Carolina Corcho dice que reforma a la salud ya no aniquila las EPS, tras peticiones de los partidos: “Las que funcionan, siguen”

La ministra de Salud, Carolina Corcho, señaló que la reforma al sistema que está impulsando el Gobierno permitirá que las EPS que cumplan los indicadores adecuados para operar sigan existiendo e incluso tendrían un rubro presupuestal asignado. En otras palabras, harán caso de una propuesta hecha por el Partido de la U, el Partido Conservador y el Partido Liberal, que pertenecen a la bancada de Gobierno en el Congreso.

“En la transición lo que nosotros planteamos es que no tiene sentido abrir más EPS para que liquidemos aquí y traslademos acá. Simplemente, las EPS que no funcionan salen y las EPS que funcionan siguen. Y van a seguir bajo unas condiciones de territorialización, bajo las condiciones de manejo de recursos y, con un aporte de tres partidos políticos de la coalición, con un pago de hasta el 5 % de los recursos por pagos administrativos”, explicó la ministra Corcho durante un foro sobre la reforma a la salud que hizo la Andi.

La funcionaria reconoció así que el papel de las EPS será más preponderante en las nuevas versiones de la reforma a la salud que pasen por el Congreso en comparación a lo que se había planteado originalmente.

El proyecto de ley que había presentado el Gobierno Nacional a mediados de febrero pasado ha recibido numerosas críticas y reparos que se han materializado en la proliferación de otras iniciativas paralelas.

No obstante, el Gobierno nacional está haciendo esfuerzos para garantizar el éxito de su propuesta e incluso les pidió propuestas a los partidos de La U, Liberal y Conservador, que son parte de su bancada en el Congreso de la República.

Esas colectividades presentaron un articulado y, entre otras cosas, propusieron que las EPS se mantengan en el sistema de salud. No obstante, plantean hacer algunos ajustes a sus funciones e incluso esbozan la posibilidad de que cambien de nombre, pues pasarían a ser denominadas como Entidades Gestoras de Salud y Vida.

Por su parte, Ana María Vesga, vicepresidenta de Salud de la Andi, sostuvo que uno de los temas más complejos es la financiación del sistema de salud.

Indicó que en la actualidad se sabe que la unidad de pago por capitación (UPC), que es el dinero que le gira el Estado a las EPS por cada paciente afiliado, es la forma en la que se distribuyen los recursos del sistema. No obstante, Vesga consideró que no es claro qué pasará con esa forma de financiación de ser aprobada la reforma.

“Consideramos que tú no puedes financiar por venta de servicios la atención primaria en salud. Hay unos servicios básicos estándar que debe tener todo colombiano, viva donde viva, tenga los ingresos que tenga”, explicó la ministra Corcho.

“Nosotros creemos que ahí tiene que haber una cobertura universal. Esa UPC tiene que ser por demanda en la mediana y alta complejidad y por oferta en la baja complejidad o si no, no va a haber equidad en este país“, puntualizó la funcionaria.

Y agregó que tanto los bebés que nacen en el Chocó como los que nacen en el norte de Bogotá requieren una atención adecuada y equitativa.

Sostuvo que en el Gobierno nacional tienen claro que las transiciones no se dan de un día para otro, pero dijo que eso no necesariamente significa que no deban implementar cambios profundos al sistema para solucionar algunos de sus problemas.

“Tenemos que hacer un pacto por la equidad en Colombia”, añadió, pues, según sus cálculos, alrededor de 300 salas de parto han sido cerradas debido a que no eran rentables, lo cual impacta directamente el derecho a acceder a esos servicios sanitarios que tienen las mujeres y sus hijos.

Durante su intervención, la ministra Corcho también hizo énfasis en la importancia de a formalización y la profesionalización del personal de salud, pues señaló que debe aumentar la cobertura de especialistas en las zonas rurales dispersas del país.

“Corresponde garantizar la presencia de pediatras, ginecólogos, médicos familiares, enfermeras, en los centros de atención primaria”, anotó la funcionaria.

Concluyó señalando que con la implementación de un tarifario para los servicios de salud buscan regular el gasto en salud, prevenir la proliferación de la corrupción en las transacciones y el papeleo del sector y mejorar la participación ciudadana, para que haga veeduría de los recursos que se mueven en las distintas instituciones y entidades sanitarias.