No a eliminar las EPS: el 63% no está de acuerdo con la propuesta de la ministra de Salud, Carolina Corcho

Este primero de febrero, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) presentó una encuesta sobre el sector salud, junto a la firma encuestadora Invamer. Los resultados fueron dados a conocer por el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, y el gerente de Invamer, Martín Orozco.

El estudio estadístico se llevó a cabo con una muestra de 2.704 personas, a las cuales les hicieron múltiples preguntas sobre el sistema de salud de manera presencial.

“En algún momento pensamos que podrían ser 1.200 o 1.800 encuestas”, dijo Mac Master, y advirtió que Invamer señaló que era importante tener más encuestados para reducir el margen de error.

“Decidimos que, más que seguir con un escenario de especulación, hay que saber qué es lo que tenemos en las manos”, indicó el dirigente gremial.

“Logramos ir a 104 municipios en total, de esos 104 municipios hay 21 capitales”, dijo el director de Invamer, y agregó que también se preocuparon por incluir a la población rural dentro de las mediciones. “Tuvimos que tomar chalupa, coger mototaxi, para llegar a todas las veredas y a todos los municipios que habían quedado aleatoriamente en la encuesta”, indicó.

Mac Master, por su parte, anunció que la encuesta se seguirá haciendo una vez al año para evaluar cómo está el sistema de salud colombiano.

Para empezar, se conoció que entrevistaron tanto a personas del régimen contributivo como del régimen subsidiado. De esta forma, se supo que el 54 % de los encuestados pertenecía al subsidiado y el otro 46 % al contributivo.

“Donde hay más empleo formal, hay más personas que hacen parte del régimen contributivo”, indicó Orozco. Y recordó que el 68 % de los afiliados al contributivo son cotizantes y las personas restantes son beneficiarias.

Las personas calificaron cómo consideran que es el sistema de salud colombiano. El 34 % dijo que era excelente, el 39 % señaló que era aceptable, y el 27 % consideró que era malo. “En términos generales, es una evaluación buena”, dijo Orozco.

También preguntaron por distintos aspectos del sistema de salud actual. Por ejemplo, mostraron que el 83 % dijo que es una fortaleza del sistema de salud el hecho de que el Estado pague la atención de la salud de los pacientes.

“La debilidad más grande es la oportunidad en la asignación de citas”, indicó Orozco, y señaló que, sin embargo, el 50 % dijo que este aspecto es una fortaleza del sistema de salud actual, con lo cual consideraron que sí tienen oportunidades.

“El 88 % de la población en lo rural reconoce como positivo que el Estado pague por su salud”, dijo Orozco.

También les preguntaron a los ciudadanos si consideran que pueden acceder al sistema de salud cuando lo requieren. Mientras el 73 % respondió que sí, el otro 27 % contestó que no.

“No es que el 27 % (del total) no pueda acceder al sistema, sino que no lo hace cuando lo requiere”, aseveró Orozco.

Un dato que llamó la atención es que el porcentaje de personas que accedieron oportunamente a la atención sanitaria aumentó en lo rural, donde el 79 % contestó la pregunta afirmativamente y solo el 21 % contestó de forma negativa.

En la encuesta, además, se conoció que cerca de 8 de cada 10 personas se demora hasta una hora en trasladarse al lugar donde se puede recibir atención médica.

La gente no sabe qué es una IPS

“Este capítulo tenemos que tomarlo con pinzas”, dijo Orozco. “Hay bastante confusión, pero la gente lo que espera es que lo atiendan”, concluyó.

La encuesta mostró que solo el 70 % de las personas sabe qué es una EPS. A su vez, se les preguntó a los ciudadanos cuáles eran las funciones de las EPS. “La gente cree que todo lo hace la EPS”, explico Orozco.

Y mostraron que hay un mayor desconocimiento sobre lo que es una institución prestadora de servicios de salud (IPS). De hecho, mostraron que solo el 36 % dijo reconocer cuál es la naturaleza de las IPS.

También se conoció que el 63 % de las personas no estaría de acuerdo con la eliminación de las EPS y que sus funciones sean tomadas por un ente estatal, mientras que el otro 32 % dijo que sí. Un porcentaje más bajo (el 5 %) señaló que no sabe o no responde.

“Creemos que el sistema hoy en día funciona bastante bien”, señaló Bruce Mac Master, y advirtió que en los últimos años el sistema de salud ha tenido avances. Además, dijo que, por ejemplo, en los años 90 los ciudadanos consideraban que una de las grandes debilidades del Estado era precisamente el modelo de atención de salud.

Por último, durante la rueda de prensa Bruce Mac Master señaló que los resultados de la encuesta también serán compartidos con el Ministerio de Salud y que están abiertos al diálogo y, sobre todo al análisis de los resultados que encontraron.

Se calienta la discusión sobre la reforma a la salud

La encuesta salió a la luz en medio de un momento álgido para el sector salud. El Gobierno nacional lleva varios meses cocinando una propuesta de reforma a la salud que busca cambiar de raíz el modelo de aseguramiento que lleva 30 años funcionando en Colombia.

Entre los puntos más polémicos, la ministra de Salud, Carolina Corcho, ha propuesto la desaparición de las EPS, pues las considera “intermediarias financieras” de las cuales podría prescindir. Su idea es que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) ya no les gire recursos a las EPS, sino que envíe ese dinero directamente a las cuentas de las clínicas y los hospitales públicos.

No obstante, la ministra Corcho ha enfrentado una férrea oposición a su propuesta, debido a que las EPS argumentan que su rol en el sistema de salud actual no solo se limita al manejo del dinero, sino también a otras funciones como la prevención y la promoción de la salud de los colombianos y la gestión de los riesgos sanitarios que puede enfrentar cada paciente.

Por lo pronto, se espera que el proyecto de ley, cuyo texto aún no se conoce, sea radicado entre el 14 y el 20 de febrero próximos. Mientras tanto, el Ministerio de Salud y varios congresistas del Pacto Histórico liderarán múltiples jornadas de socialización de la iniciativa legislativa con diversos sectores de la sociedad civil y otras bancadas del Congreso, que a la larga será el responsable de definir si la reforma se aprueba o no.