En un plazo de 5 días: Procuraduría pide al Ministerio de Salud informar si ya se puede pagar a las EPS

En lo que va de esta semana, explotó el grave estado financiero de las EPS (Sura, Sanitas y Compensar), luego de que se cumplieran 15 días hábiles, tras el envío de una carta firmada por los altos directivos de dichas entidades, dirigida al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Dicho esto, el martes 22 de agosto, la Procuraduría General de la Nación, emitió un comunicado en el que le pide al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, “informar si a la fecha los 49 mil millones pendientes por reconocer ya cuentan con disponibilidad presupuestal y de caja”.

Pues en la “Sesión Ordinaria 35 del 5 de agosto de 2022: (…) informan que el ajuste de la vigencia 2021 asciende a un valor de $ 480 mil millones, de los cuales la Comisión Asesora recomienda reconocer $431 mil millones”.

En el documento, la procuradora delegada, Diana Margarita Ojeda Visbal, solicita (propiamente al ministro) “cumplir con las obligaciones legales de los diferentes pagos adeudados, tomar las medidas urgentes y necesarias para que las EPS tanto del Régimen Contributivo como subsidiado puedan garantizar la prestación de los servicios de salud a más de 50 millones de colombianos”.

Y “remitir la información requerida a los correos electrónicos institucionales [respectivos] en término no mayor 5 días”.

Además de tomar “medidas urgentes de pago tanto en ajustes como en presupuestos máximo, así como en todas las demás deudas contenidas en los diferentes requerimientos que se han venido realizando desde finales de 2022 por parte de la Procuraduría General de la Nación y de estos importantes actores del sistema de Seguridad Social, no solo relacionados con Presupuestos máximos y ajustes, sino además con la insuficiencia de la UPC, ajuste de la UPC por perfil epidemiológico y otros pagos como recobros, canastas covid-19, licencias e incapacidades, así como procesos de compensaciones pendientes”.

La carta de las EPS

De acuerdo con la carta firmada por el presidente de Sanitas, Juan Pablo Rueda, el gerente general de la EPS Sura, Pablo Otero, y el director de salud de Compensar, Andrés Barragán, indica que los recursos “asignados en el presupuesto general de la Nación no alcanzan a cubrir las necesidades generales del sistema. Se estima que el valor de la UPC* en 2022 fue un insuficiente en un 8 %, respecto al incremento del valor de los servicios cubiertos por el PBS*”.

Y que “no se ha logrado una redistribución equitativa de recursos entre los actores responsables. Al no ajustar la UPC por condiciones de salud (Perfil epidemiológico), varias EPS hoy presentan problemas de solvencia como consecuencia de esta concentración asimétrica de cargas de enfermedad. Las EPS con menor carga de siniestralidad presentan mejores resultados financieros”.

A esto se suma el “pago de las deudas de presupuestos máximos, recobros, canastas Covid-19, licencias e incapacidades y procesos de compensaciones pendientes”.

El ministro de Salud se pronunció

Por su parte, el ministro Jaramillo expresó desde el foro sobre la implementación de los enfoques de género y étnico en el sistema de salud: “No podemos permitir que se hagan negocios y eso es lo que quieren mantener, los negocios, e incumplir con el servicio que tienen que prestar a la comunidad y además, pues, presionando al Gobierno para que supuestamente existan más recursos”.

“El presidente tuvo a bien aumentar el presupuesto de este año en 25 %. Además de incrementar la unidad de pago por capitación (UPC), en 16.23 % y lo que verdaderamente aumentó el año pasado fueron los alimentos y la gasolina, eso fue lo que generó una inflación, pero no hacia los servicios médicos. Pero a pesar de eso, le dimos a las EPS un aumento sustancial”, agregó el ministro de Salud.

“Son el dinero de los que están en el régimen contributivo, es decir, los que tenemos un salario pagamos un porcentaje de ese salario, que es el 12 % —el empleador el 8 % y el trabajador el 4 % —”, continuó.