MinTrabajo y MinSalud anuncian el fin de “contratos basura” para trabajadores del sector salud

Uno de los pilares de la propuesta de reforma a la salud del Gobierno nacional, que fue radicada en el Congreso de la República el pasado 13 de febrero, apunta a mejorar la formalización de los trabajadores sanitarios.

Según investigaciones que publicó la Procuraduría General de la Nación en 2021, más del 71 % del personal del sector salud en Colombia se encontraba tercerizado. Esto implica que no estaban vinculados formalmente a las clínicas, los hospitales y las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) en las cuales se encontraban laborando.

En ese contexto, las ministras de Salud, Carolina Corcho, y de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, indicaron que están trabajando de la mano para eliminar la subcontratación en el sector sanitario.

“Estamos en una conversación con mi compañera Gloria Inés Ramírez sobre los ajustes de la reforma a la salud en el capítulo laboral. Lo que pretendemos es que los trabajadores y las trabajadoras de la salud salgan de la precarización bajo las modalidades de contratos basura que prevalecen en el sector”, sostuvo la ministra Corcho.

Por su parte, la ministra Ramírez advirtió que con las reformas sociales que están alistando buscarán “dar los derechos en el tipo de contratación, que sea a término indefinido y no como se tienen hoy, que son contratos que de alguna manera están contra la dignidad de aquellos héroes. Nosotros lo que queremos hacer es darles una dignidad”.

Se trata de un asunto que estuvo incluido en el texto del proyecto de ley para reformar la salud, que ya está bajo la revisión de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. De hecho, en el artículo 72 se propone un régimen laboral especial para el sector salud.

Así mismo, advierten que hay otros factores de riesgo que pueden aumentar la posibilidad de que las personas.

“Para todos los efectos legales, los servidores públicos con funciones de dirección, conducción, orientación y asesoría institucional cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices o los de confianza que estén al servicio del director general de las Instituciones de Salud del Estado- ISE, se clasifican como empleados públicos de libre nombramiento y remoción”, señala la norma en el caso de las personas vinculadas a instituciones de salud públicas.

No obstante, también advierten que esto también incluirá a los trabajadores de “las Instituciones mixtas con participación del Estado igual o superior al 90 %, serán de régimen especial”.

Para ocupar sus cargos, deben estar sometidos a un proceso de verificación que permitirá determinar si cumplen con la formación académica y la experiencia laboral adecuada para ser vinculados.

“Los trabajadores estatales de la salud serán vinculados mediante contratos de trabajo suscritos por el director, por término definido o indefinido, por obra o labor y se regirán por lo dispuesto en la presente ley, lo pactado en el contrato de trabajo y en el reglamento interno”, advierte la norma.

La reforma a la salud tendrá ajustes

El fin de semana pasado se conoció una carta con reparos a la reforma a la salud que estaba firmada por el ahora exministro de Educación Alejandro Gaviria, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo y la ministra de Agricultura, Cecilia López.

La aparición del documento desató una tormenta política, que habría causado la salida de Gaviria del Ministerio de Educación, pero también generó un cambio en el discurso de la ministra Corcho y el presidente Gustavo Petro.

El pasado lunes 27 de febrero Corcho dio una entrevista en la emisora virtual del Gobierno nacional, Colombia Hoy Radio, en la cual reconoció que la reforma a la salud podría tener sus primeros ajustes de cara a la ponencia que será presentada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

La ministra, por ejemplo, advirtió que aún está en discusión la eliminación de las cuotas moderadoras y los copagos. “Nosotros habíamos propuesto que eso debía quitarse porque constituía una barrera de acceso, pero nos dice Hacienda que esto tiene un costo de un billón de pesos”, señaló la jefa de la cartera de salud.

Pero sostuvo que fácilmente se puede incluir ese ajuste en la ponencia. “Eso no tiene ninguna dificultad”, indicó la ministra.

El presidente Gustavo Petro, por su parte, se reunió con los líderes del Partido de la U, el Partido Conservador y el Partido Liberal para discutir los detalles de la propuesta. “Hemos acordado que los presidentes de los partidos traerán propuestas para los artículos que consideren deben ser modificados. En la democracia la diversidad es vital y la búsqueda en medio de la diversidad y consensos ha sido un principio del Gobierno”, dijo el primer mandatario a modo de conclusión.