“Este gobierno no ha modificado las reglas de juego”: ministra Carolina Corcho respondió a alerta de las EPS por desfinanciación

Las EPS están en alerta por cuenta de las proyecciones que está haciendo el Ministerio de Salud para ajustar los presupuestos que les va a girar en 2023.

Tanto es así que varias de las organizaciones que las agrupan hicieron una rueda de prensa y publicaron un comunicado conjunto para advertir que los próximos días serán claves para determinar cómo se distribuirán los recursos del sector salud durante el próximo año.

Esto se debe a que el Ministerio de Salud está alistando la resolución que fijará el dinero de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que se refiere a la cantidad de dinero que le da el Estado a cada EPS para que pueda cubrir los gastos que implica atender a cada uno de sus afiliados.

Para el próximo año, las EPS calcularon que el aumento en la UPC necesario para garantizar los servicios de salud debía ser cerca del 18 % tanto para el régimen contributivo como para el subsidiado.

El problema es que, según un borrador de esa resolución que fue conocido por la opinión pública, el aumento presupuestal que proyectó el Ministerio de Salud fue del 16,23 % para el régimen contributivo y del 12,22 % para el subsidiado.

“Este aumento resulta insuficiente debido a que las frecuencias de uso de servicios han aumentado, registrando los máximos históricos desde que se cuenta con estadísticas; que la inflación va en 12,53 % en el año corrido y que la devaluación está por encima del 25 %”, indicaron los gremios de las EPS a través de su comunicado.

De acuerdo con lo que señalaron desde las EPS, esta realidad podría dificultar la prestación de los servicios de salud en 2023. Esto se debe a que las EPS son una especie de bisagra del sistema de salud: tienen que ver con todos los demás actores del sistema de salud, pues contratan con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y con los proveedores de medicamentos.

La respuesta de la ministra de Salud, Carolina Corcho

Una de las críticas que le ha hecho la oposición al Gobierno nacional es que está desfinanciando el sistema de aseguramiento para ambientar el camino de la reforma a la salud, un proyecto de ley que se presentará a finales de febrero del próximo año.

Si bien la ministra Carolina Corcho ha dicho públicamente que las EPS deben dejar de ser intermediarias financieras del sistema, también ha sido enfática en que las “reglas de juego” para calcular la UPC no ha cambiado.

De hecho, en entrevista con la emisora Blu Radio, advirtió que el cálculo se toma a partir de los reportes de las propias EPS y dijo que espera que en el futuro estas cuentas sean auditadas.

Además, señaló que parte los recursos que se recaudarán como producto de la reforma tributaria del próximo año será destinada al sistema de salud, lo cual se espera que aumente el flujo de dinero de las EPS.

Dijo que no es posible que haya desfinanciación en el sector salud, debido a que los recursos son del Estado y aun cuando el modelo de salud cambie el dinero va a seguir siendo bien distribuido.

“El Gobierno no va a destruir el sistema de salud, vamos a construir sobre lo construido”, dijo la ministra Corcho. La funcionaria también indicó que solo 7 de las 30 EPS que están funcionando en la actualidad cumplen con los requisitos mínimos financieros y sanitarios para operar correctamente.

La decisión para fijar la UPC de 2023 quedará en firme en los próximos días, tras la concertación que saque adelante una comisión técnica integrada por los ministerios de Salud y de Hacienda.