Presidentes del Congreso: historias para no creer

Los congresos o los parlamentos del mundo no están exentos de corrupción. La manera como están diseñados los hace propensos a ella. En Brasil, por ejemplo, acaban de destituir al senador insignia de la lucha contra la corrupción, paradójicamente, por sus nexos con una red de apuestas ilegales y lavado de dinero. En Estados Unidos, desde 2005, están haciendo la lista de ‘los más corruptos’ del Congreso y han puesto a 65 congresistas en este paredón. Y el Reino Unido se sacudió hace un par de años con el escándalo de los parlamentarios que pagaban hipotecas y demás gastos personales con dinero público.

Pero de lo que si no se tiene noticia es de un país, como es el caso de Colombia, en el que 12 de los últimos 13 presidentes del Congreso hayan tenido que rendir cuentas a la Justicia. Eso quiere decir que prácticamente todos los que han sido elegidos como voceros máximos y líderes del poder legislativo en este siglo han terminado o en la cárcel o en líos judiciales. La única que se salva es Claudia Blum, que fue presidenta del Congreso por el partido Cambio Radical entre 2005 y 2006.

El dato es impactante. Pero para ser justos hay que hacer unas diferencias porque no todos los líos son de la misma gravedad. De esos 12 solo cuatro han sido condenados, es decir sobre ocho de ellos todavía cabe la presunción de inocencia. De hecho, de estos, ya dos han sido absueltos, Carlos García, que acaba de demandar al Estado por una indemnización de 8.000 millones de pesos, y Nancy Patricia Gutiérrez, que fue absuelta en un caso pero le queda otro pendiente.

Estos indicadores de los líos judiciales de los expresidentes del Congreso cobran importancia ahora porque la Corte Suprema ordenó, la semana pasada, la detención de la congresista Dilian Francisca Toro, que por dos periodos consecutivos obtuvo una de las votaciones más altas del pais. La Corte, primero, la llamó a indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y días después de escucharla pidió su captura. El caso del que la acusa está relacionado con la compra de una hacienda con tradición mafiosa que era del marido de la senadora, Julio César Caicedo Zamorano, habria adquirido a través de una sociedad de la cual ella y su cuñado son socios. En los últimos días ha trascendido que serían tres las haciendas compradas, que anteriormente habían pertenecido a varios narcotraficantes. La Corte Suprema construyó el proceso con testimonios de capos del narcotráfico y de jefes de las autodefensas, que han hablado de la senadora, así como con documentos de movimientos financieros que comprometerian a la sociedad familiar de la que ella hace parte.

Dilian Francisca Toro no atraviesa una buena racha. A su captura se suman otras denuncias aparecidas en los últimos días: un narco extraditado dijo que en una de las haciendas en cuestión hay una fosa común donde fueron enterrados unos cadáveres de la guerra mafiosa que vivió Cali hace algunos años, antes de que la familia de la senadora comprara el predio; además se conocieron detalles de una investigación de la Superintendencia de Salud en la que se indaga si la parlamentaria ha tenido que ver con el nombramiento de interventores y auditores de las EPS que han entrado en liquidación, y Noticias Uno presentó una noticia según la cual en 1995, siendo secretaria de Salud, la senadora compró un consultorio y un garaje, también propiedad de un testaferro del cartel de Cali ya condenado.

Frente al escándalo, Dilian Francisca Toro insiste en su inocencia y asegura que si bien hace parte de la mencionada sociedad, todos los negocios eran desarrollados por su esposo, “detrás de esta situación hay una clara estrategia de retaliación en mi contra para desprestigiarme”, escribió en su Twitter.

Pero el caso de Dilian Francisca es apenas el más reciente y tiene que ver con presuntos nexos con narcotráfico, a diferencia de los casos de los otros que han tenido que ver en su mayoría con parapolítica.Llama la atención que las cuatro condenas de la Corte Suprema contra expresidentes del Congreso las ha proferido, una tras otra, en los últimos 17 meses. A Mario Uribe y a Luis Humberto Gómez Gallo los condenaron el año pasado, y a Miguel Pinedo y a Javier Cáceres este año. A tres de ellos les aplicaron penas de nueve años y el pago de 6.000 millones de pesos, y para Uribe la pena fue de siete años y medio.

De los otros expresidentes, la que está más complicada por ahora es Dilian Toro, que ya rindió indagatoria y está detenida. Otros casos como los de Luis Alfredo Ramos, Germán Vargas Lleras, Armando Benedetti y Juan Manuel Corzo apenas están en investigación preliminar, también por parapolítica. En cuanto a Hernán Andrade, la Corte le abrió investigación formal por haber recibido financiación para su campaña por parte del cerebro del desfalco a Cajanal.

Los casos de Carlos García y de Nancy Patricia Gutiérrez son significativos porque luego de ser detenidos, él en La Picota y ella con domiciliaria, por más de un año, fueron absueltos y dejados en libertad. A Gutiérrez la absolvieron en el caso de la DAS-política, en el que la investigaban porque supuestamente había incurrido en tráfico de influencias para usar información reservada del desaparecido DAS en un debate contra Piedad Córdoba, pero sigue con su investigación por presuntos nexos con paramilitares. Estos dos casos han servido como ejemplo para quienes cuestionan la decisión de la Corte Suprema de poner tras las rejas a los congresistas cuando son llamados a indagatoria. El propósito de la Corte al detenerlos es evitar que los congresistas muevan influencias, o traten de evadirse, como en su momento lo intentó Mario Uribe al pedir asilo en Costa Rica.

Con o sin matices, el hecho de que 12 de los 13 últimos presidentes del Congreso hayan tenido líos con la Justicia es preocupante. Por el lado del Congreso es la ratificación del grave momento que vive. Luego del escándalo de la parapolítica, que puso a uno de cada tres senadores elegidos en el periodo 2006-2010 tras las rejas, hay quienes pensaban que con el nuevo Congreso se le daría vuelta a la página. Pero no se ha podido. Hace apenas un mes el ‘orangután’ de la reforma a la Justicia dejó, de nuevo, el prestigio del Congreso en la lona y unos días después el escándalo de Emilio Otero, el director administrativo del Congreso, demostró que la capacidad de sorprender de los personajes del Capitolio no tiene límites.

No en vano están apareciendo iniciativas de varios orígenes que buscan la revocatoria del Congreso. Entre otras está la que Piedad Córdoba anunció en el polémico video que fue publicado la semana pasada, y la otra de un grupo de jóvenes que se han unido vía redes sociales; ellos montaron una página (revoquemoselcongreso.co) y dicen estar a punto de completar las 160.000 firmas que necesita para inscribir el comité promotor del referendo.

Todavía está por definirse, entonces, la suerte de siete expresidentes del Congreso en la Corte Suprema y la del Congreso mismo en el terreno de la opinión. Al fin y al cabo, como dijo el propio Winston Churchill “la democracia es la peor forma de gobierno, excepto todas las demás”.