Salud
El país tiene que seguir atendiendo a sus pacientes en medio de “la peor crisis que ha vivido el sistema de salud”: Organización Pacientes Colombia
Organización Pacientes Colombia se pronuncia sobre posible apagón del sistema de salud. Pide ayuda urgente e inmediata del Gobierno nacional.
Desde hace ya algunas semanas se ha hablado de un posible apagón del sistema de salud en Colombia. El término fue manifestado inicialmente por la Asociación Nacional de Industriales (Andi), al hablar sobre la liquidez en el sistema ante la coyuntura nacional.
Dicho esto, la organización Pacientes Colombia se pronunció desde la sede Centro de la Defensoría del Pueblo y se dirigió al Gobierno nacional pidiendo que “comprenda que la crisis financiera que atraviesa el sistema de salud ya está dejando a pacientes, familiares y sociedad en general sin el acceso oportuno a un derecho que ya se había conquistado”.
Incluso, aseveró: “Nos negamos a aceptar que estamos ante la decisión consciente del Gobierno nacional de generar desde ahora un apagón al sistema de salud que afecte la vida de los pacientes”.
Reconoce, por medio del comunicado, que hay algunos ajustes necesarios que requiere el sistema actual y “la administración de los recursos para mejorar el acceso de los ciudadanos, particularmente en los territorios”.
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En esa medida, considera que “lo procedente es dejar que el Congreso de la República defina si este debe mantenerse, transformarse o dar paso a uno nuevo”.
“Que los recursos sean insuficientes para cubrir la demanda en salud es una realidad inocultable, y es en este tema en el que deberíamos enfocar los esfuerzos del país”, sentencia en la misiva.
Además, la organización sostiene:
“Estamos ante la demanda de 2,5 millones de servicios de salud al día por parte del total de la población. En el 2022, la UPC debió crecer entre un 25 % y el 28,45 %, y solo lo hizo en el 14 %. Esto implicó que la base sobre la cual se calculó este año tuviera un rezago superior al 10 %. Así, la UPC del 2023, que debió crecer el 22,9 %, creció solo el 16 %. Lo que ratifica la incapacidad financiera del sistema para poder atender sus obligaciones crecientes, y la urgente necesidad de trabajar en torno a la búsqueda de soluciones”.
“Enfrentar los retos del sistema de salud requiere que todos los actores tengan la liquidez necesaria para funcionar de manera adecuada. Sin embargo, hoy, para que el paciente pueda recibir atención, las EPS y gestores farmacéuticos han asumido los costos de las atenciones y entregas con recursos propios a espera de que el Estado les reconozca estos valores”, agrega la organización.
En ese mismo hilo, indica:
“Ya hay carteras en mora que superan los 220 días, lo cual pone en peligro el pago de la nómina del cuerpo médico de las IPS, la adecuada atención en salud, la disponibilidad de medicamentos y dispositivos e, incluso, la vida de los pacientes, que es lo que más debería preocuparnos”.
“Esto ha llevado a que las EPS y gestores farmacéuticos enfrenten la pérdida paulatina de su patrimonio y a que se gasten los recursos que deben guardar para servicios que se han prestado y no se han facturado, haciendo imposible que se garantice la operación y la prestación de servicios de salud”, dice el documento.
En esa misma línea, confronta al Gobierno diciendo: “Se trata de un déficit que no obedece a un despilfarro, sino a una situación en la que los gastos han sido superiores a los ingresos, condición de iliquidez que se agravó en los últimos 60 días ante la falta de giro de recursos por parte del Gobierno nacional. Las consecuencias no las podemos ocultar”.
De ahí que sentencie: “De no ponerse a disposición los recursos necesarios para darle liquidez al sistema de salud, el apagón en salud significará que cada día sean más evidentes las demoras en la asignación de citas médicas, las dificultades en la programación de cirugías, en la disponibilidad de camas hospitalarias, en el suministro de medicamentos, en la disponibilidad de dispositivos médicos y de gases medicinales (oxígeno). Están en riesgo las vidas de los colombianos”.
Así las cosas, la Organización Pacientes Colombia pide “que el Gobierno nacional asuma su responsabilidad por medio de acciones específicas e inmediatas. Es necesario redefinir una UPC que sea suficiente, tal y como lo establece la Ley, para responder a las obligaciones que el sistema de salud tiene ante las demandas de servicios por parte de los ciudadanos”.
También, solicita “que se garanticen los recursos para aquellos servicios y tecnologías que no están incluidos en el Plan de Beneficios, y que hoy responden a necesidades puntuales en salud de los colombianos”.
En general, Pacientes Colombia recuerda que “se necesita con urgencia restablecer el equilibrio y generar la estabilidad necesaria para que los distintos actores del sistema cuenten con los recursos necesarios para darle continuidad a la prestación del servicio y así cumplir con el mandato constitucional que rige el sistema de salud”.
Asimismo, la organización no desconoce la realidad del sistema: “No negamos que el sistema actual sea debatido y mejorado. Pero no podemos eludir una urgencia inmediata sobre los problemas de liquidez y, en consecuencia, sobre la supervivencia del sistema de salud tal como hoy lo enfrentamos”.
Por eso es que le pide a la Presidencia de la República y, a partir de ella, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación, tomar “las medidas para estabilizar este sistema, ya que, de no hacerlo, estamos ante la posibilidad de enfrentar su apagón. Se trata de miles de vidas que se perderían por la incapacidad a la que el sistema se vería enfrentada para atender las necesidades de los colombianos”.
La Organización Pacientes Colombia concluye que se debe y puede “evitar el dolor generado de manera innecesaria por la pérdida de vidas o por el deterioro en la calidad en muchos hogares. Colombia tiene que seguir atendiendo a sus pacientes. Se trata de una situación urgente que implica la salud y la vida de los ciudadanos, en la peor crisis que ha vivido el sistema de salud colombiano. Estamos ante el riesgo inminente del apagón al derecho fundamental a la vida”.