Restitución de tierras: la nueva pelea del procurador con el Gobierno

Cuando el Ejército le anunció al procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, sobre la cancelación de su traslado a San Alberto (Cesar) para escuchar a algunos opositores en procesos de restitución de tierras, el jefe del Ministerio Público interpretó que se trataba de una maniobra del Gobierno para evitar que recogiera las inconformidades de la comunidad.

Aun cuando la autoridad castrense aclaró que la cancelación del traslado del alto funcionario desde Bucaramanga hasta su destino se debía a la urgencia de disponer de la aeronave que sería utilizada en el trayecto, Ordóñez no titubeó para calificar el impase como un sabotaje. Al final, se trasladó por tierra y participó en la reunión, pero lo que queda en evidencia es que la restitución de tierras será el nuevo caballito de batalla de Ordóñez contra el Gobierno.

El martes pasado el jefe de la entidad participó en un encuentro con comunidades de Sabanas de San Ángel (Magdalena) que han denunciado irregularidades en la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pues dicen haber adquirido terrenos de buena fe que ahora corren el riesgo de perder, porque pertenecieron a campesinos que fueron despojados por actores armados.

A pesar de que la propia legislación ofrece un mecanismo para reparar también a las personas que, sin saberlo, terminaron adquiriendo tierras que los grupos armados ilegales le arrebataron a familias indefensas, el procurador no cree que haya sido suficiente para proteger los derechos de terceros que, de buena fe y en igual situación de calamidad que los desplazados, adquirieron dichos terrenos.

Por eso, Ordóñez pidió modificar la ley por considerar que castiga a las otras víctimas de los despojadores. Lo hizo después de esa reunión, a la que también asistieron el viceministro para el Desarrollo Rural, Juan Pablo Díaz Granados; el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie; el director de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal; y el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez.

Tras conocerse sobre el desarrollo de estos encuentros y algunos números poco alentadores sobre el avance de la restitución, personalidades como León Valencia, quien ha hecho seguimiento a varios de los procesos, sostuvo que la Procuraduría ha sido uno de los organismos que más ha obstaculizado el avance de los objetivos de la ley. De ahí un agravante más en este debate que empieza a subir de tono y un motivo más de desconfianza por parte del jefe del organismo de control.

El procurador tenía planeado seguir escuchando a quienes figuran como opositores en procesos de restitución en la región Caribe. Por eso anunció su participación en un evento similar al de Sabanas de San Ángel, pero esta vez en la población cesarense de San Alberto. Al lado de casi las mismas autoridades y la administración regional, recogería las quejas de nuevos opositores en procesos de restitución.

Ahí fue Troya. El sábado el Ejército le hizo saber al procurador Alejandro Ordóñez que no podría prestarle su colaboración para traslado aéreo al lugar del encuentro, despertando la reacción airada del alto funcionario, que responsabilizó directamente al presidente Juan Manuel Santos de querer evitar que interviniera en favor de los opositores, lo que deja a las claras de qué talante es la disputa discursiva que se viene de aquí en adelante frente a la manera como se debe resarcir a las víctimas del conflicto.

Aun cuando al tramitarse esta legislación en el Congreso el país desconocía los planes del Gobierno de buscar una paz negociada, ahora se entiende que esta fue un primer paso hacia la reconciliación y la planeación del posconflicto. De ahí que pueda considerarse el primer proyecto bandera del Gobierno en la conquista de la paz.

Por lo visto, esa fórmula tampoco ha sido del agrado del procurador. Pese a que hasta hace unas semanas Ordóñez no se había referido de manera detallada al asunto, lo dicho por León Valencia y las recientes manifestaciones del propio funcionario dejan entrever que la restitución será la nueva manzana de la discordia entre él y el Gobierno.