Carolina Corcho reaccionó a filtración del documento en el que ministros critican la reforma a la salud

La ministra de Salud, Carolina Corcho, dio sus primeras declaraciones de la semana haciendo referencia a las discusiones presupuestales que ha generado la reforma a la salud.

Durante el fin de semana pasado, se conoció que tres de sus compañeros del gabinete ministerial redactaron un documento conjunto en el cual detallaron sus reparos a la propuesta. La carta fue firmada por Alejandro Gaviria, José Antonio Ocampo y Cecilia López, ministros de Educación, Hacienda y Agricultura, respectivamente.

“Evidentemente este es un documento de trabajo presentado en el núcleo del comité político por los ministros en cuestión y que fue sometido a discusión, como dice el presidente, fueron muchas horas”, explicó la ministra Corcho.

Señaló que el impacto fiscal de la reforma no tiene que ver con los atrasos en los pagos que han tenido algunos actores del sistema de salud. “De acuerdo a la Superintendencia de Salud las EPS adeudan 23 billones de pesos a los proveedores, las clínicas y los hospitales, eso no se lo puedes atribuir a la reforma”, señaló Corcho.

También dijo que el sistema de salud ha dejado “abandonado” el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, algo que la reforma que está proponiendo buscará corregir.

En esa medida, señaló que mejorar las condiciones tecnológicas y las instalaciones de los hospitales públicos es un deber del Gobierno y, en esa medida, es un costo que tendría que asumir con reforma o sin ella.

También se refirió a la financiación de un sistema de información que busca implementar para hacerles seguimiento a los recursos que se manejan en el sector. Explicó que ya hay ingresos aprobados que le entrarían por medio del Presupuesto General de la Nación (PGN) para fortalecer una central de datos y robustecer el fondo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

Señaló que ese fondo debe estar preparado para ser el gran pagador del sistema en caso de que quede aprobada la reforma en el Congreso. Y aun si no pasa, indicó que la Adres debe manejar “tecnología de punta”.

“La inversión inicial es de 100.000 millones y posteriormente de 50.000 millones, eso no es plata para el Presupuesto General de la Nación”, puntualizó.

También detalló que hay recursos de saneamiento de deudas de hospitales que asumiría el Gobierno y que se financiarían con vigencias futuras. Sobre la creación de nuevas instancias de gobernanza locales, aseguró que “la participación social no es burocracia” y señaló que son gastos podría asumir el propio Ministerio de Salud.

Sobre las críticas a la creación de burocracia, detalló que los centros de atención primaria que se crearán usarán la infraestructura que ya existe y detalló que sí plantean reforzar las instalaciones de algunos recintos públicos que se encuentran en franco deterioro.

A su vez, señaló que la desaparición de las EPS le ahorraría al Gobierno nacional cerca de 5,2 billones de pesos. Según las cuentas de la ministra en la actualidad el Estado les paga cerca de 6,6 billones de pesos a esas entidades para que administren los recursos públicos y les paguen a las clínicas y los hospitales.

“Si eso lo hiciera el fondo Adres como pagador (...) costaría, de acuerdo a los cálculos concertados entre Hacienda y Salud, 1,4 billones de pesos”, explicó la ministra.

Señaló que esos 5,2 billones de pesos “libres” podrían redistribuirse en fortalecer la atención primeria en salud.

Detalló que sí se están pidiendo 1,9 billones de pesos adicionales, pero aseguró que el proyecto de ley sí contempla las fuentes de financiación. Según explicó, le pedirán al Congreso de la República redistribuir algunos gastos.

“Realmente, el impacto fiscal de esta reforma es muy bajo para los beneficios y para los problemas que va a resolver”, concluyó.

¿Es o no es ley estatutaria?

Uno de los reparos del documento firmado por los ministros de Educación, Agricultura y Hacienda apunta a que la reforma a la salud debió presentarse como ley estatutaria y no como ley ordinaria, debido a que tocaba aspectos que impactan el derecho fundamental a la salud.

La ministra Corcho explicó que, en efecto, eso estuvo en el centro de la discusión interna del Gobierno. “El Ministerio del Interior también planteó sus inquietudes. De hecho, en una revisión previa a la radicación se excluyeron unos artículos en los que teníamos dudas estatutarias”, sostuvo Corcho.

Recordó que, efectivamente, varios congresistas criticaron que no se presentara como una ley estatutaria y por ello hubo una reunión de los presidentes de la Cámara correspondiente y concluyeron que era una ley ordinaria.

Eso sí, reveló que se seguirá ajustando cuando se presente la ponencia. “Se va a revisar en la ponencia si de pronto queda alguna inquietud, aclarar mucho más”, puntualizó la alta funcionaria. Incluso señaló que haberla presentado como ley estatutaria hubiera aumentado las probabilidades de que la Corte Constitucional la tumbara.