Contraloría revisará acuerdo de privatización de recursos del ICA

El contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, ordenó revisar la legalidad del Acuerdo 002 de 2020, firmado en abril por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

En este documento se contempla el otorgamiento de facultades para que particulares y privados ejerzan funciones administrativas propias de la entidad.

“Toda vez que tal como fue proyectado, y como se reglamente el desarrollo de estas, posiblemente se podría generar una privatización de los recursos que por su origen tarifario y del servicio que se presta tienen calidad de públicos”, explicó el ente de control fiscal.

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Será la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario la que verificará si hay una posible falta de planeación y estructuración del modelo financiero, que puede impactar la prestación del servicio a cargo del ICA, “lo que generaría limitaciones en el acceso a los servicios que desarrollará el tercero particular”.

La revisión de esta entidad se da bajo el uso de sus nuevas facultades para alertar de manera preventiva y concomitante sobre el manejo de los recursos públicos y la gestión fiscal de las entidades del Estado.

En esta revisión alerta sobre “la indebida entrega de funciones administrativas, así como la confusión entre estas, el servicio público que se debe prestar y la indebida aplicación de algunas reglas que rigen la contratación pública”, destacó el contralor delegado para el Sector Agropecuario, Gabriel Romero.

La tercerización de las funciones también es vista por la entidad como un riesgo para el aumento en el costo de los servicios del ICA, pues podrían elevar la tasa o la tarifa para los usuarios de algunos trámites.

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También se destaca que  “la posibilidad de privatización de los recursos aleja y limita a la Contraloría General de la República de su competencia constitucional, al ser estos manejados directamente por un privado sin distinción del ejercicio legal de que trata la norma respecto a la excepcionalidad de funciones administrativas por particulares y el servicio público prestados por estos”.

El acuerdo estaría en revisión en el Ministerio de Agricultura, que no comparte la conveniencia de esta normativa y de la posibilidad de tercerizar algunas funciones. Las dignidades agropecuarias también rechazaron que se realicen este tipo de acuerdos en el ICA.