Reforma a la salud: así funcionará la distribución de medicamentos si pasa el proyecto

Si bien la reforma a la salud plantea cambios drásticos en materia de aseguramiento y en el modelo de atención que empezaría a regir a nivel nacional y territorial, poco se ha hablado del impacto que tendría el articulado en el suministro de medicamentos para los pacientes.

Para empezar, el texto plantea que los servicios farmacéuticos en Colombia pasarán a hacer parte de las Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud (RISS). Así mismo, se advierte que las entidades que vayan a realizar estas actividades tendrán que acogerse a las normas establecidas por el Ministerio de Salud.

Las compras de los insumos, dispositivos, tecnologías y medicamentos de los Centros de Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud (APIRS) de naturaleza pública se harán a través de los hospitales de servicios de mediana o alta complejidad de los territorios que corresponda, o mediante asociaciones entre las instituciones públicas de salud.

Incluso, se les da la tarea a esa cartera ministerial y al Ministerio de Comercio de expedir una política pública farmacéutica nacional.

Con la reforma, así mismo, se plantea la creación de los Centros de Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud (Capirs). La idea es que, de forma paulatina, los pacientes empiecen a inscribirse en el centro más cercano a su lugar de residencia para que reciban los servicios de salud ambulatorios allí.

¿Cómo harán los Capirs públicos para adquirir los medicamentos? De acuerdo con el articulado de la reforma, las compras de fármacos, tecnologías e insumos médicos la harán a través de los hospitales de mediana y baja complejidad.

Así mismo, en el capítulo 13 de la reforma, se establecen las bases de la nueva política que entrará en vigor con respecto a fármacos y distintos dispositivos clínicos.

“El Gobierno nacional formulará cada cuatro (4) años, con seguimiento anual, la política farmacéutica nacional, de insumos y tecnología en salud con la participación del Instituto Nacional de Salud (INS), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud (IETS)”, reza el articulado.

Las nuevas directrices del Gobierno nacional apuntan a fortalecer el concepto de “soberanía farmacéutica”, que busca fortalecer las capacidades del país para producir medicamentos y abastecer su propio mercado.

En esa medida, advierten que buscarán fortalecer aspectos como “la transferencia tecnológica, con estímulos para la producción nacional de medicamentos y tecnologías”.

También hacen énfasis en otros dos aspectos: la compra conjunta de medicamentos de forma masiva, lo cual hace que los costos se abaraten, y la regulación de precios de medicamentos y tecnologías.

“La adquisición de los medicamentos y tecnologías en salud se podrá realizar para los productos de mayor consumo, a través de subasta pública para cada año, en noviembre y con vigencia desde el 1º de enero del año inmediatamente siguiente. Esto permite que las empresas productoras de tecnologías planifiquen su producción o realicen alianzas que garanticen las cantidades requeridas. La subasta podrá tener alcance internacional, pero dará prioridad a la producción nacional”, advierte el texto de la reforma.

Ese fuerte enfoque en lo nacional y en la regulación ha despertado críticas en algunos sectores. Esto se debe a que hay quienes argumentan que tener una industria con demasiadas regulaciones puede hacer que sea menos atractiva para las empresas farmacéuticas o hacer que haya menos productores de medicamentos, lo cual a la larga tiene incidencia en la disponibilidad de los mismos.

Entre los detractores de esta propuesta está la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien advirtió que deben tenerse en cuenta las leyes de oferta y demanda.

“Regresando al fracasado Seguro Social de antes de los noventa, se establece un manual único tarifario estatizado. La ministra desconoce los difíciles métodos de negociación de precios que dicta el mercado. Habrá escasez de medicamentos y procedimientos”, indicó la senadora.

Una fuente del sector farmacéutico que pidió no ser citada advirtió que estos manuales tarifarios, sin embargo, son únicamente para paquetes de servicios de salud, aunque a veces estos incluyan medicamentos y tecnologías en salud.

“Aparte va el control de precios de medicamentos. Lo que quiere decir que si en esas tarifas hay medicamentos cuyo precio ya está regulado, no se podrán transar a precios mayores”, sostuvo la fuente.

“¿Es posible que las tarifas reguladas tengan un impacto indirecto en los precios de los medicamentos? Sí, pero eso sería para el sistema de salud, no para el público. Tendrá que verse cómo se hará ese manual tarifario, porque es complejo”, indicó la fuente.

También señaló que una de las quejas de los hospitales en la actualidad apunta a que las EPS negocian con dureza esos paquetes de servicios, precisamente porque las EPS buscan controlar el gasto: que el servicio cueste lo menor posible, pero que sea muy eficiente.