“La UPC está mal calculada”: Acemi insiste en que valor anual que se paga por afiliados al sistema de salud tiene rezago de dos años

Con el fin de analizar las causas del desfinanciamiento del sistema de salud en Colombia, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) presentaron este martes, durante el foro ‘Una mirada metodológica a las cifras del sector salud’, en Bogotá, un análisis técnico que recoge algunas perspectivas sobre este tema, que ha generado fuertes choques con el Gobierno nacional.

En este espacio, convocado por las dos agremiaciones, se socializó el resultado de un análisis técnico que se realizó teniendo en cuenta la estructura del sistema de salud y la forma en que opera actualmente. El objetivo es que este material pueda ser utilizado por las entidades de control y la sociedad en general para tener elementos en la discusión de la crisis del sistema de salud.

El espacio contó con la participación de Ana María Vesga, presidenta de Acemi; Bruce Mac Master, presidente de la Andi; Anwar Rodríguez, vicepresidente en salud de la Andi; Mario Cruz, vicepresidente técnico de Acemi, y los expertos Diana Cárdenas, Paula Díaz, Augusto Valencia y Ramón Abel Castaño.

Durante el encuentro, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, indicó que “la situación de crisis por la que atraviesa el sistema de salud actualmente nos convoca para aportar a la discusión con información técnica que le sea de utilidad al país. Es un hecho que, por ejemplo, la insuficiencia en el cálculo de la UPC y la inoportunidad en el pago de los presupuestos máximos han generado acumulación de deudas y pérdidas técnicas que han impactado el servicio”.

Mac Master agregó que no existe “la menor duda de que el sistema no ha tenido los suficientes recursos para atender sus necesidades. Es una responsabilidad de las autoridades poder garantizar el correcto flujo de los recursos, brindando condiciones óptimas para que se presten los servicios de salud que requieren los colombianos”.

Ana María Vesga, presidenta de Acemi, manifestó –por su parte– que “en medio de este debate la pregunta ha sido si EPS sí o EPS no. Con eso no se soluciona el problema estructural del sistema, que hoy es el financiamiento. Y en eso hay un consenso técnico que debe reflejarse en decisiones políticas y regulatorias”, sostuvo la líder gremial.

Tal como explicaron la Andi y Acemi en el foro, una de las causas del desfinanciamiento del sistema es que este se sostiene con cotizaciones directas de los trabajadores e impuestos que pagan los colombianos. Y agregaron que depende de los ministerios de Salud y de Hacienda “garantizar los recursos suficientes para el correcto funcionamiento del sistema”.

“Es importante entender que el sistema de salud se financia a partir de las cotizaciones de los trabajadores formales, dependientes e independientes y de impuestos, nacionales y locales. Solo una tercera parte de las fuentes corresponde a las contribuciones (unos 30 billones de pesos) y otro tercio corresponde a los aportes del Presupuesto General de la Nación. Y el resto proviene de los aportes de las Entidades Territoriales, a través del Sistema General de Participación (SGP) y demás recursos propios”.

En total, hoy se está hablando de más de 90 billones de pesos anuales. “¿Qué quiere decir eso? Que nuestro sistema de salud se financia con cotizaciones directas de los trabajadores e impuestos que pagamos todos los colombianos”, indicaron.

Y, tras la pandemia del covid-19, la crisis que vive el sistema hoy en día es “el producto de un cálculo insuficiente de la unidad de pago por capitación (UPC), que es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema de salud”, agregaron.

Para Mario Cruz, vicepresidente técnico de Acemi, “si la UPC es insuficiente y el giro de los recursos no es oportuno, eso se refleja en el deterioro del patrimonio de las EPS y en el descalce de las reservas. Lo anterior con el agravante de que, en el caso del retraso en los pagos de presupuestos máximos, se genera un problema de flujo de caja que tiene como consecuencia principal que se dilaten los plazos a proveedores de servicios y tecnologías, poniendo en riesgo el correcto funcionamiento de la cadena de prestación de servicios para pacientes crónicos y de alto costo, que son quienes demandan la mayor cantidad de los recursos de presupuestos máximos”.