“No hemos dicho que vamos a entregar los recursos de la salud a gobernadores y alcaldes”: ministra Carolina Corcho

Las discusiones sobre el futuro del sistema de salud en Colombia siguen latentes, pese a que el país está en plena temporada decembrina. Pero no es para menos. Por un lado, el Gobierno está proponiendo una ambiciosa reforma a la salud que ha provocado gran controversia en la opinión pública y será radicada en febrero del próximo año.

Y de otro lado, se está discutiendo cómo se distribuirá el presupuesto del sector salud en 2023, una discusión que los expertos han señalado es casi tan importante como la del salario mínimo.

Pues bien, este miércoles 21 de diciembre la ministra de Salud, Carolina Corcho, dio nuevos detalles de la propuesta para reformar el sistema y las conversaciones sobre el presupuesto de 2023 que ya se están adelantando.

La alta funcionaria advirtió que ya han tenido varias mesas de trabajo con las EPS y los representantes de distintos gremios del sector salud para discutir cómo se llevarán a cabo las transformaciones que está llevando adelante el Gobierno nacional.

Además, se refirió a una reunión que sostuvo el lunes 19 de diciembre con dos de las representantes más importantes del gremio de las EPS: Paula Acosta, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agremia a 11 EPS; y Carmen Eugenia Dávila, directora de Gestarsalud, que también agremia a otras 11 EPS, las cuales se enfocan, sobre todo, en el régimen subsidiado.

En una entrevista con medios comunitarios de Bogotá , la ministra Corcho dijo que ambas representantes de las EPS le expresaron su “preocupación” por el presupuesto que les llegará a través de la unidad de pago por capitación (UPC). Ese es el dinero que les gira el Estado a las EPS por atender a cada paciente que tienen afiliado.

La propuesta de las EPS apunta a que este dinero suba en un 18 % para ambos regímenes en el 2023, pero según un borrador de resolución del Gobierno se aprobaría únicamente un poco más del 16 % para las EPS del régimen contributivo y más del 12 % para las del subsidiado.

La decisión la toma la Comisión Reguladora en Salud, en la que participan los Ministerios de Hacienda y de Salud, el Departamento de Planeación Nacional (DNP) y el Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud.

La ministra Corcho ha mostrado mayor flexibilidad frente a este punto. “El Ministerio de Salud mantiene su propuesta al Ministerio de Hacienda y a la Comisión de que igualemos la UPC, porque siempre ha habido una diferencia entre el régimen contributivo y el subsidiado”, indicó la alta funcionaria. La idea sería igualar por lo alto, lo que desembocaría en que el aumento para ambos regímenes sería del 16 %.

La reunión que definiría esto se llevará a cabo este jueves, 21 de diciembre.

La ministra arremetió contra implementación de la Ley 100

Cuando se refirió a la propuesta de reformar la salud en Colombia, advirtió que el sistema tiene difíciles problemas económicos que ha dejado un “hueco fiscal muy grande”. Según señaló, desde que se sancionó la Ley 100, que reglamentó las bases del modelo de aseguramiento actual, se han liquidado 130 de las 150 EPS que han funcionado.

Esas liquidaciones han dejado deudas cercanas a los 27 billones de pesos con las clínicas y los hospitales, un monto que ha sido señalado por la Superintendencia de Salud. La ministra agregó que las EPS que aún se encuentran en proceso de liquidación tienen deudas superiores a 5 billones de pesos, mientras que las EPS que están en operación deben cerca de 16,6 billones de pesos.

“Ya la Contraloría General de la República desde el año 2012 había demostrado la inviabilidad financiera de las EPS, eso no es nuevo. La Corte Constitucional ya venía expresando cómo se vulnera permanentemente el derecho a la salud. A través de las tutelas, la Corte censa eso”, dijo Corcho.

Luego, la ministra arremetió contra la normativa actual. “Hubo unos supuestos que fueron teóricos de la Ley 100, pero no fueron ciertos. ‘Que las EPS son aseguradoras’, las EPS no son aseguradoras”, explicó la ministra.

Y advirtió que una muestra de ello es que las EPS que fueron liquidadas no pagaron lo que debían, pues no tenían el respaldo de un reaseguro.

Pero dijo que el principio del aseguramiento se seguiría cumpliendo con el nuevo modelo que está proponiendo. “El aseguramiento tiene que ver con que quienes no nos enfermamos aportemos para que el que se enferme sea financiado. La reforma no va a cambiar el aseguramiento”, subrayó la alta funcionaria.

Además, aseguró que el presupuesto del aseguramiento no irá a parar a las alcaldías y las gobernaciones una vez la reforma de salud sea aprobada. “No hemos dicho que vamos a entregar los recursos de la salud para el manejo de los alcaldes y los gobernadores, no es verdad. Lo que estamos diciendo es que el fondo público que ya existe les pague directamente a la clínica y al hospital”, aseguró, refiriéndose a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

Insistió en que la propuesta que tienen para las EPS es que aprovechen la infraestructura de clínicas e instituciones prestadoras de salud (IPS) para convertirse en redes prestadoras. La idea, sin embargo, no les ha sonado a los representantes de las EPS.

“Nosotros entendemos que esa es una propuesta inicial del Gobierno, pero en un proceso de consenso como el que ha propuesto el presidente Gustavo Petro, el punto de llegada será otro. Por supuesto, hay un valor en la conformación de redes, pero la labor de las EPS va mucho más allá de ser prestadores. Las EPS tienen el rol de aseguradores, de la gestión del riesgo en salud, de la protección financiera del bolsillo de los colombianos”, dijo Paula Acosta, presidenta de Acemi.