Crisis de la salud
Lo último: Gobierno Nacional prorroga la intervención de la EPS Emssanar por un año más
La EPS había sido intervenida por la Supersalud en julio de 2022. Sus deudas ascienden a unos 25 billones de pesos.
Este miércoles, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, autorizó la prórroga de la intervención forzosa administrativa para que la Superintendencia Nacional de Salud administre durante un año más la EPS Emssanar, que suma cerca de 1.7 millones de afiliados en los cuatro departamentos del suroccidente del país.
Dicha entidad promotora de salud tiene presencia en los distritos especiales de Cali y Buenaventura, así como en los departamentos de Nariño y Putumayo, donde concentra aproximadamente el 42,15 y el 51,15 por ciento de la población afiliada respectivamente.
A través de esta prórroga se busca, según el Gobierno, mitigar las pérdidas financieras y el déficit presupuestal que enfrenta la entidad, centrándose en la mejoría de la atención a la población usuaria, depurar los estados financieros, sanear las deudas acumuladas y fortalecer los procesos de facturación y cartera.
El análisis técnico realizado por la Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones del Ministerio de Salud y Protección Social, apunta a que resulta conveniente que la EPS continúe operando bajo la supervisión de la Supersalud, con el fin de garantizar de manera integral el acceso a los servicios de salud que requieran los usuarios.
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La resolución ejecutiva 168, que autoriza la extensión de la medida, destaca que “permitir la continuidad en la operación de la EPS tendría efectos positivos en materia contractual, lo que contribuiría favorablemente a distintos actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), especialmente para los prestadores de servicios de salud”
El documento también señala que, en materia de facturación, la decisión permitiría concertar, conciliar y efectuar acuerdos de pago respecto a la facturación histórica, así como facilitar la viabilidad y oportunidad en la contratación con los diferentes prestadores. Todo ello con el objetivo de generar flujo en su sistema financiero, aumentar su solvencia y crecimiento, y fortalecer la red prestadora de servicios en salud para garantizar la correcta prestación de los servicios de salud.
En mayo pasado, se removió a quien hasta entonces había trabajado como agente interventor de Emssanar, el ingeniero Luis Carlos Arboleda Mejía, y en su lugar la Supersalud designó al doctor César Augusto Sánchez Gutiérrez como el nuevo agente interventor.
La EPS había sido intervenida por la Supersalud en julio de 2022 buscando garantizar la prestación de servicios a sus afiliados en Valle, Nariño, Putumayo y Cauca, debido a la difícil realidad financiera que atravesaba la entidad aseguradora.
Antes de la oficialización de esta intervención, la EPS estuvo bajo medida de toma de bienes, haberes y negocios por más de cuatro meses, tiempo en el agente especial interventor designado por la Superintendencia, Juan Manuel Quiñones evidenció problemas graves como: sobrecostos en servicios de salud, deficiencias en el proceso de contratación con los prestadores y hasta la falta de un área de medicamentos que lidere y realice las negociaciones con la industria farmacéutica.
Emssanar es una de las EPS que más pasivos tiene. Según el informe preliminar de la Contraloría General de la República, con corte a octubre de 2023, se reportó que las deudas ascienden a 25 billones de pesos, entre deudas con IPS y proveedores de medicamentos y tecnologías en salud, así como pasivos de reservas técnicas y administrativas.
“El 93,5 por ciento de la cartera total de las EPS con las IPS es menor de un año; es decir, que son deudas que se concentran en la cartera corriente. El 51 por ciento del total de la cartera corriente de las EPS se concentra en tres empresas: Famisanar, Sanitas y Emssanar, con un monto de 5.4 billones de pesos y las EPS Famisanar y Sanitas poseen el 40 por ciento de la cartera corriente, por un monto de 4.1 billones”, señala el informe.