La cifra billonaria de las EPS que sería falsa y por la cual denuncian penalmente al SuperSalud, por generar zozobra y pánico

El abogado Jaime Lombana emprendió acciones judiciales contra el superintendente de Salud, Ulahy Beltrán. La razón fue la presentación que el alto funcionario hizo hace unas semanas de las deudas que tienen las EPS con los hospitales y que luego tuvo que rectificar, pues resultaron ser falsas. “El superintendente sostuvo que la deuda en cabeza de las EPS de Colombia ascendía a 50 billones de pesos. Sin embargo, esto tuvo que ser desmentido posteriormente porque tal cifra es de 23,3 billones de pesos”, explicó el jurista.

La cifra de 50 billones fue usada en múltiples pronunciamientos públicos por el presidente, la ministra Carolina Corcho y el superintendente para ambientar la necesidad de acabar con el rol de aseguramiento que tienen las EPS en el sistema de salud. La tesis que sostenía Corcho es que por cuenta de esas altas deudas, los hospitales se estaban quebrando.

Al final, el pasado 16 de enero, el superintendente sacó un comunicado de prensa en el que sostenía que las deudas totales de las EPS liquidadas, en proceso de liquidación y activas eran efectivamente de 23,3 billones de pesos, y no de 50 billones de pesos.

El abogado agrega que “esto cobra más relevancia cuando la propia Superintendencia dispuso una herramienta de consulta de datos que tiene este tipo de información, llamada el Super Radar. Entonces, se puede ver con claridad que la intención era generar zozobra y pánico en el ciudadano, a través de falsedades, con el fin de generar un ambiente favorable para la reforma a la salud”.

Desde que se presentaron las cifras, generaron controversia. Los montos eran ilógicos, pues representaban casi la totalidad del presupuesto del sistema de salud, lo cual lo haría inoperable. Ante el alud de críticas de expertos, la Superintendencia tuvo que rectificar, pero lo hizo por medio de un sencillo comunicado. La ministra, que había usado las cifras, nunca rectificó. “La Superintendencia Nacional de Salud inició un proceso de inspección y análisis de datos, con especial atención en la forma en que se venía procesando la información, extendiéndolo a los montos de acreencias de alrededor de 102 EPS liquidadas entre el 2003 al 2015, y la revisión exhaustiva de las cifras que de buena fe que fueron presentadas al país”, rezaba el documento de la Superintendencia.

El documento agregaba que “finalmente, y como consecuencia de lo expuesto, se dieron los traslados correspondientes a la Oficina de Control Interno y a las autoridades disciplinarias competentes para que realicen las averiguaciones a que hubiere lugar y estimen convenientes”.

Ante este nuevo pronunciamiento, el exministro de Salud, Fernando Ruiz, indicó en su cuenta de Twitter: “Ahí están pintados. @Supersalud tuvo que sacar un comunicado aclarando lo que se había dicho. Que las deudas de las EPS liquidadas son 1,7 billones y 5 billones en liquidación. Cifras en reconocimiento que pueden aún disminuir. ⁦@petrogustavo”, citando el comunicado de prensa de la Superintendencia de Salud.

El abogado también radicó una denuncia por presunto favorecimiento a instituciones como EPS S.O.S. o CAPITAL SALUD EPS-S, mientras que otras como Convida fueron liquidadas. “El fundamento recaerá sobre el hecho de que estas entidades tampoco cumplen los requisitos e indicadores financieros por los que CONVIDA se liquida, pero a ellos sí se les levantan las medidas, favoreciéndolas”, asegura el abogado.

El jurista sostiene que, adicionalmente, no cabe duda de que CONVIDA EPS-S inició el proceso para cumplir con los requisitos de capitalización inyectando 40.000 millones más (autorizados por la misma Superintendencia) y aun así, menos de un mes después, se ordenó la toma de posesión e intervención forzosa administrativa para liquidar. “Por eso es que es una resolución contraria a derecho, además de que no se tomó en cuenta la capitalización en la motivación de la resolución que ordena liquidar”, concluye Lombana.