El 23 de marzo del 2016 se firmará el fin del conflicto

Luego de que el Gobierno y las FARC llegaron a un acuerdo en materia de justicia, el presidente Juan Manuel Santos puso una fecha límite al actual proceso de paz. El mandatario, que no era amigo de poner “fechas fatales” ni límites precisos a la negociación, esta vez se atrevió a hacerlo.
 
Tras un histórico encuentro entre el presidente Santos y el máximo jefe de la guerrilla, Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timochenko’, que se produjo este miércoles en La Habana (Cuba), ambos acordaron que el 23 de marzo del 2016 será la fecha límite para firmar el acuerdo definitivo que le ponga punto final al conflicto armado interno.  
 
“A más tardar ese día –en exactamente seis meses– estaremos dando un adiós definitivo a la última y más larga guerra de Colombia, y no sólo de Colombia, sino de toda América”, explicó Santos.
 
En el encuentro con ‘Timochenko’, también se acordó que las FARC comenzarán a dejar las armas a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final.
 
Santos también explicó los alcances del acuerdo sobre el sistema de justicia que se les aplicará a los miembros de la guerrilla una vez firmen el fin del conflicto y abandonen las armas. Este punto, el de la justicia, “es tal vez el más difícil y el más complejo de definir. Así ha sido en todos los procesos de paz del mundo”, dijo Santos.
 
Según el acuerdo, se determinó la creación de una “Jurisdicción Especial para la Paz” que respetará la institucionalidad, el derecho nacional e internacional, “para que la paz sea duradera”.
 
Por eso, Santos aseguró que la Jurisdicción Especial que se va a crear se conformará  en el marco de la Constitución y las leyes vigentes y respetará los estándares del derecho internacional que Colombia ha suscrito.

“Es una jurisdicción que busca, ante todo, la satisfacción de los derechos de las víctimas –en particular el derecho a la justicia–, pero también sus derechos a la verdad, a la reparación y a la no repetición”, explicó Santos.

También les da a las organizaciones de víctimas y de derechos humanos la oportunidad de intervenir para que se inicien los procesos judiciales y se sentencie a los responsables.
 
La nueva jurisdicción tendrá en cuenta las investigaciones y sentencias de nuestros fiscales y jueces, pues, según el mandatario, es un trabajo de décadas que se valorará y será punto de partida esencial”. Santos insistió en que no se acordó un sistema extrajudicial.
 
Lo que se acordó fue que la jurisdicción especial que va a investigar, juzgar y sancionar a través de un tribunal –con unas salas especializadas de justicia–, integrado por magistrados de las más altas calidades, a los responsables de delitos cometidos con ocasión del conflicto, en especial los más graves y representativos.
 
Eso sí el mandatario aseguró que se podrán otorgar amnistías o indultos para los delitos políticos y sus conexos. “Es común que a la terminación de los conflictos –y así lo establece el derecho internacional humanitario y lo permite nuestra Constitución– se otorguen”. Para ello habrá una ley de amnistía que precise qué delitos son conexos al delito político.
 
Para los delitos como los crímenes de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra, el secuestro, las ejecuciones extrajudiciales, el genocidio, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual o el reclutamiento forzado de menores no habrá indultos. Serán investigados, juzgados y sancionados por la nueva jurisdicción.
 
Santos también confirmó que habrá penas entre cinco y ocho años (esta última, la misma que contempló la ley de Justicia y Paz para la desmovilización de los paramilitares) para quienes cumplan con el reconocimiento de sus crímenes ante la justicia. Estas penas tendrán un componente de restricción efectiva de la libertad, otro de restauración y uno de reparación a las víctimas.
 
Con este acuerdo, dijo el presidente Santos, “se logra el objetivo que nos hemos trazado desde un principio: una paz sin impunidad, y también habremos cumplido con la difícil tarea de alcanzar el máximo de justicia que haga posible la paz”.
 
Según el Gobierno, este componente de justicia está dirigido exclusivamente a las FARC.  “Todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado y cometieron delitos con ocasión de este, pueden someterse a esta justicia transicional, incluidos los agentes del Estado y –en particular– los miembros de la fuerza pública”.
 
Santos puso una condición: “No habrá posibilidad de que nadie se acoja a este sistema de justicia si no ha dejado antes las armas. Y a quien reincida le caerá todo el peso de la ley”, advirtió.
 
El mandatario colombiano calificó el acuerdo como una gran noticia para el mundo. “Esta es la primera vez que un gobierno y un grupo armado ilegal –en un acuerdo de paz y no como resultado de posteriores imposiciones– crean un sistema de rendición de cuentas ante un Tribunal nacional por la comisión de crímenes internacionales y otros delitos graves”, dijo al señalar que Colombia sienta un precedente ante el mundo para otros conflictos que aún existen en el planeta.
 
Tras mencionar los alcances del acuerdo, Santos reafirmó el compromiso de que lo pactado deberá ser refrendado por los colombianos. “Ustedes tienen última palabra, si aceptan los contenidos de este acuerdo”.
 
El acuerdo en materia de justicia es el quinto parcial que se firma entre el Gobierno y las FARC en tres años. Faltan aún los últimos puntos de la agenda. Pero con lo avanzado, el punto de no retorno hace rato se superó. “La paz es posible y está más cerca que nunca”.