César Gaviria hace una defensa cerrada de las EPS y destapa sus líneas rojas en la tenebrosa reforma a la salud de Carolina Corcho

El expresidente y jefe natural del Partido Liberal, César Gaviria, publicó un documento para sentar su posición frente a la reforma a la salud que está alistando el Gobierno nacional.

El texto de 49 páginas también está firmado por Germán Escobar, quien ocupó el cargo de viceministro de Salud durante el Gobierno del expresidente Iván Duque.

“Actualmente, en un contexto político de debate de una nueva reforma al sistema, es más importante que nunca la deliberación ponderada e informada, pues peligra la continuación y consolidación de grandes avances sociales en salud y en la garantía de un derecho constitucional fundamental”, reza uno de los apartes del texto.

Para alimentar el debate de la reforma a la salud, tanto el expresidente como el exviceministro pusieron sobre la mesa 17 propuestas.

Entre las más destacadas advierten que las EPS deberían mantenerse, pero deben tener ciertas restricciones, como la limitación de la integración vertical, que se da cuando contratan IPS que son de su propiedad.

De acuerdo con la propuesta de Gaviria y Escobar, lo mejor sería limitar esta integración vertical al 10 % cada año, para garantizar condiciones justas dentro del sistema.

De otro lado, argumentaron que se deben poner en práctica las normas que plantea la Ley Estatutaria del Derecho Fundamental a la Salud (Ley 1751 de 2015), que recibió el aval de la Corte Constitucional.

Según sostuvieron, hasta el sol de hoy ese marco legal no se ha implementado debidamente y es clave para proteger “el goce efectivo del derecho a la salud en condiciones equitativas y sostenibles así como a promover políticas de prevención y promoción de la salud”.

Eso sí, advirtieron que, contrario a lo que ha dicho la ministra de Salud, Carolina Corcho, ni la Ley Estatutaria, ni las decisiones de la Corte Constitucional plantean un “cambio extremo” del sistema de salud.

En segunda medida, manifestaron que es cierto, como ha señalado el superintendente Ulahí Beltrán, que la Superintendencia de Salud necesita fortalecerse para hacerle un mejor seguimiento al funcionamiento del sistema.

Esto será clave, pues podría atender oportunamente cualquier “abuso” que se cometa contra los pacientes en las EPS o las IPS. “Se trata de aprovechar mejor algo característico de la justicia administrativa en Colombia que es mucho más eficiente que la justicia judicial”, puntualizaron.

A su vez, propusieron crear una herramienta para solucionar conflictos dentro del sistema de salud que debería ser administrada tanto por el Ministerio como por la Superintendencia. Esto estaría encaminado a descongestionar el sistema judicial, que recibe una gran carga debido a las quejas de los pacientes por la falta de acceso a la salud.

Así mismo, proponen que se enfoquen los esfuerzos en crear rutas integrales de acceso a servicios de salud y eliminar lo que denominaron barreras administrativas innecesarias.

Indicaron que debería protegerse la libertad de escoger al prestador de servicios de salud y, en esa medida, garantizar que los pacientes tengan información suficiente sobre las opciones que tienen con relación a ejes fundamentales de la salud como prevención, diagnóstico, atención y curación.

Hacerles frente a los abusos

Gaviria y Escobar reconocen que, en ocasiones, en el sistema de salud se han presentado abusos por parte de algunos actores, razón por la cual se deben priorizar las políticas públicas encaminadas a controlar la corrupción.

Esto, señalaron, debe ejecutarse “con el fin de asegurar que los recursos de la salud se destinan exclusivamente a satisfacer el derecho a la salud y a garantizar condiciones dignas y justas para el personal de salud”.

Y advirtieron que un mecanismo que podría ayudar a mejorar la prestación de los servicios de salud tiene que ver con hacer ajustes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el dinero que les gira el Estado a las EPS por cada afiliado que tienen.

Señalaron que deben tenerse en cuenta los principales grupos de riesgo “de tal forma que se introduzcan incentivos a resultados y buena gestión”.

En esa medida, también argumentaron que es clave incentivar el avance tecnológico, por ejemplo, acelerando la interoperatividad de la historia clínica y consolidando un sistema de información que sea más transparente y permita a ciudadanos y autoridades hacerles un seguimiento a la plata de la salud.

También propusieron “unificar la gestión de la salud pública en los territorios, mediante un nuevo arreglo institucional que permita la intervención consolidada de las familias y comunidades”.

Sobre el tema laboral, indicaron que deben implementarse políticas públicas encaminadas a dignificar el trabajo de médicos y enfermeras y a conseguir que tengan un pago justo por sus labores.

Y, por último, lanzaron otra recomendación que parece estar dirigida a la ministra Corcho, pues indicaron que es clave que mientras las reformas al sector se materializan el dinero les debe llegar oportunamente a las EPS y las IPS.

Vale anotar que a comienzos de este año las EPS se quejaron de que el Estado les debía cuentas de años anteriores que estaban sin pagar, lo cual ha sido un motivo de tensión constante en el sistema de salud.