar la interrupción del embarazo en casos extremos -cuando es producto de una violación, cuando la vida de la madre corre peligro o cuando las malformaciones del feto son tales que no podrá sobrevivir durante más de unos días- por primera vez existe una posibilidad real de lograrlo. Por eso, el debate que se ha desatado alrededor del tema -, y que en el pasado se había circunscrito a un rifirrafe entre los jerarcas de la Iglesia y las feministas- ha alcanzado una dimensión nacional sin precedentes.

La semana pasada, el presidente Álvaro Uribe se manifestó públicamente frente al tema, al anunciar que la firma del Protocolo facultativo de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw) no obligaba al gobierno a despenalizar el aborto. En respuesta, un día después, el editorial de El Tiempo rechazó categóricamente su pronunciamiento: "Uribe no es sólo el mandatario de los católicos que rechazan el aborto, sino de todos los colombianos". El Espectador no se quedó atrás. La semana pasada invitó a la première de la película Vera Drake, la historia de una mujer condenada en Inglaterra por practicar abortos clandestinos a mujeres pobres y desesperadas. El viernes fue el turno del diario conservador El Nuevo Siglo: dedicó su editorial a defender tanto la vida del feto como la injerencia de la Iglesia Católica en los asuntos nacionales.

Entre los columnistas el debate ha ido creciendo como espuma y no se ahorran adjetivos. En Semana.com las abogadas Isabel Cristina Jaramillo y Helena Alviar alegaron que meter a una mujer a la cárcel por abortar violaba el derecho a la igualdad. En el mismo medio, el científico Antonio Vélez escribió: "Una personita, dicen los que están a favor de penalizar el aborto, para conmovernos. ¡Cuál personita! Un conglomerado simple de células. Para llegar a poseer un mínimo de lo que llamamos humanidad, es necesario que aparezca la complejidad programada en el ADN...Y ésta no se logra sino varias semanas después de la fecundación". En contraposición, el columnista y experto en derecho internacional Rafael Nieto Loaiza ha escrito dos columnas en El Tiempo criticando desde el ámbito del derecho internacional la estrategia de la abogada Roa, a la que califica de un montaje que asalta la buena fe de los colombianos. "La trama está descubierta. Ahora lo que debe darse es la discusión seria: si es lícito y ético el aborto voluntario, o si debe defenderse la vida". El columnista también defiende que la discusión sobre el aborto se dé en el Congreso, que es el escenario por excelencia de la democracia, y no en los tribunales. No pasaron tres días para que la columna de Nieto Loaiza fuera duramente respondida. La periodista Marianne Ponsford se vino lanza en ristre: "Creo que ha llegado la hora de dejar de querer tanto a los fetos del mundo y comenzar a amar más y mejor a los millones de niños que malviven y sufren en nuestro país", dijo Ponsford en su columna 'Los lapsus de Nieto Loaiza'.

El debate se ha trasladado a las aulas universitarias, a los foros y a las calles. Los 28 de cada mes, las organizaciones de mujeres hacen un plantón en diferentes parques de Bogotá para exigir la despenalización. En las altas esferas del Estado hay todo menos consenso. A raíz de la demanda de Roa, la Corte Constitucional pidió conceptos a las principales entidades relacionadas con el tema. Las opiniones fueron de un extremo a otro. Desde la sorprendente -por poco técnica- postura del Ministerio de Protección Social, que comparó el aborto con "la pena de muerte del 'nasciturus' por culpa que no tiene" y con "someter al ser más indefenso y pasivo a la desaparición forzada", hasta la Procuraduría, que abogó por la despenalización en casos extremos. En fin, pocos temas en Colombia han suscitado un debate tan apasionado.

La pelea jurídica

El 14 de abril de 2005, Mónica Roa le pidió a la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad del artículo 122 del Código Penal, que considera que abortar es un delito en cualquier circunstancia. Roa alega en su demanda que castigar a una mujer por interrumpir su embarazo cuando se encuentra en peligro su vida o su salud, cuando el embarazo es el resultado de una violación, y/o cuando el feto sufre una malformación incompatible con la vida extrauterina viola el derecho a la igualdad, a la vida, a la salud, a la dignidad y al desarrollo de la personalidad de las mujeres.

El fundamento jurídico de su demanda son las recomendaciones de los comités de derechos humanos de la ONU. Estos comités, encargados de monitorear el cumplimiento de los tratados internacionales firmados por Colombia -como el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos y la Convención Interamericana, entre otros-, le han recomendado en reiteradas ocasiones al gobierno despenalizar el aborto por ser la tercera causa de mortalidad materna en el país (ver recuadro).

Bajo el derecho internacional estas recomendaciones son eso, recomendaciones. Pero la Corte Constitucional colombiana ha reconocido en varios fallos que estas sugerencias sí obligan al Estado. Igual concepto tiene el Procurador. Bajo la figura del 'bloque de constitucionalidad', la Corte ha dicho que los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia sirven para interpretar el alcance de los derechos en la Constitución. Y en sentencias como la T6-90 de 2004, sobre la legalidad de las requisas vaginales a las mujeres que visitan presos, el magistrado ponente, Álvaro Tafur Galvis, utilizó un comentario de la Comisión Interamericana para llegar a la conclusión de que esa práctica era considerada un trato cruel a las mujeres y que, por lo tanto, debía ser prohibida.

Porque la Corte ya ha fallado en esta dirección y porque su jurisprudencia se ha ido liberalizando en los últimos años respecto al tema, Roa está convencida de que tiene grandes posibilidades de ganar. Lleva varios años preparándose para que así sea. Roa trabaja con Women's Link Worldwide (WLW), una ONG internacional dedicada a fomentar el uso del litigio estratégico a favor de los derechos de las mujeres. Es decir, a utilizar las Cortes para promover el cambio social. En Suráfrica, por ejemplo, una ONG realizó una estrategia similar para acabar con la prohibición del sexo entre homosexuales.

Financiada por WLW, Roa viajó a varios países para investigar qué tipo de estrategias habían sido efectivas con los jueces para promover los derechos sexuales y reproductivos. Luego estudió a fondo la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los tratados internacionales firmados por Colombia. Habló con abogados, con grupos de mujeres, con periodistas y con sociólogos, para definir el curso más inteligente para tumbar la prohibición penal. "En ese sentido es estratégica la demanda. Une a diferentes personas que están trabajando el tema alrededor del proyecto de la demanda. Es como una obra de teatro: cada uno juega un rol diferente en una sola obra", dijo Roa a SEMANA.

Ella ha jugado el rol de moderada. Varios grupos de feministas que apoyan a Roa abogan por la despenalización total del aborto. Las Católicas por el Derecho a Decidir se han encargado de dar el debate desde la perspectiva religiosa. Varios médicos han esgrimido el argumento de la salud pública. ONG internacionales como Human Rights Watch han argumentado que la penalización viola los derechos humanos, etc. La prestigiosa Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Yale, así como el grupo de derecho de Harvard, presentaron argumentos de derecho comparado. Y hasta el reconocido centro de investigación médica, el Instituto Alan Gutmacher, con sede en Nueva York, intervino durante las audiencias ciudadanas en la Corte, con el argumento de que en los países donde se ha liberalizado el aborto éste tiende a disminuir en el mediano plazo.

El apoyo académico y financiero internacional con el que cuenta Roa ha sido duramente criticado por el movimiento laico y religioso que se opone a la despenalización del aborto. "Hay una red internacional que ha escogido a Colombia como el lugar ideal para legalizar el aborto porque el órgano que lo decidirá está politizado", dijo un comunicado interno de la red Futuro Colombia. "Quienes financian las asociaciones promotoras del aborto en Colombia históricamente han financiado a otras asociaciones que en su momento han difundido la campaña abortista a nivel mundial", agregó. Para sustentar su argumento, demuestra cómo tanto la ONG para la que trabaja Roa, como el Center for Reproductive Rights, que financió su libro Cuerpo y Derecho: legislación y jurisprudencia en América Latina, prologado por el magistrado Manuel José Cepeda -quien fue recusado por ello a pesar de que nunca se refiere al aborto- reciben donaciones de la Fundación Ford.

Los defensores

Los partidarios de mantener la prohibición total del aborto tampoco se han quedado quietos y también tienen vínculos internacionales. En Internet, el tema de la demanda de Roa ha suscitado comentarios desde Argentina hasta Israel. Y los 'pro-vida' también tienen toda una estrategia para evitar el cambio de legislación.

Una semana después de que Roa presentara su demanda, Aurelio Ignacio Cadavid, fundador de la red Vida y Familia, impugnó su admisión. Cuando la Corte negó su solicitud, Cadavid pidió anular el proceso. Cuando su petición fue negada, otras personas presentaron una demanda 'clon' con los mismos argumentos de Roa, pero mal desarrollados. Podría ser una casualidad, pero es posible que el demandante buscara que la Corte desestimara sus pretensiones y luego, cuando se encargara de la de Roa, dijera que ya era cosa juzgada. En todo caso, la Corte revisó primero la de Roa.

Paralelamente a estas estrategias legales, la red Futuro Colombia y Laicos por Colombia lanzaron una campaña en todos los medios de comunicación, en contra de la demanda. Varias organizaciones laicas firmaron los avisos de página entera en El Tiempo pagados por José Galat, rector de la Universidad Gran Colombia, así como propagandas en Telecolombia, equiparando el aborto al holocausto. "El dinero del imperialismo antidemográfico quiere agregarle a la guerra insurreccional la guerra de las madres contra sus hijos", dijo Galat a SEMANA para un artículo ya publicado. "Es una contradicción decir que no nos gustan las masacres de las AUC, pero sí las de las madres contra sus bebés".

En la misma línea de comparar el aborto con el homicidio, el ex congresista Carlos Corsi está promoviendo su libro El genocidio que se viene, y se pronunció la Iglesia, que recogió dos millones de firmas de los fieles católicos para pedirle a la Corte mantener la sanción penal del aborto.

El desenlace

¿Qué viene ahora? El magistrado de la Corte Constitucional Álvaro Tafur tiene plazo hasta el 13 de septiembre para registrar el proyecto de sentencia. A partir de entonces, la Corte cuenta con 60 días hábiles para fallar. Es decir que antes del 12 de diciembre se sabrá si el aborto sigue siendo un delito en todas las circunstancias.

La conveniencia de liberalizarlo en circunstancias extremas indica que ya llegó la hora de iniciar un cambio de la legislación que reconozca las tendencias de la sociedad en este tema y del mundo. Colombia es parte del 0,4 por ciento de los países del mundo que lo prohíben en toda circunstancia.

Aunque la ilegalidad de esta práctica no permite saber con certeza cuántos se practican, el Ministerio de Protección Social calcula que en Colombia ocurren entre 200.000 y 400.000 abortos inducidos por año. La mayoría son practicados por mujeres de escasos recursos, casadas y con hijos. El aborto es un problema de salud pública en Colombia. Según todos los expertos, se genera fundamentalmente por la ocurrencia de abortos inseguros realizados clandestinamente para evitar terminar en la cárcel.

En cambio, como lo afirma Ana Cristina González, la anterior directora de Salud Pública del Ministerio de Protección Social, en su documento 'La situación del aborto en Colombia: entre la ilegalidad y la realidad', la despenalización resulta en descensos inmediatos en la mortalidad de las mujeres. "En Carolina del Norte (Estados Unidos) la mortalidad materna debida al aborto inducido se redujo casi en 85 por ciento en un período de cinco años una vez que el aborto fue despenalizado. En cambio, en Rumania la política prenatal del régimen de Ceaucescu resultó en su momento en la tasa más alta de mortalidad materna en todo Europa", afirma González.

¿Por qué debe ser más importante la vida del feto que la de la mujer? ¿Por qué una mujer violada está obligada a cargar con el hijo del victimario en su vientre? Acaso no es escalofriante que una mujer tenga que dar a luz un bebé -si así se puede llamar- con todo tipo de malformaciones a sabiendas de que se va a morir en los próximos días. El debate en torno del aborto debe darse con menos fundamentalismos y más argumentos. Hoy por hoy, el aborto se no es sólo un problema grave de salud pública, sino que es la única causa prevenible de mortalidad materna. La legislación colombiana en esta materia está en mora de ponerse a tono con la internacional que respeta los derechos de la mujer. Colombia no puede seguir haciendo parte del puñado de países del mundo que lo prohíben en su totalidad. Hasta Irán, uno de los países más represivos contra la mujer, acaba de legalizar el aborto en circunstancias extremas.

Una vez más, la Corte Constitucional tiene la palabra.