Esta es la razón por la que están pidiendo recursos para el Hospital Rosario Pumarejo de Valledupar

A finales de 2020, en los primeros meses de la pandemia en Colombia, el hospital Pumarejo de Valledupar fue noticia. Sus trabajadores denunciaron falta de pagos y para inicios de este 2022 la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa administrativa y la inmediata toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la institución.

Han pasado exactamente 11 meses desde dicha orden y ahora, desde la capital del Cesar, el agente interventor Duver Dicson Vargas Rojas le solicitó al secretario de Salud Departamental, Guillermo Girón Quintana, convocar a una mesa de trabajo para buscar recursos que permitan saldar los compromisos laborales de las vigencias 2019, 2020 y 2021 que tiene la E.S.E con los trabajadores.

Desde la oficina de comunicaciones explican que, aunque la deuda por más de 19.000 millones de pesos obedece a años anteriores a la intervención forzosa administrativa ordenada el 14 de enero de este año, “el agente interventor, consciente de la situación de los trabajadores, asumió el compromiso de solicitar el apoyo necesario que permita identificar y evaluar alternativas de fuentes de recursos que conlleve a la consecución de los mismos para el pago definitivo de las acreencias”.

Vargas Rojas contó que durante el tiempo que lleva la medida de intervención se ha logrado pagar con oportunidad a los empleados de planta y contratistas. De igual modo, se han cancelado las deudas del mes de diciembre de 2021 del personal que venía laborando a través de empresas de servicios temporales.

“No obstante, y con la finalidad de lograr sanear las deudas adquiridas en vigencias anteriores, se hace necesario que la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López obtenga una fuente de financiación externa que permita honrar las obligaciones contraídas”, insistió.

Además de las acreencias con los trabajadores, otras de las obligaciones verificadas que posee la entidad y que generan preocupación, es la deuda por concepto de sentencias judiciales ejecutoriadas.

Estas son de vigencias anteriores y no poseen respaldo presupuestal y ascienden a $20.974 millones de pesos. Señalan desde comunicaciones que estas “generan gastos por intereses moratorios, costas procesales, agencias en derecho, entre otros conceptos, que a futuro pueden continuar generando desequilibrio financiero para la E.S.E”.

Concluyeron desde la capital del vallenato, que como medidas para buscar el saneamiento del Hospital Rosario Pumarejo de López, el agente interventor ha adelantado acciones como la elaboración de un diagnóstico situacional de la E.S.E. que fue radicado ante la Gobernación del Cesar, la Asamblea, la Contraloría Departamental, la Procuraduría General, y Superintendencia Nacional de Salud.

Supersalud interviene y toma posesión de hospital en Valledupar tras hallar múltiples irregularidades

La Superintendencia Nacional de Salud informó mediante un comunicado que ordenó este viernes 14 de enero, por el término de un año, la intervención forzosa administrativa y la inmediata toma de posesión de los bienes, haberes y negocios del hospital Rosario Pumarejo de López, de Valledupar, tras evidenciar el incumplimiento del Plan de Mejoramiento que se le había establecido, así como la acumulación de 72 deficiencias en sus indicadores administrativos, asistenciales, jurídicos y financieros.

Con esta medida, la institución ordenó también la separación de la Gerencia y de los miembros de la Junta Directiva del hospital, y designó en representación legal al economista y especialista en administración en salud, Duver Vargas Rojas.

Vargas deberá responder ante la Superintendencia como agente especial interventor para desarrollar un plan de acción que permita garantizar la prestación de los servicios de salud del hospital, así como subsanar las graves deficiencias encontradas en el establecimiento, y procurar la estabilización de los principales indicadores de gestión.

De acuerdo con la Resolución 20224200000000426 del 14 de enero de 2022, por medio de la cual se ordena la intervención forzosa para administrar por un año, “el hospital evidencia fallas en infraestructura, en dotación, mantenimiento, medicamentos, dispositivos médicos e insumos, historia clínica, procesos prioritarios e interdependencia de servicios; lo cual repercute de manera negativa en la prestación segura del servicio”, reza el comunicado.