Estos fueron los preocupantes hallazgos de la SuperSalud durante acciones de vigilancia en La Guajira

Los funcionarios de la Superintendencia de Salud llevan más de 40 días analizando algunos de los problemas sanitarios estructurales que afectan a los ciudadanos del departamento de La Guajira, especialmente a las comunidades indígenas.

Para evaluar la situación, se abrió una sede de la SuperSalud en Riohacha, que también atiende las necesidades de los pacientes en otros departamentos de la región como Magdalena y Cesar. Los hallazgos que han hecho en estas primeras semanas de operación son cuando menos preocupantes.

Una de las líneas de acción del ente de vigilancia y control tuvo que ver con las secretarías de Salud departamentales y municipales, que son claves para garantizar los derechos de los pacientes.

“Para el caso particular de La Guajira, la Entidad desarrolló acciones de inspección entre el 5 al 11 de abril, para verificar el funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias (Crue)”, indicó la SuperSalud en un comunicado de prensa.

Entre otros hallazgos, indicaron que no cuentan con una estructura administrativa que les permita garantizar continuamente y sin interrupciones la prestación de servicios en el Crue. Por ejemplo, encontraron que el radio de comunicaciones no estaba funcionando y tampoco contaban con un software que permitiera almacenar y procesar la información.

“Nuestro objetivo con la puesta en marcha de la Regional Caribe es garantizar presencia permanente y funcional para brindar soluciones efectivas y formular los correctivos necesarios ante hechos que vulneren los derechos de los usuarios, brindando más y mejores servicios a los ciudadanos”, dijo el superintendente de Salud Ulahí Beltrán López.

Así mismo, el ente de vigilancia y control entregó algunas cifras relacionadas con las dificultades que tienen los pacientes para acceder a los servicios de salud en el departamento.

“De acuerdo con el seguimiento realizado al comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias formulados por los ciudadanos, entre el 25 de marzo y el 30 de mayo se han registrado un total de 626 reclamaciones en La Guajira, de las cuales un 34% corresponden a riesgo de vida (213). Preocupa que un 22% de las quejas regulares han sido reabiertas y para el caso de las registradas con riesgo de vida, el 25% han sido reabiertas”, detalló la SuperSalud.

A su vez, reveló que las EPS que tuvieron el mayor acumulado de quejas que se clasificaron como “riesgo de vida” fueron la Nueva EPS, Cajacopi y Sanitas. Vale decir, sin embargo, que estos datos puntuales no muestran la proporción de inconformidades de los pacientes, es decir, no tienen en cuenta el número de afiliados de esas EPS.

“Hacemos un seguimiento a la gestión realizada uno a uno de los casos diariamente, con el propósito de evidenciar una respuesta efectiva a las solicitudes de los usuarios y de esta manera brindar garantías para el goce efectivo del derecho a la salud”, enfatizó el superintendente Beltrán.

Para evaluar la situación sanitaria de la región, la SuperSalud también indicó que les pidió información a las EPS que operan en el departamento, entre las cuales están la Asociación Indígena del Cauca AIC, Salud Total, Familiar de Colombia, Dusakawi, Anas Wayuu, Coosalud, Cajacopi, Nueva EPS y Sanitas.

En los análisis del ente de vigilancia y control entraron aspectos como la cantidad de los afiliados por EPS, la relación con la red prestadora de servicios de salud, la conformación y relación con los equipos de respuesta inmediata, entre otros datos.

Luego de evaluar la información que les solicitaron, encontraron problemas como “una deficiente caracterización y georreferenciación de la población por municipios y corregimientos, lo que dificulta el acceso efectivo a los servicios de salud”.

También manifestaron preocupación por cuenta de que los equipos extramurales, que están dedicados a prestarles servicios a los ciudadanos, en sus propias casas. Según la SuperSalud, se encontró que estos equipos son compartidos por las distintas EPS e indicó que esto influye negativamente en la cobertura de los servicios sanitarios.

A su vez, observó que “en los contratos de las EPS no se evidenciaron las condiciones definidas para atender: servicios de urgencias y los requeridos con posterioridad, sin egreso hospitalario, atención integral de la desnutrición aguda moderada y severa en menores de 5 años y la de madres gestantes con complicaciones durante el embarazo”.