EPS están en alerta máxima: podría haber crisis en el sistema de salud para 2023 por falta de plata

El debate sobre la financiación del sistema de salud para el próximo año está más al rojo vivo que nunca después de que se conociera un borrador de la resolución que fija cuánta plata les llegará a las EPS durante el próximo año.

“Lo que estamos viendo es que esto no es un problema de una EPS en particular, esto es un problema sistémico. Es de una magnitud muy grande, puede poner en riesgo la prestación de los servicios de salud”, dijo Paula Acosta, presidenta ejecutiva de Acemi, gremio que agrupa a 11 EPS.

Este dinero se les asigna a través de un término llamado Unidad de Pago por Capitación (UPC), que son los recursos que les dan a las EPS por cada afiliado que deben atender. Se define teniendo en cuenta tres aspectos distintos.

Uno es la demografía, ¿cómo está compuesta la población? ¿Qué edades tienen las personas afiliadas y qué necesidades tienen a partir de su edad? Una EPS cuyos afiliados son en su mayoría adultos mayores no tiene los mismos gastos que otra con mucha población infantil.

Luego está el tema geográfico. Es distinto hacer llevar servicios de salud a las regiones con más ruralidad dispersa que a las que tienen más población urbana. Más aún, porque según Paula Acosta la concentración de los especialistas en siete departamentos, sobre todo en sus capitales. En ciudades como Bogotá y Medellín; además, las personas consumen más servicios de salud.

Así mismo, la UPC se calcula distinto para los regímenes contributivo y subsidiado, algo que ha venido cambiando con los años. El Ministerio de Salud, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, ve cómo se comportan estas variables y proyecta cuáles van a ser las necesidades de atención en salud y cuánta plata se requiere para cubrirlas.

Esta UPC aumenta año tras año, a un porcentaje que define el Gobierno nacional. El lío está, precisamente, en que las EPS argumentan que ese dinero casi nunca les alcanza para cubrir todo lo que les cuestan los pacientes y lo que además deben invertir en gastos administrativos.

Con base en los cálculos del Gobierno pasado, se estaba proyectando un aumento del 14 % en esta plata. Pero la ministra de Salud, Carolina Corcho, había encendido las alarmas de las EPS en septiembre, pues dijo que esas cuentas estaban hechas por las mismas EPS, con lo cual no era adecuado que les dieran ese aumento. Por ello, concluyó que lo mejor sería aumentar al 12 %.

Eso dejaba un hueco presupuestal enorme. Pero la ministra Corcho suavizó su postura y más tarde advirtió que ese era un cálculo preliminar. Las EPS, mientras tanto, observaron con preocupación factores que les incrementarán los gastos para el próximo año como la inflación y la devaluación del peso.

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Por esas razones, las EPS propusieron que el aumento de la UPC fuera del 18 %, tanto para el régimen contributivo como para el subsidiado. Pero el Ministerio de Salud publicó el borrador de una resolución en la que fija el aumento a la UPC en el 16,23 % para el contributivo y en el 12,22 % para el subsidiado.

Esto tiene con los pelos de punta a las EPS, que desde ya han señalado que esa plata no les va a alcanzar para cubrir los gastos del 2023. “Las tensiones van a ser muy fuertes y vamos a tener muchos conflictos. Vamos a tener un escenario difícil, hay que buscar que eso no se presente”, advirtió Carmen, directora de Gestarsalud, que agrupa a 11 EPS, principalmente del régimen subsidiado.

“En estas condiciones el régimen subsidiado queda en desigualdad en el financiamiento y esto va íntimamente relacionado con la calidad y oportunidad de servicios que se preste a los usuarios”, agregó.

Esto es especialmente difícil, pues la UPC del 2022 les dejó un hueco presupuestal de 6,2 billones de pesos. Además, advierten que les deben dinero.

“Los gremios de forma conjunta hacen un llamado al Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Salud, para que antes del fin del año aceleren los pagos pendientes por cerca de 2,6 billones de pesos que tiene con las EPS y a que revise el incremento de la UPC de cara a factores que inciden en su valor”, advirtieron Gestarsalud, Acemi y Asocajas en un comunicado conjunto.

Pero tal vez lo más preocupante para este gremio es que el Gobierno nacional no ha tenido la voluntad política de dialogar. “Sobre el tema de la UPC no hemos tenido aún ninguna mesa técnica”, aseguró Acosta y agregó que el plazo para hacer comentarios a la resolución se vencía este 12 de diciembre.

Acosta, sin embargo, esbozó varias soluciones. Indicó que es necesario que se evalúe aumentar la proyección de la UPC, pero advirtió que podría usarse una estrategia que se implementó en 2012. Por cuestiones presupuestales, el Gobierno de entonces fijó dos veces distintas la UPC. Algo similar, dijo, podría hacerse en 2023.

La ministra de Salud, Carolina Corcho, también advirtió que a través de la reforma tributaria le llegarán más recursos al sector salud, con lo cual se espera que parte de ese dinero también les llegue a las EPS. No obstante, estas empresas están pidiendo una labor más decidida en favor de los recursos destinados al sector salud. En total, están proponiendo que les lleguen 41,3 billones de pesos para garantizar el bienestar de los afiliados el próximo año.

“No las podemos dejar quebrar (a las EPS)”, advirtió la presidenta de Asocajas, Adriana Guillén. “Protegiendo a las EPS vamos a proteger al usuario final”, concluyó.