¿Reforma a la salud acabaría con regímenes contributivo y subsidiado?; ¿qué significa?

A comienzos de febrero próximo se espera que el Ministerio de Salud radique en el Congreso el proyecto de ley de reforma a la salud que ha venido impulsando en los últimos meses. Aunque por lo pronto no se ha revelado el texto del articulado que será discutido en el Legislativo, ya han empezado a filtrarse algunos detalles de la propuesta.

Uno de los puntos claves del sistema de salud actual que podría desaparecer es la división entre los dos regímenes, el subsidiado y el contributivo.

Desde que inició el actual modelo de salud, hace 30 años, los ciudadanos fueron divididos en estos dos grandes grupos. Los del régimen subsidiado son personas con vulnerabilidades económicas que, sin la ayuda del Estado, no podrían acceder a los servicios de salud.

Mientras tanto, en el régimen contributivo se encuentran los trabajadores formales e independientes que tienen la capacidad de pagar una cotización al sistema de salud para estar afiliados y afiliar a sus familias.

Aunque la división tenía la intención de generar equidad, algunos críticos del modelo (entre los cuales está la ministra de Salud, Carolina Corcho) han señalado que, por el contrario, esto ha generado desigualdad en el acceso a la salud.

Esta desigualdad se ha palpado, por ejemplo, en el presupuesto que les destina el Estado a las EPS de ambos regímenes, que siempre ha sido más alto para las del contributivo.

Asimismo, el Plan de Beneficios en Salud (PBS), que antes era conocido como Plan Obligatorio de Salud, era distinto para ambos regímenes. Este PBS hace referencia a los medicamentos, los servicios, las tecnologías y los medicamentos a los que puede acceder una persona con la cobertura del sistema de salud.

Antes, el PBS era más amplio para los del contributivo que para los del subsidiado. “Los que diseñaron el sistema pensaron que era mejor tener un PBS más grande para los del contributivo como una forma de incentivar que la gente se formalizara en el trabajo”, indicó en una entrevista anterior para este medio Johnattan García, investigador de la Escuela de Salud Pública de Harvard.

La estrategia, sin embargo, no fue muy efectiva y, por el contrario, generó fuertes cuestionamientos de parte de varios expertos y actores del sector salud. En 2008, explicó García, la Corte Constitucional intervino y ordenó que los PBS fueran iguales para ambos regímenes, algo que acabó materializándose.

No obstante, en la actualidad la plata que les giran a las EPS por cada usuario es distinta dependiendo del régimen al que pertenezca, algo que sigue generando críticas.

En diciembre pasado, la ministra Corcho manifestó su desacuerdo con el funcionamiento de ambos regímenes, pues consideró que no debería existir una distinción de estas magnitudes en un sistema político democrático.

“La discriminación, la desigualdad y la inequidad son inadmisibles cuando hablamos de derechos humanos. Nuestro principal esfuerzo desde la política pública es que el sistema de salud sea un instrumento de equidad en Colombia. Si bien el sistema de salud es insuficiente para resolver la inequidad, no puede el sistema de salud en sí mismo reproducir las inequidades del país”, indicó la ministra durante su intervención.

Por lo pronto, no es tan claro cómo se manejará este tema en la reforma a la salud. Pero se prevé que, con la desaparición de las EPS, todos los colombianos sean atendidos sin distinción de su situación laboral a través de los recursos que el Estado les giraría a clínicas y hospitales.

“Los ciudadanos colombianos, al margen de su capacidad de pago, deben contar con un sistema de salud eficiente. Tenemos que garantizar que quienes hacen parte del régimen subsidiado como del contributivo cuenten con los mismos derechos, servicios y atención. Un sistema de salud humano, incluyente y eficiente no es una utopía”, sostuvo la ministra Corcho en un texto que escribió recientemente para la Revista Alternativa.

Uno de los reparos a la propuesta apunta a que, si el Estado asume el aseguramiento de toda la población colombiana, las dificultades para acceder a los servicios de salud podrían impulsar que las personas acudan a pólizas de seguro privadas, lo cual a la larga ampliaría las brechas de desigualdad sanitaria que ya existen en el país.