Las enormes deudas que deja Electricaribe

Casi cuatro años después de que la Superintendencia de Servicios Públicos intervino a Electricaribe, dos nuevos operadores administrarán la distribución de energía en la Costa Atlántica. Afinia, de Empresas Públicas de Medellín (EPM), atenderá la antigua Caribe Mar, es decir, Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar. Y Aire, del Consorcio de Energía de la Costa, administrará Caribe Sol, que incluye a Atlántico, Guajira y Magdalena. Tendrán que hacer inversiones mínimas por $3,2 billones y $2,6 billones, respectivamente, en los próximos cinco años.

En diálogo con Dinero, la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, revela los detalles de la operación que busca terminar con la pesadilla que ha sido Electricaribe. 

Natasha Avendaño Superintendente de Servicios Públicos. Para la Superintendente, es un mito que la gente de la Costa no paga. “Cualquier otro servicio, acueducto, alcantarillado, aseo, gas, que se prestan con calidad en la región Caribe tienen tasas de recaudo superiores a 95%”, dice.

Dinero: ¿Cómo fue el proceso para terminar con los dos nuevos operadores de Electricaribe?

Natasha Avendaño: Este proceso arrancó el 28 de noviembre de 2018, el día en que el presidente Duque anunció, en conjunto con los mandatarios regionales, la suspensión del anterior proceso que se había lanzado. Se suspendió porque solo hubo una empresa que mostró interés en participar.

D: ¿Qué pasó en ese momento?

NA: En ese momento, la decisión fue suspender el proceso y arrancó este porque se tomaron decisiones por parte del gobierno nacional. Ese día se anunció que se iba a ofrecer el mercado completo, pero también la opción de dos mercados separados: Caribe Mar y Caribe Sol. También se anunciaron decisiones que contaron con el acompañamiento del Congreso para habilitar una ley que permitiera que el gobierno nacional asumiera el pasivo pensional, las deudas pos-toma con el fondo empresarial y entregar una empresa o dos empresas limpias desde el punto de vista financiero. El 31 de mayo de 2019 se cerró la convocatoria y precalificaron 6 empresas. Y el 20 de marzo de este año se dio la subasta.

D: Entre tanto, ¿qué acciones se hicieron?

NA: Se expidió el Plan de Desarrollo para darle impulso a la operación y asumir el pasivo pensional por parte del gobierno nacional, las deudas con el fondo empresarial y separar los dos mercados.

D: ¿La escisión cómo fue?

NA: En agosto se inició todo ese plan de separación en dos mercados, que a la hora de la verdad son tres. Dada la complejidad de Electricaribe, para garantizar la transición lo mejor era tener una nueva compañía en la cual las dos nuevas empresas sean socias. Es el Centro de Servicios Compartidos, donde se van a llevar las actividades transversales. En la medida en que se incorporen los sistemas a la operación de cada uno de ellos, este centro deja de funcionar. 

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D: ¿Cuánto asumió el Gobierno del pasivo pensional y del fondo empresarial?

NA: Del pasivo pensional pueden ser más de $2 billones, que garantiza las pensiones de más de 3.000 pensionados. Las deudas con el fondo empresarial ascienden a unos $5 billones. Esos son los dineros que en los casi cuatro años de toma de posesión de Electricaribe el Gobierno ha garantizado para la operación, compra de energía y que no se apague la Costa.

D: ¿Ya se liquidó Electricaribe?

NA: Todavía no ha sido liquidada. Está en administración temporal con fines liquidatorios. Y la compañía, una vez entregue la operación, no va a ser liquidada inmediatamente. Pasarán unos meses en los que se definirá la parte jurídica.

D: ¿Cuál era el nivel de deudas de Electricaribe al momento de la toma de posesión?

NA: Las deudas pre-toma, ascienden a $2,4 billones y eso se queda en Electricaribe en liquidación. $1,8 billones son con el sistema financiero, $390.000 millones con los generadores y $240.000 millones con otros proveedores.

D: Pero si estas deudas pre-toma quedan en el cascarón de Electricaribe y los activos se dividieron en las nuevas empresas, no hay con qué responder…

NA: Efectivamente, así es. Entra al proceso de liquidación, aquí no hay activos porque pasan a las nuevas empresas. Si bien la Nación asumió $5 billones más un pasivo pensional de $2 billones, estas son deudas de Electricaribe, no de los compradores.

D: ¿Qué ajustes tarifarios se hicieron?

NA: Desde febrero de 2018, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) expidió la resolución 15 en la que está una nueva metodología para el componente de distribución de la tarifa. Es para todos los operadores de red y distribuidores de energía eléctrica. Esa resolución garantiza la mejora en los indicadores de calidad y la disminución en los indicadores de pérdidas.

D: ¿Para lograr eso qué hay que hacer?

NA: Para eso hay que hacer inversiones en infraestructura más moderna y que se les cobre a los usuarios lo que consumen. La resolución 15 sale en febrero de 2018. Luego en el Plan de Desarrollo hay un artículo que considera un régimen tarifario transitorio especial para la región Caribe.

D: ¿Por qué se da ese régimen especial?

NA: El rezago de esta región ha sido en inversión. El valor del kilovatio del componente de distribución es el más bajo del país, porque con la metodología anterior le remuneraban las inversiones que hicieran y como los anteriores dueños no hicieron inversiones, ¿qué remuneración iba a haber? Con la resolución 15 se prioriza la mejora del servicio y disminuir los indicadores de pérdidas, esas son las inversiones que se remuneran vía tarifa. Esto viene acompañado de una opción tarifaria, es decir, un aumento progresivo y paulatino.

D: ¿Y en el componente de comercialización?

NA: La resolución del Ministerio de Minas y Energía busca hacer un ajuste particular a la región Caribe por el rezago. No es un ajuste de 20% de la tarifa, como han dicho. En general, la tarifa con el componente de comercialización tiene un aumento de 3% o 4% y se da también la opción tarifaria. 

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D: ¿Cuáles fueron las condiciones del negocio antes de la pandemia y cómo cambiaron?

NA: Hasta que no se haga la operación no me puedo referir a esas condiciones. Para todos los operadores de red en el país las condiciones se afectaron en materia de pérdidas y recaudo. Las empresas de distribución de energía tuvieron disminuciones cercanas a 30% o 40% en los meses más duros. Y eso pasó en Electricaribe. Y es un deterioro de una dinámica que ya venía muy débil en recaudo y pérdidas. Esto generó una inestabilidad en las condiciones económicas del negocio como fueron pactadas originalmente. En ese sentido en el proceso contractual había condiciones que consideraban qué pasaba si esos indicadores tenían una afectación.

D: ¿Cuáles fueron los inamovibles de la operación?

NA: Eran dos no negociables: uno, la obligación de sustitución patronal y garantía de estabilidad a cerca de 1.400 trabajadores directos. Y el segundo es el monto mínimo de inversión que tienen que hacer las nuevas compañías.