“No vamos a volver al seguro social”: ministra Carolina Corcho defendió la reforma a la salud y criticó a las EPS

La ministra de Salud, Carolina Corcho, volvió a pronunciarse sobre la reforma a ese sector que fue radicada por el Gobierno nacional esta semana. Su intervención se dio durante una audiencia pública convocada por la Comisión Séptima del Senado de la República en el departamento del Chocó.

La jefa de la cartera de Salud se fue lanza en ristre contra las EPS y señaló que, sin importar lo que proponga el articulado, el hecho de que desaparezca la intermediación financiera de esas entidades va a generar molestias en algunos sectores.

Según señaló, hay una “matriz mediática” que dice que el sistema de salud es uno de los mejores del mundo y advirtió que esa idea no es adecuada. “¿Cuál es esa Colombia que quieren reflejar en una opinión construida para decir que vamos muy bien?”, se preguntó la ministra.

Recordó que las tasas de mortalidad de niños, niñas y madres son demasiado altas en departamentos como el Chocó.

“Corremos el riesgo de que las reformas sociales naufraguen en un mar de desinformación y fake news. Se ha dicho que con la reforma a la salud vamos a volver al seguro social: falso de toda falsedad”, puntualizó la ministra.

Advirtió que el proyecto de ley no busca darles recursos extra a los gobernadores y alcaldes, sino crear fondos regionales que les paguen directamente a las clínicas y los hospitales de los departamentos, los municipios y las ciudades de todo el territorio nacional.

Y se fue de frente contra las EPS por prácticas como la integración vertical, que se da cuando las EPS son dueñas de las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) que contratan. “El seguro social hoy es la integración vertical que hoy tienen EPS como Sura y Sanitas, que reciben plata pública y contratan sus propias clínicas sin tarifas“, sostuvo.

También indicó que la reforma no hará que el sector salud sea más proclive a la corrupción, pues dijo que ese es un fenómeno que se da en el sistema hoy.

Explicó que la tarea de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) será terminar con la intermediación financiera. “La reforma lo que va a hacer es que ese fondo Adres se especialice y se desconcentre. No es un fondo descentralizado, es desconcentrado, porque el fondo Adres es un sistema de información en sí mismo. Entonces, en el Chocó nos vamos a dar cuenta de cómo fueron los pagos y todo va a ser transparente, a la visibilidad de la ciudadanía”, comentó.

Y les prometió a los profesionales de la salud del Chocó que sus salarios serán lo suficientemente robustos para garantizar que se les presten los servicios a los ciudadanos del departamento.

A su vez, reveló que ya puso a marchar 15 equipos médicos territoriales que ya tienen financiación. Y anunció que construirán una nueva unidad de salud mental en el Hospital de Quibdó, pues la Gobernación del Chocó ya tiene 10.000 millones de pesos para llevar a cabo ese proyecto.

Las EPS se oponen a la reforma a la salud

Pero lo cierto es que a las EPS las propuestas que esboza la reforma no les suena. Galo Viana, el presidente de la junta directiva de Gestarsalud, que agremia a varias EPS, sostuvo que habrá una fragmentación en la prestación de los servicios de salud si el proyecto de ley resulta aprobado.

“La impresión que me queda es que no resuelve las principales causas de quejas de los usuarios, como la oportuna atención de médicos especialistas, la oportuna disposición de medicamentos y el acceso a las cirugías”, le dijo Viana a SEMANA.

Señaló que el Estado y las entidades que se crearían con el articulado carecen de las capacidades que tienen las EPS para coordinar las redes de prestación de salud en Colombia.

“Lo que hace el proyecto de ley es dividir estas responsabilidades, que se diluyen en entes territoriales, consejos territoriales de salud, fondos y comités de evaluación. Eso va a desarticular todo el sistema”, puntualizó Viana.

Así mismo, señaló que en el primer nivel de atención se van a crear unos centros de atención primaria en salud que tendrán un presupuesto asignado independiente de las actividades que tengan que implementar, lo cual dificultaría el control del gasto en salud.