¡Qué encarte!

El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo esta semana que se le pondrá punto final a una de las entidades que más problemas le han traído al Estado: la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). El anuncio pasó inadvertido, entre otras, por los múltiples escándalos de corrupción y politiquería que tienen en jaque a esta dependencia.

La eutanasia a la DNE se ha presentado como algo sencillo de hacer. El ministro dijo a SEMANA que el manejo de los bienes pasará al Ministerio de Hacienda, lo concerniente a la lucha contra las drogas al Ministerio de Justicia y que los asuntos por depurar quedarán en manos del liquidador de la entidad. Esto será posible por un decreto que debe ser expedido el primero de julio gracias a las facultades extraordinarias que el Congreso le dio al presidente de la República. Pero, como siempre, el diablo está en los detalles y, en este caso, hay varios.
 
El primer gran problema de la liquidación de la DNE es que el inventario de los tesoros incautados a la mafia es un hueco negro. Nunca se ha logrado saber con exactitud qué hay, dónde está, en qué estado ni en manos de quién. Se han hecho varios esfuerzos para resolverlo, pero ninguno ha dado resultados. Uno de ellos fue un sofisticado sistema al que los gringos le metieron cinco millones de dólares, que era capaz de administrar un repertorio de bienes tan disímiles como los que se le incautan al crimen organizado. Hay desde obras de arte, caballos de paso y ganadería, pasando por automóviles, aviones, equipos de fútbol, empresas y cuanta cosa más se ocurra. Y, por supuesto, bienes inmuebles tanto urbanos como rurales. Pero la administración del sistema siempre fue más lenta que las avalanchas de bienes incautados que debían ser registrados. Hoy, en los cálculos de la entidad, deben ser alrededor de 74.000 los que han estado en sus manos.

Para resolver este asunto se firmó un cuantioso contrato, que terminó en líos judiciales, dejó a la DNE con nuevos problemas y sin inventario. Además el sistema se cae por semanas enteras, lo que deja a la entidad a media marcha. En resumen, pese a los esfuerzos de los funcionarios, este desorden con los bienes ha sido un terreno muy fértil para la corrupción.

El segundo gran problema es que la justicia es demasiado lenta para resolver la extinción de dominio de los bienes incautados. Para todo fin práctico, mientras la justicia no falle, el Estado termina siendo un muy mal cuidandero de los bienes del crimen. No existe un aparato estatal capaz de administrar situaciones tan complejas como una finca incautada, llena de cultivos ilícitos, en zona selvática y custodiada por ejércitos irregulares. Además, cualquiera se queda corto frente a las figuras de arriendos y subarriendos de inmuebles que abogados leguleyos se inventan para crear una protección jurídica de los bienes y evitar que salgan de las manos de sus propietarios originales. Frente a esto, la solución de buscar depositarios que administren los bienes y le paguen al Estado por el usufructo, en muchos casos, ha sido peor que el remedio. Es la puerta por donde se han colado los amiguismos y los políticos que quieren sacar tajada.

En otros casos ha abierto la puerta a nuevos desórdenes y nuevos líos. Por ejemplo, está el caso de vehículos incautados y entregados a otra entidad en la que se deterioran o simplemente se pierden. Al cabo de los años la justicia ordena devolver los bienes y la DNE tiene que pagar cifras astronómicas por carros viejos. Hay cerca de medio billón de pesos en demandas contra la DNE por la negligencia en el cuidado, custodia y conservación de los bienes que tiene a su cargo desde 1986. Las condenas son tan abultadas que para algunos se está convirtiendo en buen negocio que les incauten un bien.

El tercer gran problema es que el Estado no cuenta con herramientas suficientes para disponer de forma ágil de lo incautado. Lo ideal para la DNE hubiera sido que tan pronto le entregaran un bien, lo vendiera. Siempre es más fácil administrar dinero que propiedades. Pero aunque hay una norma que lo permite cuando el Estado no puede administrarlo o amenaza ruina, no se ha utilizado.

La Dirección de Estupefacientes es como un cerebro. Uno de sus hemisferios tiene a su cargo la política antidroga, pero nunca ha dado la talla porque el otro, el que debe administrar los bienes, tiene un tumor que mantiene a la entidad en coma.

A pocos días de comenzar la anunciada liquidación, son más las preguntas que las respuestas. En el Ministerio de Hacienda esperan recibir únicamente inmuebles saneados. Para esto, aprovecharán la experiencia de la Central de Inversiones (CISA), que ha tenido una destacada labor en administrar algunas edificaciones del Estado y los inmuebles recibidos en dación en pago por la banca estatal. Sin embargo hace apenas un par de años, fracasó la Sociedad de Activos Especiales (SAE) una filial de CISA creada especialmente para administrar inmuebles de Estupefacientes. En un año solo logró vender 46 de ellos.

Los responsables de este desastre argumentan que no se dieron todas las condiciones pactadas, y de ahí los resultados. Pero sostienen que aprendieron de esa experiencia para que ahora las cosas sí salgan bien, siempre y cuando cuenten con un inventario depurado y confiable. Lo malo es que simplemente este no existe para la totalidad de los bienes. Además, en Hacienda son enfáticos en que ellos solo manejarán inmuebles. ¿Qué va a pasar con el resto de bienes misceláneos, que se reciben a manos llenas?

La idea, según los responsables de Estupefacientes, es que, cuando la entidad entre en liquidación, ellos podrán depurar el inventario. Sin embargo, el ministroVargas Lleras dijo a SEMANA que puede haber al menos un par de meses de transición, en los que esta entidad siga recibiendo los bienes que se incauten. Esto deja en evidencia un punto aún no resuelto. ¿Quién va a recibir esas incautaciones y en qué condiciones? En esto será clave que la Fiscalía ejerza su autoridad y, por ejemplo, no permita que se reciban bienes invadidos, pues a partir de ese momento comienzan todos los problemas. Otro aspecto con la liquidación es que quien sea nombrado para realizarla tendrá mucho poder, pues si las cosas no han salido bien con la entidad en plena operación, ¿cómo será cuando se esté cerrando? El gobierno dice que buscará que una fiduciaria asuma esta responsabilidad.

Finalmente, aún sigue pendiente el marco legal que le permitiría al gobierno monetizar los bienes incautados. En medio de la emergencia invernal se incluyeron algunas medidas con las que se buscaba resolver esta situación, pero la Corte anunció que eran inconstitucionales, al considerar que se vulnera el derecho a la propiedad privada. El gobierno reaccionó pronto y, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en la Ley de Seguridad Ciudadana, incluyó medidas que serían decisivas para poder vender todo lo incautado. Pero con el antecedente de inconstitucionalidad, no tiene fácil el camino.

De ahí que no se puede decir que ha habido falta de voluntad del gobierno para 'coger por los cuernos' los múltiples problemas de la DNE. Por un lado, el ministro Vargas ha sido entusiasta en solucionar los problemas de raíz, al punto de que será el encargado de poner los santos óleos a la entidad. Así mismo, su actual administración, a cargo de Juan Carlos Restrepo, ha dado una dura batalla por sanearla y llevarla a un punto de diagnóstico de la situación que, sin duda, será un insumo de gran valor para quien enfrente el reto de la liquidación.

Es claro que las cosas con los bienes incautados a la mafia no han salido como se esperaba. La idea era castigar a los criminales debilitando sus estructuras financieras, mientras el Estado, con esos mismos bienes, financiaba su lucha contra el narcotráfico. Pero esto degeneró en una entidad a la que no le cabe un escándalo más y en una operación de increíble complejidad. Si bien las decisiones deben ser de fondo, radicales y seguramente con fórmulas audaces, de no calcular bien cada paso, a la postre, se puede generar un problema aun mayor.