Powerchina: un remedio peor que la enfermedad

El pasado 22 de febrero, Cormagdalena informó del inicio de un nuevo proceso de caducidad sobre contrato de APP 01 de 2014 contra Navelena. Esta decisión está motivada por el incumplimiento del cierre financiero del proyecto de navegabilidad del río Magdalena, ocasionado por el escándalo de corrupción de Odebrecht, que posee el 87% de la sociedad.

La corporación autónoma también informó que llevará a cabo el análisis de la carta de intención presentada por la empresa China Powerchina para identificar si esta empresa reúne los requisitos exigidos para asumir a título de cesión el contrato de APP de recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena.

Se repite la historia

Acerca del proceso de caducidad y de la posible cesión del contrato, llama la atención que aunque el gobierno afirma que no otorgará más plazo a Navelena para lograr el cierre financiero, y que declarará la caducidad tan rápido como sea posible, también señala que es preferible que suceda primero la cesión. El efecto si la cesión sucede primero es que Navelena y sus socios se salvarían de que les declaren la caducidad, medida que implicaría como sanción la imposibilidad de contratar con cualquier entidad pública.

Lo llamativo del manejo que se le ha dado al proceso es que se asemeja a lo sucedido en la segunda mitad del año pasado donde Cormagdalena indicó que tenía dos cartas de intereses de consorcios internacionales para ceder a Odebrecht y posteriormente que las empresas Mexicanas Ideal y FCC Américas también estaban interesadas. Sin embargo, estos intereses no llegaron a concretarse, y tuvieron como efecto que el proceso de caducidad se prolongara, hasta que pudieran presentar un cierre financiero que nunca se materializó.

De nuevo China en el río más importante de Colombia

Entre tanto, las intenciones del gigante asiático en tener presencia en el principal río de Colombia no son nuevas. Es de recordar que los chinos fueron quienes realizaron el Plan de Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena, mediante la empresa Hydrochina, el cual contiene proyectos como hidroeléctricas, puertos y la navegabilidad del río, entre otros. Dicho Plan fue realizado sin contar con la intervención del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ni con la participación de las comunidades que se podrían ver afectadas con los diferentes proyectos.

Al respecto del mencionado plan, en columna del 13 de abril del 2015 el ambientalista Gustavo Wilches-Chaux se preguntaba ¿Qué buscan los chinos en el Magdalena? destacando la intervención de empresas de ese país que no sobresalen por el respeto al medioambiente y a las comunidades.

La preocupación por la presencia de empresas chinas en el país tiene antecedentes de incumplimiento de la normativa ambiental y de entrar en conflicto con las comunidades indígenas y campesinas en Colombia. Tal es el caso de la empresa Emerald Energy PLC por los proyectos de explotación petrolera en los departamentos de Caquetá y Putumayo en el Amazonas Colombiano.

Situaciones idénticas se han vivido en países latinoamericanos como Ecuador, Perú, Argentina entre otros. Y es que el boom de la inversión del país asiático en Latinoamérica ha aumentado la presión sobre los recursos naturales y las comunidades aledañas a estos proyectos.

Ahora bien, específicamente Powerchina, que quiere remplazar a Navelena en el contrato, tampoco ha sido ajena a las denuncias por violaciones a los derechos humanos y al medioambiente. Por ejemplo, en Honduras la empresa no realizó el proceso de consulta previa con comunidades indígenas presentes en el área de influencia de una hidroeléctrica. En Ecuador ha sido criticada por violación a los derechos humanos y daños ambientales por la Hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair y responsabilizada por un desastre ocurrido en el 2014 donde murieron 14 trabajadores. Por su parte, en Bolivia tiene en la actualidad un proceso administrativo sancionatorio por violar la Ley forestal del país. Finalmente, en Camboya la comunidad afectada por una hidroeléctrica denunció ante la ONU que esta empresa omitió la consulta previa de comunidades étnicas y otras vulneraciones a los derechos humanos.

A pesar de las críticas realizadas sobre el plan de aprovechamiento del río y las ya conocidas denuncias de violación a los derechos humanos de las empresas chinas, el Estado ve con buenos ojos la participación de Powerchina en el proyecto y en general de la participación y financiación china en proyectos de infraestructura y de industrias extractivas. Desde el año 2012 se han suscrito varios tratados de cooperación financiera, comercial y técnica entre Colombia y China, estableciendo un contexto de cooperación de mercado apropiado para el ingreso de dicha inversión.

En conclusión, si Powerchina quiere entrar en el proyecto del río Magdalena, lo ideal es que sea mediante un proceso público y transparente en el cual se presenten más opciones y se escoja la mejor, para garantizar el desarrollo sostenible del proyecto, principalmente asegurando la protección del río más importante del país y las comunidades aledañas a este. Porque el país, además de la corrupción, también está cansado de las injusticias, la omisión a los derechos humanos y el daño al medioambiente.