EPS con más de 170.000 afiliados desmiente supuesta intervención de la Superintendencia de Salud

La Superintendencia de Salud con frecuencia toma medidas sobre distintos actores del sistema de salud para garantizar que atiendan adecuadamente las necesidades de los pacientes. No obstante, en ocasiones sus decisiones son objeto de especulaciones.

En las últimas horas, la Capresoca EPS, que cuenta con cerca de 177.000 afiliados y atiende al 40 % de la población del departamento de Casanare, aclaró que no ha recibido notificación alguna sobre nuevas medidas impuestas por la Superintendencia de Salud en su contra.

En la actualidad esa entidad está bajo una medida especial, aunque señaló que está trabajando constantemente en la mejora de sus indicadores. A su vez, informó que ha conseguido “importantes logros en favor de todos sus afiliados”.

Para empezar, desde la EPS señalaron que entre sus afiliados han mantenido la tasa de mortalidad materna (que recoge los casos de mujeres fallecidas durante el parto o unas semanas después del mismo) en cero. Esta cifra, indicaron, es inferior a los datos registrados en el país y en el departamento de Casanare.

Así mismo, hicieron énfasis en la atención que les están garantizando a sus afiliados en distintos aspectos. Por ejemplo, destacaron “la atención integral en salud a las personas, familias y comunidades a partir de intervenciones de valoración integral de la salud, detección temprana, protección específica, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación y educación para la salud”.

También subrayaron el hecho de que han implementado un modelo de atención en salud integral que ha mejorado y le ha permitido obtener mejores resultados operacionales y financieros.

“En el mes de diciembre de 2022 se logró la aprobación del proyecto denominado Saneamiento y capitalización del modelo de salud de la EPS del Departamento del Casanare por 140.000 millones de pesos con recursos del sistema General de Regalías”, indicó Capresoca EPS en su comunicado de prensa.

De otro lado, advirtió que el reconocimiento del flujo de recursos por parte del sistema general de regalías ha logrado “enervar” en un 80 % el defecto patrimonial que tenía la EPS con relación a los indicadores de sus condiciones financieras, que son establecidas por la Superintendencia de Salud y deben ser cumplidas para garantizar el bienestar de los pacientes.

“Capresoca EPS continuará prestando los servicios de salud con su red integral y desarrollando acciones tendientes a la gestión efectiva de los riesgos en salud de sus afiliados”, concluyó la EPS.

La Superintendencia de Salud le puso la lupa a La Guajira

Recientemente, también se conoció que la Superintendencia de Salud también ha fijado su atención en las condiciones sanitarias que afectan a la población del departamento de La Guajira. Por ello, habilitaron una sede en la ciudad de Riohacha, que también atiende las necesidades de las personas de otros departamentos del Caribe como Magdalena y Cesar.

“Nuestro objetivo con la puesta en marcha de la Regional Caribe es garantizar presencia permanente y funcional para brindar soluciones efectivas y formular los correctivos necesarios ante hechos que vulneren los derechos de los usuarios, brindando más y mejores servicios a los ciudadanos”, aseguró el superintendente de Salud Ulahí Beltrán López.

En su trabajo en la región, el superintendente también indicó que en La Guajira se cometen infracciones contra el derecho a la salud de las poblaciones, sobre todo de las comunidades indígenas.

Durante las últimas semanas, los funcionarios de la Superintendencia de Salud se han concentrado en recoger y clasificar las inquietudes que tienen los usuarios del sistema sobre distintos prestadores y EPS que operan en la región.

“De acuerdo con el seguimiento realizado al comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias formulados por los ciudadanos, entre el 25 de marzo y el 30 de mayo se han registrado un total de 626 reclamaciones en La Guajira, de las cuales un 34 % corresponden a riesgo de vida (213). Preocupa que un 22 % de las quejas regulares han sido reabiertas y para el caso de las registradas con riesgo de vida, el 25 % han sido reabiertas”, concluyó la entidad.