El superintendente de salud dice que no quieren liquidar hospitales públicos; así lo lograrían

Una de las directrices del gobierno de Gustavo Petro fue no liquidar los hospitales públicos. En ese sentido, el superintendente nacional de salud, Ulahí Beltrán, anunció modificaciones para que los 10 hospitales que en este momento están en proceso de intervención y más cerca de la liquidación se puedan mantener.

“No podemos acabar con lo que es el patrimonio social de los colombianos y, por el contrario, tenemos que fortalecerlos con equipos de alta tecnología y con servicios que permitan que la ciudadanía reciba una atención garantizada y con calidad…Un centro de atención de este tipo no puede ser quitado”, afirmó Beltrán.

Insistió en que van a fortalecer la red pública hospitalaria, teniendo en cuenta las zonas más distantes y con más dificultades de acceso.

“Acercarnos a la ‘Colombia profunda’ hace parte de lo que propone el nuevo modelo de atención primaria en salud con enfoque territorial, tal como lo ha explicado la ministra de Salud, Carolina Corcho”, dijo Beltrán.

¿Qué pasará con los hospitales que están intervenidos?

En este momento hay diez hospitales en el país bajo medida de intervención forzosa para administrar por parte de la Superintendencia. El que más lleva se acerca a los seis años y se incluyen, por ejemplo, al Hospital San Rafael de Leticia, al Hospital Departamental San Francisco de Asís, al Hospital San José de Maicao, al Hospital Regional San Andrés de Chiriguana y al Hospital San Andrés de Tumaco.

En dichas instituciones se hace un seguimiento especial a la gestión desarrollada por los agentes interventores designados para evaluar los indicadores de recuperación y desempeño.

“Estamos siendo rigurosos en el seguimiento de su labor; no puede ser que tengamos entidades hospitalarias que llevan cinco y seis años intervenidos sin mostrar avances contundentes de gestión”, aseguró el superintendente.

Por esta razón, también están revisando con atención la remuneración de los agentes interventores, “ya que los altos pagos que reciben pueden estar contribuyendo a la fragilidad financiera de hospitales que están en crisis… Estamos hablando de salarios exageradamente altos de entidades que ya están en crisis financiera, por eso estamos haciendo toda una serie de consideraciones para anunciar próximamente una serie de medidas que incluyen variaciones a la remuneración de estas personas”, puntualizó el superintendente.

Van más de un millón de quejas por el funcionamiento del sistema de salud este año; estas son las más comunes

Son exactamente 1.043.026 quejas las que ha recibido la Superintendencia de Salud durante este año. Es como si a diario, aproximadamente 3.500 personas, tuvieran dificultades con el acceso. En comparación al 2021 hay un aumento de 26% en el uso de los canales de la entidad de control con reportes de mal funcionamiento.

Ahora, una de cada tres quejas son clasificadas como riesgo de vida’, pues se evidencia que el paciente requiere una atención urgente y la intervención inmediata de la Supersalud, en máximo 48 horas, debido a su delicado estado de salud.

Según el informe, los motivos que generan la mayor cantidad de quejas son la demora en la asignación de citas de consulta médica especializada, los retrasos en la entrega de medicamentos, la tardanza en la prestación de servicios de imagenología y la inoportunidad en la programación de cirugías.

Para el Superintendente Ulahí Beltrán López “haber superado la barrera del millón de quejas y súplicas en estos 10 meses del año es una muestra de los altos niveles de desprotección por parte de las entidades administradoras de recursos o EPS; y también es la confirmación de que estar afiliado a una EPS no es sinónimo de estar protegido o asegurado”.

Como solución, la actual superintendencia inició una intervención en los 10 territorios más críticos del país. Allí, mediante mesas de intervención focalizadas con las EPS más grandes y los hospitales y clínicas, se ha establecido diagnósticos planes de choque a corto plazo.

“Necesitamos un fuerte timonazo de manera urgente porque las necesidades de salud requieren inmediatez en atención y en soluciones. Estas administradoras que intermedian los recursos financieros de la salud (EPS), no pueden olvidar que ellas trabajan con recursos que son públicos y que, por lo tanto, esos recursos les pertenecen a las personas que ellas tienen afiliadas, y esas personas afiliadas son las verdaderas dueñas del sistema y en ese sentido, las administradoras de recursos deben cumplir con lo que demandan en servicios esas personas afiliadas”, agrega el Superintendente Beltrán López.

Explicaron que entre las causas de este panorama está la insuficiencia en la red de servicios, el incumplimiento en los indicadores de gestión de riesgo, la alta desatención en la prevención del riesgo.