Reforma a la salud: el representante Wills aseguró que David Racero ha desconocido obligaciones; le pidió cambios para debatirla

Siguen surgiendo trabas para la reforma a la salud. Además de argumentos de peso en contra, de referentes políticos y del sector salud, ahora los cuestionamientos vienen desde los legisladores.

Específicamente, congresistas de diferentes partidos y comisiones constitucionales han insistido en que, por los cambios que involucra la reforma a la salud, esta debería debatirse como un proyecto de ley estatutario. Esto significa, entre otras cosas, que solo se podría analizar luego del 16 de marzo, cuando comienzan las sesiones ordinarias.

Uno de los últimos en referirse al tema fue el representante por Bogotá, Juan Carlos Wills Ospina, quien también es el presidente de la Comisión Primera de la Cámara.

“La Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, en cabeza de su presidente, ha desconocido la obligatoriedad existente de tramitar el proyecto previamente relacionado como Ley Estatutaria, pues como se ha advertido, el contenido de este afecta el núcleo esencial del derecho a la salud, consagrado en la Constitución Política”, explicó Wills.

En este documento oficial también señaló los artículos por los cuales el proceso de radicación y debate de la reforma a la salud debería ser diferente.

“De conformidad con los artículos 44 y 144 de la Ley 5 de 1992…me dirijo a usted con el fin de presentar RECURSO DE APELACIÓN, frente a la decisión de tramitar a través de la Comisión Séptima de la Corporación el Proyecto de Ley No. 339 de 2023 por medio de la cual se transforma el sistema de salud en Colombia y se dictan otras disposiciones”, aseguró a través de una carta enviada al presidente de la Cámara de Representantes, David Racero.

Entonces, con base en el artículo 44, 144, 152 y los artículos 2 y 3 de la ley 3 de 1992 agregó que se deberían reunir para consensuar si la reforma se debate como ley extraordinaria o estatutaria.

“De acuerdo con los artículos previamente citados, se evidencia que, por mandato legal, son los Presidentes de las Comisiones Constitucionales los competentes para decidir sobre este asunto, es decir, sobre el trámite del Proyecto de Ley No. 339 de 2023″, dijo en el texto enviado a Racero.

Añadiendo que por esto y en su figura de presidente de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes, pedía a Racero cumplir con lo establecido en la ley.

“Solicitarle se cumpla con lo establecido en la ley, es decir, se ordene conformar una comisión integrada por los Presidentes de las Comisiones Constitucionales de la Cámara de Representantes y que sean los mismos quienes, al ser competentes, determinen de qué manera y en qué comisión se debe tramitar la iniciativa legislativa”, concluyó en la misiva.

Congresistas radican recurso de apelación contra la decisión de tramitar la reforma a la salud como ley ordinaria

Adicional a la radicación de apelación de Juan Carlos Wills, siete parlamentarios independientes, de oposición y oficialistas ya se habían unido en contra de la decisión de David Racero, presidente de la Cámara.

Es clave tener en cuenta que a pesar de las voces en contra, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, anunció el trámite de la reforma a la salud se debe llevar a cabo como ley ordinaria y mediante reparto a la Comisión Séptima de la corporación.

Por esa razón y liderados por el senador Humberto de la Calle, los congresistas Paloma Valencia, David Luna, Catherine Juvinao, Carlos Fernando Motoa, Jota Pe Hernández y Hernán Cadavid reiteraron su posición de que el proceso pertinente para la reforma a la salud es como ley estatutaria y con trámite en Comisión Primera.

“Los abajo firmantes tenemos la plena convicción de que el mencionado proyecto contiene sendas disposiciones que revisten carácter estatutario, como se explica en los anexos, y por ende debe ser tramitada a través de la Comisión Primera”, se lee en la carta.

La intención de los congresistas es que, por la apelación, sea la plenaria de la Cámara de Representantes la que determine si les dan la razón de que debe ser una ley estatutaria.